Astillero Ť Julio Hernández López

Es necesario tomarle la palabra al general Jorge Alberto Cárdenas Cantón, director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando en un comunicado oficial enviado a La Jornada (y publicado ayer en El Correo Ilustrado) reitera la voluntad de la institución castrense ``de mantener oportuna y verazmente informados a los medios de comunicación sobre las acciones que realiza el Ejército Mexicano''.

El renovado ofrecimiento de la Sedena tiene especial importancia a la luz del creciente involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en confusos y preocupantes episodios en los que se han producido muertos, heridos y violaciones a los derechos humanos.

Mucho bien haría a la sociedad nacional la aplicación cierta de esa anunciada vocación informativa. Justamente en medio de la desinformación, de las versiones y de los rumores, es que se producen tendencias informativas equívocas o definitivamente falsas. Los mexicanos necesitamos saber cada vez con mayor precisión lo que realiza una institución que es depositaria todavía (a pesar del desgaste intenso que ha tenido en el cumplimiento de tareas que deberían realizar los civiles, como el combate al narcotráfico y el mantenimiento de la seguridad pública) de una alta dosis de confianza y de esperanza populares.

Esa necesidad de información oportuna y veraz --que ayude a entender y juzgar lo que se hace-- se agudiza a la luz de acontecimientos delicados como el de El Charco, donde este domingo reciente, 11 guerrilleros encontraron, según todas las versiones disponibles, salvo la oficial, su paredón; o los de Chiapas, donde ayer mismo hubo siete muertos.

Respecto al caso de El Charco, no es posible coincidir con el señalamiento de que ``resulta extremadamente exagerada y falsa la versión que señala que `cerca de mil efectivos sitiaron el área', como lo demuestra el libre arribo de autoridades y representantes de los medios al lugar de los hechos''.

Esa afirmación, desgraciadamente, no coincide con los múltiples testimonios de autoridades y periodistas. Por el contrario, hay denuncias claras de que al presidente municipal de Ayutla de los Libres, Odilón Romero Gutiérrez, de extracción perredista, le fue impedido el paso al lugar de los hechos por efectivos militares, e igual suerte corrieron los periodistas quienes, en realidad, pudieron presenciar directamente el escenario de los sucesos hasta largas horas después de que éstos acontecieron. El Charco, hay que reiterarlo, fue sitiado por fuerzas militares que no permitieron el paso ni a autoridades ni a reporteros, sino hasta que los mandos castrenses lo consideraron conveniente.

De lo general a lo particular

Hechas las anteriores consideraciones generales, es necesario pasar a un tema muy concreto, que por ese carácter ha sido dejado al final de esta columna. El lector puede ver hoy, en El Correo Ilustrado de La Jornada, otra carta escrita por el mismo general Cárdenas Cantón, ahora referida a la entrega de Astillero de este miércoles 10.

Léase lo escrito por el funcionario de la Sedena y saque cada cual sus conclusiones. Pero, más allá del sedimento que en el lector deje el citado escrito, es necesario recurrir a un indispensable marco de legalidad para entender la gravedad de los términos y las valoraciones utilizadas por el vocero castrense.

Nadie puede, en un régimen de derecho, atribuirse la facultad de decidir por sí mismo cuál es la verdad y cuál es la mentira. Para ello, se supone, hay procedimientos y leyes. Justamente por tales circunstancias es que se han movilizado hacia El Charco visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por lo cual autoridades civiles diversas investigan en busca de esa verdad que hoy nadie se puede arrogar.

Calificar como ``falsa'' una versión, intentar censurar la natural ``interpretación'' de los hechos que a partir de ``indicios disponibles'' se hace en una columna periodística, y calificar de antemano como ``falsas y sesgadas'' las ``opiniones e interpretaciones'' recogidas por periodistas, es una actitud que se coloca por encima del régimen de derecho. La Sedena, como todas las instancias del poder, está sujeta al escrutinio público y a la normatividad vigente, de tal manera que ni a esa secretaría ni a ningún vocero le está asignada la facultad de decidir qué es falso o cierto, mucho menos cuando la materia de discusión es justamente la conducta desplegada por elementos de esa área de gobierno.

Esta columna, sin embargo, agradece y pone de relieve la disposición de las autoridades militares para difundir con claridad sus puntos de vista. Ese gesto no debe ser inhibido ni cancelado por consideraciones ominosas como la hecha al final del oficio enviado por el general Cárdenas Cantón, en el que considera ``lamentable que el interés y la decisión de la Sedena de mantener puntual y detalladamente informada a la opinión pública, sean empleados por un medio de comunicación como elemento para especular sobre un supuesto intento para tergiversar la verdad''.

Es necesario que la Sedena sostenga esa actitud de apertura y que transparente sus acciones. Por cuanto a esta columna, es su convicción sostener por entero (no por fanfarronería, sino por creer firmemente que lo escrito tiene sustento profesional pleno) la entrega del miércoles 10, y repetir su párrafo inicial: ``Todos los indicios disponibles fortalecen la versión de que en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, hubo una ejecución y no un enfrentamiento''.

Una consecuencia natural

Los muertos de El Bosque marcan el inicio de una nueva etapa en Chiapas. Cumplidos los principales propósitos desactivadores de presencias incómodas en la entidad, ahora se pasa a la fase del enfrentamiento directo que, a su vez, pavimente el camino hacia la añorada solución final. Ya no hay observadores extranjeros, testigos incómodos, Conai y, en los hechos, tampoco Cocopa. El gobernador Roberto Albores Guillén, por su parte, ha logrado tensar al extremo deseado la parte que le toca, sobre todo en relación con los municipios llamados autónomos. Ya es hora de que las armas hablen.

Mientras tanto, seguirán los discursos demagógicos, cínicos, falsos. El verbo continuará hablando de paz y de diálogo, mientras los cuchillos pasan de la fase del afilamiento a la del uso intensivo. En Bucareli se pretende hacer creer con boletines de prensa que detrás de lo ocurrido ayer no hay culpas gubernamentales. En Tuxtla Gutiérrez el interino del interino sigue vociferando. Pero nada ni nadie puede ocultar el hecho de que lo que hoy sucede, los mexicanos disparando contra mexicanos, los montajes de guerra, los periodistas habilitados de pronto en corresponsales bélicos, es simplemente consecuencia natural de una política persistente de endurecimientos, de intolerancias, de exclusiones y de miopías.

La sangre corre, el país se desangra. Es El Charco, en Guerrero, y es El Bosque, en Chiapas, y es el Fobaproa, y es la paridad cambiaria, y son tantas cosas...

Astillas: La doctora Mireille Roccatti salió ayer a Europa sin razón conocida. Su ausencia, en momentos en los que son tan importantes las tareas de defensa de los derechos humanos, ha desatado especulaciones que llegan a mencionar inclusive su eventual renuncia. En la oficina de prensa de la CNDH, para variar, no dan información precisa respecto a los motivos del viaje de la doctora Roccatti...

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