Ayer, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, emitió un enérgico pronunciamiento en el que, por una parte, denuncia la grave situación de inseguridad, violencia y temor en la que se encuentran las comunidades indígenas de Chiapas y, por la otra, urge al gobierno mexicano a reiniciar el proceso de diálogo en esa entidad de la República.

En su comunicado, Robinson exhorta a las autoridades mexicanas a buscar cuanto antes las vías que permitan restablecer las negociaciones de paz, y señala que la oficina que preside se encuentra preparada para asistir al gobierno de México en el cumplimiento de los tratados y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas y para apoyar a los organismos civiles de vigilancia del respeto a los derechos humanos que operan en Chiapas. Además, la alta comisionada propone, como una primera medida y como señal de voluntad política para restaurar la confianza entre las partes, una reducción de la presencia castrense en la zona del conflicto.

Cabe señalar que señalamientos como los de Robinson no son nuevos, pero resulta muy significativo que éstos hayan sido formulados --de manera a la vez crítica y propositiva-- por la responsable de una instancia internacional de indudable seriedad y legitimidad. Es igualmente relevante que estas declaraciones se realicen en momentos en que, con la disolución de la Conai, no existe un organismo de mediación reconocido y aceptado por las partes en conflicto capaz de restablecer los puentes y los canales de interlocución necesarios para la reanundación del proceso de paz. Y si se tiene en cuenta que la violencia oficial contra las comunidades indígenas en rebeldía va en aumento --como se constató con la sangrienta incursión de las fuerzas públicas en el municipio autónomo de San Juan de la Libertad--, las exhortaciones de Robinson resultan, sin duda, a la vez oportunas y pertinentes.

Las autoridades mexicanas, tanto las federales como las estatales, deberían comprender que las medidas de fuerza no contribuyen a establecer el clima de distensión y confianza necesario para reanudar el diálogo con el EZLN. Y aunque es cierto que el conflicto chiapaneco debe ser resuelto en México y por los mexicanos, el gobierno federal haría bien en prestar oídos al comunicado de Robinson, pues en él queda claro que la comunidad internacional --como lo refrendaron las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado y de los voceros de Human Rights Watch y Amnistía Internacional-- se encuentra preocupada por la situación en Chiapas e interesada en asumir un rol más activo a favor de la paz, la erradicación de la violencia y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país.

En esta perspectiva, si bien resultan alentadores los acuerdos tomados ayer para que la Cocopa gestione un encuentro directo entre el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, y la dirigencia zapatista, no debe soslayarse que el gobierno federal debe, antes que nada, cumplir con sus compromisos y emprender una serie de medidas, todavía pendientes, que permitan la distensión militar, el desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan en Chiapas, la reconstrucción y el fortalecimiento de las instancias de mediación y coadyuvancia, el respeto de los derechos humanos de los indígenas, la suspensión de las operaciones represivas contra las comunidades insurrectas, y la realización de reformas constitucionales que den carácter y soporte legal a los Acuerdos de San Andrés.