Con los cientos de soldados que participaron en el ataque al comando del naciente ERPI, sorprendido en una comunidad de Ayutla, Guerrero, bien pudo establecerse un sitio que terminara disuadiendo a los rebeldes de que cualquier enfrentamiento sería inútil.
Pero no. Pese a que tenían forma de salvar sin grandes riesgos, como al final se demostró, la eventual respuesta a tiros de un grupo de subversivos literalmente acorralados, los soldados recibieron la orden de disparar y disparar, incluso con morteros.
Todo lo anterior se desprende no sólo de testimonios de indígenas mixtecos, o de autoridades municipales perredistas, sino de la versión oficial que presenta a un general exigiendo reiteradas veces la rendición de los alzados en armas. ¿Por qué no siguió insistiendo como debiera corresponder a militares de un ejército de paz? Todo indica que la acción -11 guerrilleros muertos y ningún soldado siquiera raspado- es resultado de una decisión de alta política basada en informes de inteligencia sobre una nueva situación en el EPR, y sobre el rumbo general de la política en Guerrero.
Al parecer en el EPR ha ocurrido una escisión. El segmento guerrerense, que en general venía de lo que había quedado del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, abandonó las filas de aquella agrupación para fundar lo que fuentes militares identifican como ERPI (Ejército Revolucionario Popular Indígena). Los motivos inmediatos no están claros, pero el pasado puede arrojar algunas luces.
Al EPR se le identificó sobre todo con el grupo más visible entre los 14 que lo formaron: el PROCUP, siglas del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, considerado por analistas, militantes de izquierda y ex guerrilleros como proclive al militarismo y que alcanzó su más alto nivel de desprestigio en esos medios cuando ajustició en serie a ex militantes suyos que consideraba traidores.
La presencia del PROCUP en la formación del EPR explica, en parte, la desconfianza y preocupación que este grupo despertó, y que se acrecentaron después con algunas acciones, sobre todo la ocurrida en Las Crucitas, Oaxaca, el pueblo de las bahías de Huatulco, caracterizada como una operación de estricto corte militarista-terrorista sin ningún sustento en la población.
A casi tres años de su irrupción pública, el EPR no logró superar su aislamiento ante grupos influyentes de la opinión pública y la sociedad civil que sí han apoyado de diversos modos al EZLN, y tal vez ello explique la ruptura del grupo de Guerrero, que querría más la acción política, la organización de pueblos y menos el choque armado irracional, tal como se vio precisamente en El Charco. Según las últimas informaciones disponibles, allí se celebraba una reunión de tipo organizativo, más política y social que militar, y la respuesta de los guerrilleros fue no de kamikazes suicidas, sino de hombres resignados a morir.
A golpear de raíz la posibilidad de desarrollo de un nuevo grupo armado más cercano a las comunidades, y menos a las armas, estuvo dirigida la operación de Ayutla. Por lo demás, prolongar el asedio contra los ocupantes de la escuela primaria bilingüe hubiese atraído la presencia de los medios de comunicación, y seguramente se habría levantado un clamor nacional pidiendo clemencia para los insurrectos y exigiendo una salida pacífica al conflicto, palabra que no está en el orden del día de nuestros gobernantes de hoy.
Luego está la situación en Guerrero, y dentro de ésta, la masacre de El Charco es el punto más alto de una estrategia que ha implicado asesinatos de dirigentes regionales del PRD, ya sea que se les vincule o no con el EPR o el ERPI, y el último de los cuales ocurrió apenas el pasado viernes, cuando apareció desfigurado el cuerpo de Raúl Valente Catalán, uno de los más conocidos líderes locales del PRD en Guerrero.
Pero la estrategia es envolvente e incluye amenazas, campañas de desprestigio, espionaje y extraños robos contra mujeres empresarias de Acapulco que organizan una marcha contra los secuestros; contra miembros de la Barra de Abogados que defienden la digna gestión de su actual presidenta; contra ecologistas y mujeres que abogan por el traslado de una planta de aguas negras; contra el semanario El Sur, que da voz a todas estas expresiones de la sociedad civil.
El mensaje que quiere mandar la masacre de El Charco es en pro del inmovilismo, del miedo y del terror. Pero tal vez ya sea demasiado tarde para esa estrategia.