En la inauguración del vigésimo periodo extraordinario de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, dedicado al tema de las drogas, el presidente Ernesto Zedillo presentó, en el máximo foro de la comunidad internacional, la visión de México ante los acuciantes problemas de las adicciones y el narcotráfico. Asimismo, el mandatario formuló la propuesta de que sea precisamente ese organismo el que se encargue de articular los esfuerzos de todos los gobiernos en materia de combate a las adicciones y al comercio de estupefacientes y evalúe los avances de cada país, en un marco de corresponsabilidad, respeto a las soberanías e igualdad de derechos y deberes.

En la sede de la ONU, Zedillo evocó los términos desiguales en los cuales se lleva a cabo la guerra contra los estupefacientes, los cuales tienen sus principales mercados en países ricos, aunque ``los más altos costos humanos, sociales e institucionales por abastecer dicha demanda los estamos pagando los países donde se producen y por donde transitan las drogas''.

Cabe recordar que hasta hace pocos años las naciones industrializadas y predominantemente consumidoras -Estados Unidos en primer lugar- pretendían atribuir la completa responsabilidad del problema a las naciones productoras o de tránsito, en las cuales las bandas criminales de producción y comercio de drogas han generado una violencia sin precedentes, han segado innumerables vidas y han minado gravemente, con su capacidad para corromper y comprar conciencias, la solidez de las instituciones.

Al mismo tiempo, en nuestro hemisferio, el marco de las acciones bilaterales o multilaterales contra las drogas ha sido terreno propicio para toda suerte de violaciones a la soberanía de las naciones latinoamericanas, de presiones y chantajes políticos y de abusivas pretensiones de aplicar las leyes de Estados Unidos más allá de las fronteras de ese país. Un ejemplo reciente, vergonzoso e indignante de tales tendencias es la operación Casablanca, en cuya ejecución los organismos policiales estadunidenses violaron los acuerdos de cooperación bilateral y, presumiblemente, actuaron en territorio nacional sin conocimiento ni autorización de las autoridades mexicanas. Paralelamente, Washington mantiene un ofensivo e injerencista mecanismo regular de certificación de los esfuerzos de otros países en materia de combate a las drogas, por medio del cual la Casa Blanca y el Capitolio se arrogan la facultad de juzgar a gobiernos soberanos. Tales actos y actitudes no sólo socavan la efectividad de los esfuerzos intergubernamentales orientados a erradicar las adicciones y el trasiego de drogas, sino que afectan en forma negativa el buen tono general de las relaciones bilaterales.

Cabe señalar que, a pesar de todo, en los últimos años el Ejecutivo estadunidense ha dado signos de moderación y respeto, y ha empezado a abandonar las históricas posturas que achacaban toda la culpa del problema a las naciones productoras y de tránsito de drogas. Este cambio de actitud se hizo sentir por primera vez durante la visita del presidente Clinton a México el año pasado, y ayer mismo el jefe de la Casa Blanca señaló, en el foro de la ONU, que su país está destinando una parte sustancial del presupuesto antidrogas a combatir las adicciones, es decir, a remediar la parte del problema que corresponde a Estados Unidos.

Tal cambio de actitud -que no parece haber permeado a los niveles intermedios de la administración estadunidense, como lo demuestra la ejecución de la Operación Casablanca- es, entre otras cosas, un éxito diplomático para México.