Respetar el cese de hostilidades, piden académicos al gobierno
María Esther Ibarra y Alma E. Muñoz Ť Al margen de que el diálogo esté interrumpido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno debe respetar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la cual se estableció el cese de las hostilidades en el estado y cumplir con los acuerdos de San Andrés Larráinzar, pues la situación de beligerencia afecta a la población civil y proyectos universitarios como el de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, que se realizan en un marco de hostigamiento.
En estos términos se manifestaron académicos universitarios, al condenar el reciente operativo de El Bosque, en Chiapas, y el doble discurso del gobierno cuando habla, por un lado, de luchar por la paz y por el otro, emprende operativos militares que son prácticamente acciones de guerra y una provocación hacia las comunidades.
Margot Sotomayor Valencia, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que hay todo un escenario desplegado de guerra en Chiapas por parte del Ejército Federal y los grupos paramilitares, aun cuando las bases sociales de apoyo al EZLN no están levantadas en armas.
Autora de la investigación Miseria rural, violencia y guerra interna en América Latina. El caso mexicano de Chiapas y el EZLN, Sotomayor Valencia señaló que la incursión militar en las comunidades indígenas es una provocación y una guerra psicológica o de baja intensidad, para deslegitimar y desprestigiar al movimiento zapatista con el propósito de que la opinión pública se pronuncie a favor de la militarización de la entidad.
Consideró que ya de por si la presencia de los militares provoca desestabilización en la vida cotidiana de las comunidades, por lo que se pronunció por la salida del ejército, como un primer elemento para distender la situación en la entidad chiapaneca, además del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
De no modificar el gobierno esta posición beligerante, la investigadora no descartó que se de un escenario similar al de Colombia, aunque aclaró que en caso chiapaneco el movimiento zapatista no se ha vinculado con el narcotráfico.
A su vez, Víctor Pérez Valera, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que independientemente de que la ley de amnistía pueda o no contemplar a los simpatizantes zapatistas, el gobierno debe respetar el espíritu de la misma y abstenerse de atacar militarmente poblaciones en donde hay presencia del EZLN.
Coincidió en la necesidad de que el gobierno reanude el diálogo y se estudien con seriedad los acuerdos de San Andrés, pues es improcedente ``empezar a cambiarlos sin ton ni son; ya que no es lo mismo pueblo que comunidad indígena. El cambio de una palabra por otra, tiene implicaciones jurídicas que aun cuando no han sido suficientemente analizadas, son términos claves para los indígenas entre quienes el concepto pueblo tiene una significación muy importante''.
Para el doctor en Derecho el gobierno tiene que explicar su doble discurso pacifista frente a las acciones militares. ``No puedo afirmar que mienta cuando plantea la paz, pero la realidad está indicando otra cosa o por lo menos abren una gran interrogante para preguntar si sus acciones están encaminadas a agotar el movimiento zapatista a través de la guerra''.
Gloria Ramírez, coordinadora de la cátedra Unesco de Derechos Humanos, que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que en el conflicto chiapaneco se deben revisar una serie de cuestiones, comenzando por la participación del Ejército y el papel que le han hecho jugar; así como los acuerdos firmados entre el gobierno y el EZLN, porque contienen aspectos que impiden situaciones de agresiones militares en contra de los propios zapatistas y más aún de la población civil.
La investigadora universitaria recordó que la propia Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) ha señalado que las acciones del Ejército están violando la seguridad de los pueblos. ``Lamentablemente a diario escuchamos que de la parte gubernamental hay pronunciamientos pacifistas, pero al mismo tiempo se dan cotidianamente hechos de violencia no sólo en Chiapas, sino en otras partes del país. Estamos ante una situación muy peligrosa con operativos militares como los recientes en Guerrero y en el estado chiapaneco''.
Durante una conferencia sobre el tema, se reiteró que con la detención del profesor Sergio Valdés, en Taniperla el 11 de abril pasado, el Estado margina proyectos universitarios para el impulso de la sociedad chiapaneca.
A dos meses de la aprehensión del investigador, pidieron garantías para la investigación y actividad académica en la zona de conflicto, sobre todo porque, explicaron, se intensifica la ``guerra de baja intensidad'' y el trabajo no se concreta en lugares considerados como bases zapatistas.
Mediante una carta enviada a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, uno de los coordinadores del trabajo de la UAM en Chiapas, Antonio Paoli, pidió porque se solicite al gobierno del estado, información sobre la ``situación legal de los profesores e investigadores detenidos en el ejido de Taniperla'', en especial sobre Sergio Ruvalcaba y Luis Menéndez Medina.
``Consideramos --abundó-- que no hay reacción alguna para no poner atención a los argumentos de tan importantes organismos que junto con amplios sectores de la sociedad civil piden hoy justicia y no el empecinamiento de los poderes ejecutivos del estado de Chiapas y de la Federación''.