Detener a Videla, posible ardid para levantar a Menem: ONG argentinas

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 13 de junio Ť La incredulidad y el escepticismo continuaron este sábado en torno a la detención del ex dictador Jorge Rafael Videla, entre presuntos alertas sobre inquietud militar y sondeos que revelaron que tres de cada cuatro habitantes de esta capital y del llamado Gran Buenos Aires opinan que deben investigarse todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la ultima dictadura militar y castigar a los culpables.

Sin embargo, muchos piensan que la detención del ex teniente general Videla, primer presidente de las juntas militares que se sucedieron en ese régimen (1976-1983), es sólo una maniobra más del gobierno en función de mejorar la imagen del presidente Carlos Menem, en vistas a una segunda reelección en 1999.

Existe un fuerte debate en torno a la detención de Videla, incluso entre los propios fiscales que juzgaron a los jefes de la más cruenta dictadura militar en el país, debate que se extiende a los organismos de derechos humanos y los sectores en que están divididas las Madres de Plaza de Mayo.

La organización Abuelas de la Plaza de Mayo, que representa a los familiares de unos 300 niños secuestrados al nacer en cautiverio de madres detenidas desaparecidas, había elaborado otra estrategia, reconstruyendo en el juzgado de Adolfo Bagnasco las listas de los responsables subiendo por las cadenas de mandos.

De allí pensaban llegar hasta los máximos jefes, pero para llevar también a juicio a personajes como el general Santiago Omar Riveros, ex jefe del comando de Institutos Militares, uno de los apoyos de la CIA estadunidense en su guerra contra la Nicaragua sandinista, estrategia que permitiría además reconstruir la historia y abriría mayores posibilidades para encontrar a los niños y restituirle su identidad.

La sorpresiva acción del juez de San Isidro, Roberto Marquevich, al detener a Videla el martes pasado, crea una serie de sospechas ya que el magistrado ha ``salvado'' al gobierno de escándalos graves; por la otra, hay muchas dudas jurídicas de que el ex dictador, destituido de sus cargos militares, pueda ser nuevamente juzgado.

Tipología del delito

En 1985 la Cámara Federal condenó a los ex comandantes de las juntas como autores de los tres delitos que conformaron la base del plan criminal, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios, pero quedaron absueltos de sustracción de menores, ya que no habían podido demostrar que esto formaba también parte del plan criminal.

Se los juzgó por 700 casos elegidos entre miles, y que concentraban esta tipología de delito, señala Luis Moreno Ocampo, quien fue uno de los fiscales entonces.

Pero otro fiscal, Julio César Strassera, sostiene que durante aquellos juicios a las juntas militares no se conocían muchos documentos divulgados ahora, y que Videla podría ser juzgado por el delito de sustracción de menores, que no está cubierto por las leyes de obediencia debida.

Si Videla es juzgado la justicia deberá ir por otros jefes militares, como es el caso del ex contralmirante Emilio Massera, bajo cuyo mandato la Escuela de Mecánica de la Armada fue convertida en el más temible campo clandestino, donde hubo muchos secuestros de bebés.

Hay diferencias de apreciaciones entre las propias madres de desaparecidos: Hebe de Bonafini sostiene que la detención de Videla obedece a la necesidad del gobierno de Carlos Menem de encubrir el inevitable escándalo de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, contraviniendo en su momento leyes internacionales.

En el otro sector, Madres Fundadoras, Abuelas y organismos humanitarios prefieren analizar con más calma y continuar con su iniciativa de ir tras de cada uno de los responsables; es la forma más conveniente de luchar a fondo contra la impunidad.

La mayoría de los analistas políticos, como Jose María Pasquini Durán, sostienen que ``en la peor de las hipótesis (la maniobra falaz y oportunista) de todos modos el trámite judicial es auspicioso, ante todo porque evidencia que la impunidad y el olvido no logran imponerse a las demandas de verdad y justicia''.

Y añade ``¿En cuántas ciudades del mundo, que hayan pasado por años de plomo semejantes a los de aquí, pueden encontrarse en una calle cualquiera anuncios como los del escrache (denuncia): `En esta casa vive un criminal genocida?''.

Se refiere a la estrategia de familiares de desaparecidos, mediante la cual se ubica la casa de algunos responsables del genocidio y se la señala para advertir a los vecinos que conviven con un asesino.

Mientras, el matutino Perfil aseguró que jefes militares alertaron al Ministerio de Defensa, en una comunicación informal, que existe inquietud, rencor y frustración ante un eventual reinicio de causas por derechos humanos.

Desde Madrid, el juez Baltasar Garzón podría procesar a Videla y otros jefes militares, entre los que hay varios ya citados, por genocidio y terrorismo de estado en el juicio que lleva adelante por las desapariciones de españoles en Argentina.

En Chile, al citar como ejemplo la detención de Videla por un delito no amparado en la ley de amnistía de 1978, el abogado Nelson Caucoto pidió que se investigue la suerte de hijos de madres desaparecidas en ese país, ya que existe constancia de nueve mujeres embarazadas detenidas y desaparecidas durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet.

En tanto, continúan apareciendo nuevos indicios en cada uno de los grandes escándalos que han hecho de este momento político uno de los más complejos del gobierno menemista y que ha estallado especial- mente en el campo de la justicia, acusada de extrema dependencia gubernamental.

Es un momento clave, donde la alianza de oposición (Unión Cívica Radical y Frepaso) prepara un pedido de juicio político contra cinco jueces de la Corte Suprema.

Esta acaba de dar otro paso que la pone en sospecha: rechazó, por ``razones formales'', un recurso en favor de la reelección de Menem --ya van mas de una docena que llegan a la justicia por distintas vías-- porque no ``lleva la firma'' del recurrente, el interventor del justicialismo de La Rioja.

Estos conflictos derivan en diarias batallas políticas, mientras continúan apareciendo pruebas de que se han pagado coimas (mordidas) millonarias por los contra- tos informáticos de la estadunidense IBM, con instituciones argentinas, y a esto se añadió el pasado 11 de junio una nueva causa ante la justicia solicitando la documentación correspondiente a una muy polémica licitación que adjudicó a la empresa Siemens la confección de los documentos nacionales de identidad de los argentinos.

El abogado Jorge Estrada denunció que esta firma logró un sobreprecio de más de 800 millones de dólares y en este caso la empresa fue asesorada por el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra. Asimismo, se conoció que el contrato de adjudicaci`pn de los aeropuertos y el pliego de condiciones utilizados para licitarlos resultan suficientes para iniciar una nueva causa contra esta privatización polémica. Esta nueva causa podría involucrar al jefe de gabinete Jorge Rodríguez y a otros funcionarios, ya que se otorgan atribuciones excesivas al órgano regulador que dirige también el ex ministro Barra.

Por otra parte, la Reforma Impositiva que intenta imponer el gobierno ha logrado la mayor unidad en contra que se haya dado ante una medida oficial, no sólo de empresas y hombres de negocios locales sino también con las multinacionales. El Grupo de los Ocho, que reúne a los empresarios más fuertes del país, manifestó incluso que ``hay inseguridad juridica'', y también rechazan la reforma propuesta los banqueros, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial y otros, poniendo al ministro de Economía Roque Fernández entre la espada de la realidad y la de un gobierno ``que hace girar todo en torno a un sueno de reelección''.

A esto se une la caída de la bolsa en esta semana, que se fue incluso por debajo de la depresión internacional. El pasado 12 de junio la bolsa perdio 2, 3 por ciento y en lo que va del 98 ya ha caido en un 18,4 por ciento. Esto, más un aumento incesante de la pobreza y una falsa apreciacion de la baja en el desempleo (la mayor parte corresponde a trabajos subsidiados y transitorios o con contratos de uno a tres meses), y económicos han puesto señales de alerta roja, una alerta que se extiende al

Mercado Comun del Sur y al socio mas fuerte Brasil.