ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Los tambores de guerra que se han desatado en el sur del país (Chiapas y Guerrero) tienen en contra un entorno económico e internacional que requiere cuidadosas lecturas de parte de quienes tienen hoy en sus manos la toma de decisiones históricas.

La fragilidad de nuestro sistema económico está demostrada con las bajas de la bolsa de valores y el incremento del precio del dólar. Es decir, los mercados financiero y cambiario están moviéndose a la defensiva no sólo por los tropiezos de otros mercados internacionales, sino también por el riesgo cierto de que los conflictos políticos y sociales del país se agudicen a partir de acciones bélicas, como las sucedidas el domingo pasado en El Charco y este miércoles en El Bosque.

A esa inseguridad, tan inaceptable para los grandes capitales, debe añadirse el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuyo análisis y discusión pudiesen producir el peor golpe que hasta la fecha haya recibido el entramado de intereses y complicidades que se ha beneficiado del dinero público para negocios privados y que, en cuanto sienta peligrar sus privilegios, estará presto para ponerse a salvo en mejores lugares.

En lo internacional, la vertiente más obvia sería la de la creciente atención mundial al caso de Chiapas y la posibilidad de que ciudadanos de diversas naciones, sobre todo europeas, empujen en busca de que cesen los actos violatorios de los derechos humanos.

Pero el segmento más peligroso para los planes gubernamentales no es tal vertiente de intereses genuinos por la paz , sino el de un aliado al acecho: Estados Unidos, a cuyos intereses sirven de espléndida manera los infortunios que hoy acongojan a la nación mexicana.

La división interna, la confusión y el miedo son los mejores ingredientes posibles para que Estados Unidos pueda tomar (sin que asomen los hilos) el control de una nación que va perdiendo a ojos vistos su capacidad propia de buen manejo.

Las declaraciones realizadas ayer por Madeleine Albright, la secretaria de Estado de EU, advirtiendo a México que le resultaría contraproducente pretender someter a juicio a los agentes de aquel país participantes en la operación Casablanca, y la anterior carta del presidente del Senado del país vecino, Trent Lott, pretendiendo regañar a la máxima autoridad mexicana, son ofensas que sólo pueden proferirse cuando se sabe que la contraparte no está en su mejor momento.

Las tentaciones de la violencia, la propensión al enfrentamiento, el deseo de cumplir la fase siguiente en la bitácora de guerra, deben tomar en cuenta que, por esta vez, las condiciones económicas e internacionales no les son propicias.

``Se pudo haber evitado...''

La gravedad de los hechos en Chiapas no habrá de tender una cortina de humo respecto a lo sucedido en la comunidad guerrerense de El Charco. Conforme se va haciendo la luz acerca de lo sucedido este domingo 7 en el pequeño poblado del municipio de Ayutla de los Libres, crece la percepción de que allá hubo una ejecución y no un enfrentamiento.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, quien realiza una investigación sobre la forma en que murieron 11 guerrilleros del Ejército Revolucionario Popular Independiente (ERPI), ha dicho: ``No podemos afirmar que se trató de un hecho con alevosía y ventaja por parte del Ejército Mexicano hasta no tener los resultados claros. Vamos a emitir un juicio una vez que se tengan los datos. Yo lamento que haya ocurrido, porque creo que se pudo haber evitado ese acto de violencia''.

Mientras tanto, continúan las investigaciones realizadas por nueve enviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Guerrero. Seis observadores, dos médicos legistas y un perito, según información dada a conocer por el doctor Felipe Takajashi Medina, buscan saber lo que realmente sucedió en El Charco.

Por lo pronto, se informó que los cuerpos de los muertos ``no están destrozados'' (aunque todavía no se permite tomarles fotografías), y que en el ataque a la escuela Caritino Maldonado no se usaron granadas de fragmentación ni morteros.

La CNDH, cuya presidenta Mireille Roccatti viaja fuera del país con motivo desconocido, pondrá especial atención en la trayectoria mostrada por las huellas de los disparos (para saber si de verdad fueron usadas armas de fuego desde dentro de la escuela Caritino Maldonado), y en los datos referidos a los proyectiles que cortaron la vida a 11 personas, para establecer las distancias y la manera en que fueron disparados.

Con base en las declaraciones del doctor Takajashi Medina, el diario Novedades de Acapulco aseguró en su primera plana lo siguiente: ``En duda, la versión oficial de los hechos en El Charco: CNDH''.

Un asuntillo menor

Y ya que hablamos de Guerrero, ayer sucedió algo que, a como están las cosas, parece un asunto menor: parte de la ayuda enviada a los damnificados por el huracán Paulina comenzó a ser tirada a la basura por la Cruz Roja de Acapulco, pues los medicamentos caducaron y otros artículos se volvieron inservibles.

Al enterarse del asunto, reporteros de diarios acapulqueños fueron a las instalaciones de la Cruz Roja, pero el director, Luis Samuel Morales Zárate, no dio ningún tipo de información y algunos socorristas impidieron que se tomaran fotografías de los productos desaprovechados.

La negligencia de la Cruz Roja ya había quedado de manifiesto antes, cuando un cargamento de ropa y medicamentos enviado desde Estados Unidos no fue recogido en el Aeropuerto Internacional Juan N. Alvarez y también se echó a perder.

¿Ultimas palabras famosas?

No está de más recordar lo que Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo el pasado 5 de junio en el salón Venustiano Carranza de Los Pinos, al rendir su segundo informe de actividades frente al presidente Ernesto Zedillo:

``Durante el año que se informa, este organismo, a través del personal adscrito a la Coordinación para la selva y los Altos de Chiapas, realizó 482 actividades de campo en más de 173 comunidades de dichas zonas. De estas visitas, se observó la constante presencia del Ejército Mexicano como un factor que, entre otros, altera la convivencia de las comunidades indígenas, sobre todo de aquellas que de ninguna forma intervienen en el conflicto existente.

``Con el ánimo de contribuir a la solución del conflicto chiapaneco, este organismo nacional considera la necesidad de que, conforme avancen el proceso de pacificación y las medidas correspondientes de conciliación, se realicen las acciones pertinentes para reposicionar las bases o campamentos militares, a fin de que los habitantes de dichas comunidades estén en aptitud de realizar con tranquilidad las actividades cotidianas según sus usos, costumbres y formas particulares de convivencia colectiva, sin la injerencia de actores ajenos a sus comunidades.''

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