DESPLAZADO DE EL CHARCO, GUERRERO

Alonso Urrutia, enviado, Acapulco, Gro., 12 de junio Ť Imperturbable, casi ausente de la diligencia y tras la rejilla de práctica, Erika Zamora Pardo escuchó la lectura de sus declaraciones ministeriales:

El Ejército Popular Revolucionario se financia mediante asaltos bancarios y secuestros, el más sonado, el de Alfredo Harp Helú; es integrante del ERPI -escisión del EPR- desde abril pasado y formó parte de una columna guerrillera que el domingo 7 de junio fue cercada y atacada por el Ejército.

También escuchó la versión de los militares, la misma que alude a que en un operativo antinarcóticos y de observancia de la ley general de explosivos, fueron atacados por el EPR, por lo que repelieron la agresión, derivando en enfrentamiento.

--¿Ratifica su declaración?

--Parcialmente -apenas se escuchó.

--¿Qué es lo que corrige?

--No fue la gente que estaba adentro la que empezó a disparar. Fue el Ejército.

Sobre Zamora Pardo y Efrén Gómez Chávez, consignados por la Procuraduría General de la República (PGR) luego de los acontecimientos en el El Charco, pesan los cargos de terrorismo, acopio de armas, uso de armas reservadas al Ejército y delincuencia organizada.

A cuatro más de las personas que aún se encuentran detenidas se les definirá su situación jurídica en breve, aunque también podrían ser liberadas y es muy probable que a otra se le consigne, señaló el agente del Ministerio Público, Gustavo Saavedra.

En tanto, tras cinco días de permanecer en el Servicio Médico Forense, seis de los 11 cadáveres de los presuntos integrantes del ERPI fueron reconocidos ayer por el síndico procurador del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Santiago Abad.

De la comunidad de El Charco se identificó a Mario Chávez García y Ricardo Vicente; de Agua Cachague, a Honorio García Lorenzo y Mauro Morales Castro; de Ocote Amarillo, a José Fernando Nicasio, y de El Coyul, a Crisóforo Jiménez Chávez.

Erika Zamora llegó al juzgado cuarto de distrito, en pleno centro de Acapulco, a las 13 horas, con un discreto operativo de seguridad. De entrada, las penas por los delitos que se le imputan: hasta 40 años por terrorismo y nueve años por acopio de armas...

Estudiante del CCH Azcapotzalco, Erika conoció allí a Ricardo Zavala, quien entonces cursaba el sexto semestre. Tras una larga amistad, él comenzó a hablarle sobre la lucha armada a favor del pueblo. Años después, en febrero de 1998, la invitó a participar en el EPR, al cual ingresó el 28 de abril pasado.

Su declaración incluyó también una descripción de la estructura de mando del EPR, desde los denominados simpatizantes, los militantes concentrados --esto es, de tiempo completo--, la integración de columnas de entre 12 y 14 hombres, encabezados por sargentos, luego tenientes y de ahí hasta la figura de comandante y general.

Erika ingresó como simpatizante y conoció las diferencias ideológicas y conceptuales del EPR, lo que dio lugar a la creación del ERPI. Las disputas sobre el objetivo tras alcanzar el poder motivaron la ruptura.

Conocida como Rosario en la estructura militar, Erika se adhirió al ERPI, según consta en sus declaraciones.

En lo concerniente al financiamiento, las versiones ante el Ministerio Público militar difieren de las realizadas ante el Ministerio Público federal.

En ambas se ratifica que el secuestro y el asalto bancario son las principales fuentes de financiamiento del grupo armado; sin embargo, en las declaraciones que se le imputan a Erika en el Ejército se establece que el ERPI es financiado por comités en Canadá, Estados Unidos y Francia, encabezados por el ex diputado Ramferi Hernández.

La versión de Erika

Lo más detallado en su declaración es el enfrentamiento del domingo. Erika narra que llegó a Guerrero proveniente de Hidalgo, donde contactó a Rocío, quien fungió como enlace para su posterior incorporación a una columna guerrillera, la misma que llegó el sábado 6 de junio a las 10:30 a El Charco.

Como responsable de la comuna iba José, el segundo al mando era Ernesto; todos los integrantes llevaban material del ERPI con su ideología y pautas militares.

El encuentro con la comunidad estaba programado en Ocote Amarillo, pero se determinó hacerlo en El Charco.

Ese día se prolongó la reunión y decidieron pernoctar en la escuela, pues requerían más tiempo para poder ``trasmitir la filosofía del grupo a la comunidad''.

Hacia las tres de la mañana se escuchó un movimiento de gente afuera de la escuela. Oyeron los gritos para que salieran: ¡Salgan, porque se los va a cargar la chingada! Escucharon que decían que eran del Ejército.

La respuesta fue que vendrían refuerzos y que mejor se retiraran. Como no lo hicieron, José determinó que era necesario romper el cerco. Entonces comenzó la balacera. ``Fue José quien salió primero del aula, luego Ernesto y después Ricardo, pero el cerco estaba muy cerrado y muy lejos.

``Luego intentamos contrarrestar la retaguardia, pero cayeron dos más heridos, quienes incluso me dijeron que les sacara las balas, pasando mucho tiempo, y volvieron a salir más combatientes. Alguien me dijo que no estaba armada y que tomara una pistola calibre 9 milímetros, pero le dije que no sabía disparar.''

Erika narra que posteriormente a alguien se le escapó un tiro por error y siguió la balacera. Veinte minutos después salieron con las manos en alto y rendidos, luego fueron sometidos en la cancha de basquetbol, donde estaba el resto de los cadáveres.

La de Erika fue la declaración que consumió más tiempo, pues existen importantes diferencias entre la que rindió ante militares y la civil. ``Firmé `porque en el Ejército me dieron choques eléctricos, me tenían desnuda y me dijeron que me iban a desaparecer''.

Su versión de los hechos contrasta con la leída al principio y que reconstruye lo dicho por el jefe militar al mando de la operación, según la cual en el curso de la operación Azteca, para contrarrestar el narcotráfico y prevenir violaciones a la ley federal de armas de fuego, el Ejército fue atacado.

La versión de un militar --cuyo nombre no fue proporcionado-- indica que cuando atravesaron la comunidad de El Charco, hacia las 4:35 de la madrugada, los miembros del Ejército se percataron de movimientos extraños y de un hombre que estaba como vigilando. ``Ordené al subteniente de infantería Eduardo Sánchez que hiciera un reconocimiento de la zona'', percatándose de la presencia de los rebeldes.

Víctor Ballinas Ť Representantes del PRD aseveraron ayer, en relación con los hechos del 7 de junio en El Charco, Guerrero: ``Nos parece que se desarrolla una línea gubernamental de utilización del Ejército para aplastar todo brote de inconformidad, ante la incapacidad para resolver los requerimientos de la sociedad y los grupos marginados, bajo el pretexto de mantener un estado de derecho que ha ignorado la existencia de los grupos indígenas y ha olvidado apoyar el desarrollo de las regiones donde se ubican''.

Humberto Zazueta, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del CEN del PRD, y Octaviano Santiago Dionisio, del comité estatal de ese partido en Guerrero, destacaron que lo sucedido en El Charco no fue un enfrentamiento, sino una matanza, y exigieron que haya diálogo entre el gobierno y el EPR para no poner en riesgo la celebración del próximo proceso electoral.

Zazueta insistió en que se debe acabar con la militarización en Chiapas y Guerrero, y que en ambas entidades es urgente el diálogo para restablecer el clima de paz y tranquilidad que requieren sus habitantes.

Interrogado respecto a la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de que ``el EPR era sólo una pantomima'', el dirigente señaló que esa fue una primera opinión manifestada porque no se tenía información de su existencia ni de su actuación, pero que conforme ha pasado el tiempo y se ha visto su comportamiento, el PRD exige diálogo con ese grupo armado, que es una expresión de la inconformidad existente en el país.

Asimismo, Julio Leocario Castro, secretario de Organización del comité municipal de Ayutla, dijo que hay 3 mil desplazados provenientes de comunidades guerrerenses, -El Charco y Paraíso, entre otras-, y subrayó que entre los detenidos no está ningún perredista, aunque sí hay simpatizantes.

En conferencia de prensa, plantearon que la liberación de 16 de los 27 detenidos durante el operativo militar demuestra que tales detenciones no se realizaron cubriendo los más elementales requisitos de respeto a las garantías individuales, y ``permiten tener la sospecha de que con esas acciones se pretende ocultar excesos y apresuramientos del Ejército Mexicano contra la población civil de Guerrero''. Demuestra además lo endeble de las acusaciones contra estas personas, a quienes se les libera cuando, según las versiones oficiales, ``fueron sorprendidos'' junto con los agresores asesinos, agregaron.

Primero en Metlatónoc, el 31 de marzo, y ahora en El Charco, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, y el procurador de Justicia, Servando Alanís, señalaron que el Ejército repelió una agresión, resultando muertos sólo los supuestos agresores. ``De existir una agresión, habría también militares heridos, pero no fue así'', puntualizaron.

José Gil Olmos Ť El pasado domingo 7 de junio el operativo militar en El Charco, Guerrero, presentó pública y accidentalmente la existencia del Ejército Revolucionario Popular Indígena (ERPI), como una escisión dentro de la coordinación guerrillera que dio origen, desde 1996, al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

El desprendimiento de esa fuerza rebelde de la estructura nacional del EPR viene, sin embargo, de un poco más atrás. Según varias fuentes, se gestó desde el 8 de enero de este año, por una decisión del frente eperrista en Guerrero y un acuerdo con la dirigencia nacional del PDPR-EPR.

Dicho acuerdo se habría tomado -según las fuentes- con el respeto de los mandos del EPR a la decisión de las fuerzas de separarse, integrar al ERPI como una organización rebelde con una estrategia política y militar dirigida con mayor atención a los indígenas y campesinos del país, trabajar por separado y en algunas ocasiones conjuntamente, con objetivos de más corto plazo que los de la ``guerra popular prolongada'' -propuesta por los eperristas-, incluyendo la posibilidad de ``participar'' de alguna manera en procesos electorales estatales y federales, como los del 2000.

A casi dos años de su aparición pública en Aguas Blancas, Guerrero, el EPR sufre un cambio en su estructura orgánica en esta misma entidad, donde se concentra parte importante de sus fuerzas armadas.

El ERPI tendría una estructura político-militar, un programa de trabajo, una bandera y un uniforme de sus bases, todos ellos distintos al los del PDPR-EPR, además de una estrategia de acción también diferente, aunque compartiendo la línea de un cambio revolucionario en el país.

De acuerdo con los primeros informes, el ERPI recogería una parte de las 14 organizaciones que al integrarse en la coordinadora guerrillera decidieron acordar la formación del EPR el 1o. de mayo de 1994 y luego, el 18 de mayo de 1996, la integración como una estructura político militar al PDPR.

Dentro de las 14 organizaciones que la comandancia del PDPR-EPR mencionó le dieron forma estaban los comandos armados Francisco Villa, Morelos, Genaro Vázquez y Vicente Guerrero; las Brigadas Obreras de Autofedensa, Obrera 18 de Marzo y Campesina de Ajusticiamiento, las células comunistas, la Organización Revolucionaria Ricardo Flores Magón, la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo, la Unión de Comandos Revolucionarios y el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (Procup-Pdlp).

Desde su aparición, el PDPR-EPR mostró cuatro frentes importantes: el estado de Guerrero, bajo el mando del comandante Antonio; en la Sierra Madre Oriental (Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla), al frente del comandante José Arturo; en el centro del país (estado de México y el Distrito Federal), con los comandantes Oscar y Vicente, y en Oaxaca con los comandantes Francisco y Rubén. Aunque también se presentaron con menos fuerza en Michoacán, Tabasco, Chiapas y Chihuahua.