``¡Juntos! gobernaremos'', decía la campaña que condujo a Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del DF; ``un programa para que la gente, de manera organizada y en coordinación con las autoridades gubernamentales, haga frente a los problemas más apremiantes de su entorno vital''.
A seis meses del inicio de gobierno comenzamos a enfrentarnos a las dificultades que conlleva esa fórmula aparentemente sencilla pero esencial. Recordemos en principio que la cuestión de la seguridad pronto se destacó en las encuestas como la preocupación número uno de la ciudadanía. Por eso Cárdenas, este último viernes, al anunciar su programa de seguridad ligó de manera tan estrecha ambas temáticas, seguridad y participación ciudadana: se trata, explicó, ``de un programa preventivo que se basa en la descentralización, en la asignación de responsabilidades territoriales y en la convocatoria a la participación ciudadana... integrar consejos vecinales que promuevan la seguridad de las colonias... La única forma de acabar con las complicidades entre policías y ladrones es establecer una instancia que vigile a ambos, y en ella el papel protagónico obviamente lo tiene la ciudadanía''.
Ahora bien, presentamos a continuación una dificultad a la que nos estamos enfrentando en la delegación de Tlalpan al tratar de articular la participación ciudadana y la seguridad.
En efecto, si algún acuerdo ha habido entre parlamentarios, partidos, gobierno y ciudadanos en las discusiones en torno a la ``Ley de Participación Ciudadana'' ha sido que la colonia, el barrio, el poblado o la unidad habitacional son los espacios territorializados de identidad consistente que deben ser fortalecidos, ahí es posible hacer florecer la vida asociativa y los procesos generadores de ciudadanía. Siguiendo este principio hemos precisado, en la mencionada delegación, unas 250 unidades vecinales con estas características.
Sin embargo, el problema con el que nos enfrentamos es el siguiente: cuando analizamos los agregados espontáneos en que los ciudadanos se asocian para enfrentar el problema de la inseguridad y la delincuencia nos encontramos con que sus preferencias asociativas tienden hacia unidades mucho más pequeñas que las antes mencionadas: en una misma unidad habitacional ellos se organizan por andadores o por grupos de vivienda extremadamente restringidos, o bien, familias de clase media con viviendas unifamiliares no quieren saber nada de una pequeña unidad habitacional con la que colindan y con la que prácticamente se traslapan o, en fin, los habitantes de un conjunto de apenas cuatro cuadras se dividen en dos grupos y en lugar de dos enrejados tienen que poner cuatro, porque unos comerciantes a la mitad de ese conjunto se oponen a quedar aislados de su potencial clientela. A ese ritmo, en lugar de 250 unidades, una delegación como Tlalpan podría quedar dividida en mil o más microuniversos privatizantes, aislados. ¿Cuál es el sentido de esa pulverización? Sin duda el miedo, la violencia, la delincuencia y el sentido común con que el ciudadano deja de creer en la solidaridad y en las amañadas estadísticas pretendidamente tranquilizadoras.
Cuando platicamos con los vecinos de esos espacios nos cuesta trabajo encontrar argumentos para convencerlos de que no se encierren, al menos no en espacios tan pequeños e irracionales, pues en el mediano plazo no tendrán dinero ni para pagar la vigilancia en el interior de sus enrejados y, además, en muchas ocasiones esos mismos vigilantes se encargan de robarlos, porque conocen con precisión el funcionamiento del microvecindario.
Tenemos entonces que encontrar mecanismos para conciliar espacios de participación y espacios de seguridad ciudadanos y tener la claridad de que en un caso estamos hablando de la extensión y el fortalecimiento de la vida pública y asociativa y, en el otro, en la mayoría de los casos, estamos recreando fantasmas, huyendo, encerrándonos (en el extremo frente a la televisión), y que con esa actitud muy poco ayudamos a enfrentar nuestros problemas. La inseguridad es un asunto público, si se privatiza no tiene solución. Pero también es cierto, qué duda cabe, que si los programas de participación ciudadana y de prevención de la delincuencia no avanzan palpablemente, trayéndonos propuestas claras, los ciudadanos no tienen por qué esperar al delincuente poniendo la otra mejilla.