A juzgar por las declaraciones de las autoridades financieras del país y destacados hombres de negocios, la difícil situación por la que atraviesa actualmente la economía nacional debe ser resuelta a costa de los contribuyentes sin importar que muchos de los profundos desequilibrios que hoy se padecen hayan sido consecuencia de políticas de dudosa eficacia y legitimidad -como el caso del rescate bancario vía el Fobaproa- y de la aplicación a ultranza de un modelo económico que, por un lado, favorece al gran capital y a los especuladores financieros y, por el otro, ha agudizado la miseria y la carencia de oportunidades de vida digna que sufren millones de mexicanos.

Ciertamente, la caída de los precios internacionales del petróleo -que ha ocasionado al país la pérdida de 30 por ciento de los ingresos por exportaciones de crudo, según informes del secretario de Comercio, Herminio Blanco- y los efectos de la crisis del sudeste asiático, son factores que afectaron de manera importante las finanzas nacionales. Sin embargo, la preocupante situación de la economía mexicana tiene también causas estrictamente locales, cuya responsabilidad corresponde tanto al gobierno federal como a los propietarios de las instituciones bancarias del país. Pretender, como lo han señalado las autoridades hacendarias en el caso de la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública, que los contribuyentes se hagan cargo de los quebrantos y la inmensa cartera vencida de la banca privada, resulta inaceptable y constituye una afrenta a la sociedad ya que -debe recordarse- el acelerado crecimiento de esa cartera fue, por un lado, el resultado de decisiones y medidas gubernamentales equivocadas que desembocaron en el ``error de diciembre'' y la crisis económica de 1995 y, por el otro, de la comisión de malas prácticas administrativas -y en algunos casos de corrupción- por parte de los propietarios y directivos de las instituciones financieras. Además, convertir la cartera del Fobaproa en deuda pública equivaldría a hipotecar el futuro económico de la nación y a comprometer recursos fiscales que, en los próximos años, deberán ser canalizados al gasto social y a la ampliación de la infraestructura básica que requiere la nación.

En esta perspectiva, las declaraciones amenazantes y alarmistas formuladas ayer por hombres de negocios -en las que responsabilizan a los diputados de cualquier crisis económica resultante de la demora en la aprobación de las reformas al sistema financiero y al Fobaproa- carecen de sentido y atentan contra la institucionalidad democrática del país. Los legisladores, en su carácter de representantes democráticamente electos, deben privilegiar los intereses de los ciudadanos. Una decisión tan importante como es la conversión de los pasivos del Fobaproa, calculados en 600 mil millones de pesos, en deuda pública no debe tomarse de manera unilateral o a espaldas de la sociedad ni es aceptable cargarle a ésta los errores que gobernantes y banqueros han cometido en el pasado. Basta señalar, para establecer la medida de la improcedencia de esas pretensiones, las declaraciones formuladas por el primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, quien señaló explícitamente -ante las exigencias de las instituciones financieras internacionales para que el gobierno nipón emprenda nuevas acciones que apuntalen la economía japonesa- que los recursos de los contribuyentes no deben ser utilizados para rescatar a la banca.

Antes que trasladar a la sociedad el costo de políticas gubernamentales y gestiones bancarias equivocadas, o incluso delictivas -como en el caso de los quebrantos a Banpaís, Banco Unión y Confía-, las autoridades hacendarias y los empresarios del país deben asumir sus responsabilidades y acatar las decisiones que tomen los integrantes del Congreso de la Unión. Por ello, cabe exhortar a los diputados para que las acuerdos que se suscriban en torno de las iniciativas de reforma del sistema bancario y del Fobaproa se alcancen de manera libre, democrática y consensada y anteponiendo, en todo momento, los intereses presentes y futuros de la sociedad y de la nación.