La liberación financiera de México fue un proceso administrado de manera muy deficiente. Esto es lo mínimo que puede decirse a la luz del colapso bancario que produjo y de sus numerosas secuelas económicas y sociales. A pesar de haber sido diseñada y puesta en práctica por un grupo de técnicos cuyo súbito ascenso político se justificó por la sabiduría económica que en principio acreditaban las credenciales académicas que tanto gustaban de enarbolar, en la liberalización se cometieron graves errores de instrumentación. Por su alcance económico y social, estos errores no pueden ser considerados como algo meramente ``técnico''. Se trata de acciones ineficientes de funcionarios públicos sobre los que recaen responsabilidades políticas --aunque ya sabemos que, en nuestro país, este tipo de responsabilidades casi nunca tiene consecuencias.

Entre aquellos errores están las omisiones cometidas en el ámbito de la supervisión bancaria. Pareciera que los estrategas de la liberalización tenían un objetivo principal frente al que todo lo demás era secundario: privatizar rápidamente la banca. Pareciera que nunca repararon --como lo indican los tratados y manuales que sin duda estudiaron en la escuela-- que tanto la desregulación como la liberalización de una actividad tan sensible como es la financiera son procesos que deben ser precedidos por el fortalecimiento de la estructura institucional de supervisión. Liberalizar un mercado no significa despojarlo de mecanismos regulatorios, por el contrario, exige la adecuación de estos últimos ante las nuevas circunstancias. En el caso del sector financiero, esto significa reforzar el papel de los supervisores bancarios, reexaminar las exigencias contables que deben observar las instituciones crediticias, mejorar el sistema de prevención y detección de prácticas de alto riesgo o ``riesgo moral''. Nada de esto se hizo seriamente y es por ello que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en principio razón cuando dice que las irregularidades y los excesos cometidos por los banqueros fueron, en la mayoría de los casos, prácticas permitidas por la ley.

Ojalá que esta costosa experiencia sea aprovechada por los legisladores. La discusión parlamentaria del célebre ``paquete financiero'' enviado por el Ejecutivo abre la posibilidad de llevar a cabo una revisión a fondo del sistema vigente de supervisión financiera. Este sistema debe contar en adelante con los medios y recursos materiales, humanos, legales y operativos para llevar a cabo su trabajo. En primer lugar, la entidad encargada de la supervisión financiera deberá gozar de total autonomía política. Esto significa que la CNBV deberá ser reestructurada totalmente, tanto en lo que hace a su estatuto legal como en cuanto a su composición orgánica y de gobierno. Su autonomía política deberá, para ser efectiva, acompañarse con el diseño de mecanismos que permitan hacer un seguimiento sistemático de las actividades de los bancos, de manera que se frenen a tiempo las prácticas de riesgo real o potencial. El papel preventivo del nuevo sistema de supervisión financiera deberá incluir mecanismos punitivos transparentes y de aplicación expedita que disuadan la toma a las entidades financieras de incurrir en prácticas indeseables y de algo riesgo.

La nueva arquitectura institucional del sistema financiero también debe contemplar disposiciones que aseguren la transparencia de las tareas de supervisión. El ente público encargado de estas tareas tendrá obligación de hacer transparente todas sus acciones bajo una serie de modalidades que aseguren la debida confidencialidad de la información bancaria. Bajo condiciones específicas que deben ser tipificadas, los miembros del Congreso y el público en general deben tener la posibilidad de conocer las actividades de la autoridad supervisora. Al quedar sujetas al escrutinio público, estas actividades no solamente ganarán legitimidad sino prestigio ante esa amplísima capa social que ha empezado a tomarse en serio a sí misma: la que formamos quienes somos, a la vez, contribuyentes y votantes.