Los voceros del gobierno de Ernesto Zedillo han evidenciado, una vez más, que la honestidad no es una cualidad que los caracterice. Desde diciembre de 1994 el obispo Samuel Ruiz ha sido foco de ataques del gobierno de la República, del gobierno de Chiapas y de las fuerzas más retrógradas en ese estado. Su papel de mediador, junto con los distinguidos miembros de la Conai, resultaba incómodo para la estrategia que diseñara desde entonces el presidente Zedillo junto con el secretario de la Defensa Nacional --experto este último en guerra de contrainsurgencia.

A todos consta que Samuel Ruiz ha predicado la unidad entre los pueblos y las comunidades de la región, la unidad entre hermanos. Pero este mensaje de unidad habría de resultar, en los hechos, contrario a las intenciones del gobierno que, como el César, sabe que dividiendo puede vencer. Pero, además, el obispo representa un ``poder'' inaceptable para el gobierno de Zedillo y sus principales operadores, por la sencilla razón de que los indios ven en aquél no sólo al Tatic sino a un representante de la Iglesia de los pobres, es decir a la representación de un sector de la Iglesia católica que propone la emancipación del ser humano en vida y no a partir de la muerte.

En paralelo, y sobre esto se ha reflexionado poco, el EZLN ha tenido la virtud de unir a pueblos y comunidades que hace no muchos años estaban divididos y hasta enfrentados o, simplemente, no veían razones para comunicarse entre sí como ocurre ahora. En otros términos, el EZLN y la diócesis de San Cristóbal coincidieron en dos puntos fundamentales, aunque no en los métodos: la unidad de los pueblos y las comunidades como premisa de fuerza, y la necesidad de luchar por la emancipación de los más pobres entre los pobres en esta vida efímera, real y concreta, y no en una supuesta vida eterna que sólo una fe religiosa (que no comparto) puede ofrecer.

Por esta comunión de propósitos, que no de métodos (pues la Iglesia de San Cristóbal nunca ha aceptado el uso de las armas como forma de lucha), es que algunos cuadros del gobierno (desde los tiempos de Salinas) y los representantes de los intereses económicos en el estado han interpretado que Samuel Ruiz y colaboradores son parte de la rebelión zapatista en Chiapas, pero nunca han podido probarlo, ni podrán porque no hay tal identidad.

La deshonestidad de los funcionarios de gobierno, en este caso, ha sido establecer dicha identidad entre el EZLN y la diócesis que encabezan Samuel Ruiz y el obispo coadjutor. Y a partir de esta identidad han basado su discurso en una sarta de mentiras y de interpretaciones para descalificar al obispo y tratar de disminuir su fuerza moral y su arraigo incluso fuera de su diócesis. ¿Acaso han sido atacados por el gobierno los demás miembros de la Conai? No, sólo Samuel Ruiz, el religioso defensor de los indios con influencia en la región.

La autodisolución de la Conai ha sido la consecuencia lógica de la estrategia irracional, guerrerista y deshonesta del gobierno. Si el gobierno ha demostrado en los hechos (y en sus contradictorias declaraciones) que es una gran mentira que quiere el diálogo, ¿para qué hacerle el juego con una mediación que no podrá mediar puesto que el gobierno hace todo lo opuesto a un diálogo, como lo demostrara desde la Mesa 2 sobre Justicia y Democracia, en el verano de 1996?

La Conai hizo bien en disolverse, desde mi punto de vista, aunque el gobierno ha de creer que se anotó una victoria. Con la disolución de la Conai la posibilidad de diálogo del gobierno con el EZLN regresa al punto cero, como si de golpe regresáramos a mediados de enero de 1994.

El problema, sin embargo, es que la deshonestidad de los hombres del poder, sus reiteradas mentiras, su doble lenguaje y su vocación exterminadora y racista, no dan pie para creerles mientras no veamos que el Ejército Nacional regresa a sus posiciones de 1993, mientras sigan existiendo grupos paramilitares, mientras se insista en dividir a los pueblos y comunidades, mientras se siga persiguiendo a todo aquel que simpatice con los indios zapatistas (nacionales o extranjeros), mientras la irracionalidad siga conformando el patrón de conducta del gobierno.