El pasado 4 de junio, el Congreso de Oaxaca acordó una reforma constitucional que abre el camino a la aprobación de una ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas -que se aprobaría la próxima semana- en medio de una fuerte polémica.

Las modificaciones a la Constitución local se efectuaron en una controvertida sesión que fue abandonada por el jefe de la bancada panista, José Isaac Velazco, en la que el diputado del PRI Teódulo Domínguez se opuso a la iniciativa argumentando la necesidad de aguardar a la aprobación de la reforma indígena del presidente Zedillo, y el PRD se dividió.

El escenario de la reforma

Diódoro Carrasco presentó su iniciativa de ley en un momento complejo. Su mandato está a punto de concluir. El candidato de su partido, José Murat, no sólo pertenece a otro grupo político, sino que lo ha relegado de la campaña electoral. A pesar de que el presidente Zedillo se ha expresado favorablemente sobre la política social de Carrasco, al punto de declarar que la ``robaría`` para su administración, el hoy gobernador no parece tener un lugar asegurado en la política nacional. Con Esteban Moctezuma al frente de la Sedeso el futuro ex gobernador carece de una pista donde aterrizar a partir de diciembre.

A raíz de la irrupcción del EPR el estado se ha militarizado aceleradamente. En la región de Los Loxicha hay una guerra sucia que ha creado un clima de terror. La persecusión en contra de dirigentes magisteriales de la sección 22 del SNTE, la agresión a ONG de derechos humanos y las intimidaciones en contra de organizaciones campesinas se han sucedido una tras otra.

Por lo demás, la iniciativa de ley se presentó cuando la propuesta de la Cocopa había sido denostada por el presidente Zedillo, y éste había presentado un proyecto de reformas distinto, alejado de lo pactado en San Andrés.

Oaxaca tiene una bien documentada tradición de reformas legales en materia de derechos indígenas. Su legislación es, con mucho, la más avanzada en la materia. Tal y como lo han señalado una diversidad de especialistas, la iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca no es la excepción. Se trata de una propuesta que reconocería, a pesar de sus limitaciones, derechos sustantivos a los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la actitud que las organizaciones sociales y los partidos políticos en la entidad han asumido dista, con mucho, de ser de apoyo incondicional a la propuesta.

Para una corriente del movimiento indígena, en la que participan organizaciones como UCIZONI, OIDHO y CEDIP, la grave situación de violación a los derechos humanos en la entidad y el uso de medios ilegales para mantener la gobernabilidad invalidan la iniciativa de ley, pues, ``día a día, las más elementales garantías son transgredidas``.

Otra franja del movimiento indígena, en la que se encuentran importantes fuerzas como SER y CEPCO, han expresado un apoyo crítico. De entrada consideran que algunos de sus artículos violan el derecho de organización ciudadana. Señalan, asimismo, que no abre las posibilidades de remunicipalizar el estado (algo urgente en regiones como la Triqui), no establece ninguna reforma de las instituciones y no plantea el problema de la representación de los pueblos indios en el Congreso.

Finalmente, existen un conjunto de organizaciones identificadas con la CNC y con los Consejos Indígenas, que se han sumado acríticamente a esta iniciativa.

La incomprensión de los partidos

El PAN y el PRD han asumido una posición lamentable y atrasada, que muestra, a pesar de sus avances electorales y su conducción de luchas importantes por la democratización del estado, su subdesarollo y e incomprensión del mundo indio.

El PRD ha tratado de limitar los alcances y la importancia de la reforma subordinándola al debate sobre la reforma del Estado. En una entidad donde alrededor de la mitad de la población es indígena, la reforma es clave. Obviamente también son importantes, como lo plantea el PRD, la seguridad pública y la justicia. Pero señalar, como lo hace la Exposición de Motivos de la iniciativa de ese partido, que ``no sólo el ámbito de los derechos indígenas debe ser reformado'' es correcto en lo general, pero en el contexto particular de la reforma indígena es una inadmisible minimización. El viejo truco de anteponer a logros concretos de amplios sectores de la población la zanahoria de un programa máximo es la mejor forma de mantener la ``pureza`` propositiva pero, también, de perpetuar su ineficacia práctica y reproducir su vocación testimonial.

Sin embargo, la posición que más llama la atención es la del PAN, que parece empeñado en dar la razón a quienes lo ven como la representación de la derecha más recalcitrante y atrasada, y en poner, de paso, un serio dique a las posibilidades de triunfo electoral de su candidato a gobernador, quien se ha distinguido por su sensatez y sensibilidad política.

En el Congreso, el líder de la bancada panista, José Isaac Jiménez, señaló, entre otras lindezas: ``El proyecto de ley parece una copia del plan guerrillero del enmascarado subcomandante Marcos''; el ``reconocimiento de la autonomía... bastará para que se inicie la disolución municipal''; ``los 300 años de conquista no fueron suficientes para consumar el mestizaje o sea la mezcla entre españoles e indios y por ello existe una fracción de nuestra nación de aproximadamente 8 millones de mexicanos que aún permanecen en condiciones de involución y que no han gozado de los adelantos de la civilización occidental cristiana''; y, por último, ``más que una ley el gobierno necesita hacer un esfuerzo para incorporarlos a la vida civilizada''.

Más allá de los avances reales que ofrece, la iniciativa sugiere varias interrogantes: ¿Una conquista estatal desmoviliza la lucha por demandas nacionales, esto es, la legislación oaxaqueña ``deslecha`` a San Andrés y a la iniciativa de la Cocopa o, por el contrario, muestra el sin sentido de las objeciones presidenciales y evidencia la pequeñez de su propuesta de reformas? ¿Puede un gobierno que ha violado los derechos humanos y militarizado el estado emprender una reforma constitucional de avanzada con legitimidad? ¿Puede emprenderse una modificación del marco legal progresista utilizando mecanismos corporativos? ¿Hasta dónde una legislación local puede reconocer derechos no aceptados en el nivel nacional sin crear una controversia constitucional? El debate sobre estos puntos está en la orden del día. De su respuesta depende, en mucho, la valoración de la iniciativa de ley.