Cancelará la Cocopa su misión si hay otro acto de fuerza: Payán

Andrea Becerril Ť La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) está dispuesta a hacer todo lo necesario para concertar la reunión entre la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, pero los legisladores tienen claro que si hubiera otra agresión o nuevos hechos violentos contra las comunidades indígenas, suspenderían esa misión y la visita a Chiapas, señaló el senador del PRD, Carlos Payán Velver.

La difícil tarea de la Cocopa de iniciar un acercamiento con el EZLN, para tratar de propiciar un encuentro directo de la dirigencia zapatista con la representación del gobierno federal, no podría concretarse si persisten hechos como el reciente en el poblado de El Bosque, añadió.

Consideró, asimismo, que aun con un operativo tan violento, como el reciente en esa comunidad, donde incluso hubo participación de integrantes del Ejército, la tregua pactada no se ha roto y la Cocopa está obligada a continuar con la búsqueda de una solución negociada que lleve finalmente a la paz digna en Chiapas.

``Es evidente que toda esa pequeña y débil esperanza de paz que hemos encendido en la Cocopa depende de la voluntad del gobierno federal de frenar toda acción que pueda propiciar más violencia, y de la respuesta del EZLN'', expuso a su vez el presidente en turno del organismo, Germán Martínez Cázares.

El diputado del PAN dijo que es imprescindible un clima de distensión para que la Cocopa pueda cumplir con la misión a la que se ha comprometido. ``Sin embargo, no quisiera pensar en otros escenarios y mantener el optimismo que nos llevó a recoger la propuesta gubernamental de propiciar el encuentro entre las partes en conflicto''.

Martínez Cázares informó que la jornada de un día antes fue agotadora, ya que estuvieron reunidos por más de diez horas y decidieron por ello reiniciar la sesión este lunes, a las diez de la mañana, para definir la agenda y planear el conjunto de la operación que llevarán a cabo en Chiapas, incluyendo los municipios que habrán de visitar.

Hay acuerdo ya en que llegarán a la comunidad de El Bosque, a Guadalupe Tepeyac y otros municipios cercanos a la zona de conflicto, para estar al alcance de la comandancia del EZLN y posibilitar el contacto.

``Esperamos que haya pronto una señal del EZLN; es el primer intento, no el único, pero esperamos que el subcomandante Marcos y la dirigencia zapatista acrediten la voluntad real de diálogo y de avanzar en la solución del conflicto'', precisó el legislador panista.

Comentó que quizá propongan organizar subcomisiones o grupos de trabajo, aunque ello deberá decidirse por consenso en la reunión del lunes.

Al respecto, Payán Velver comentó que tendrán que decidir si operarán como cuerpo colegiado o se asignan tareas a través de subcomisiones.

El legislador del PRD aclaró luego que la Cocopa no está asumiendo en la práctica la mediación en el conflicto. ``Sería absurdo pensar que en este momento empieza una tarea de ese tipo, porque el mediador tiene que ser aceptado y reconocido por las partes en conflicto''

Además, destacó Payán Velver, sería muy difícil que la Cocopa, conformada por 18 legisladores de cinco partidos políticos, asumiera la mediación. No tendría sentido, añadió e hizo notar que tanto el gobierno federal como el EZLN deben buscar a su mediador, en caso que decidan realmente optar por el diálogo.

Otro elemento, y ``es un punto de vista personal, no de la Cocopa, es que hay un discurso un poco esquizofrénico del gobierno, ya que habla por un lado de diálogo y actúa al mismo tiempo en contra de las comunidades, como acabamos de ver'', comentó.

El senador perredista hizo notar que hay desde hace tiempo una estrategia de contrainsurgencia encaminada a minar a los zapatistas, que ha originado ``momentos terribles como los de Acteal, cuando sube de tono la violencia''. En los hechos de El Bosque fue aún más grave, por la participación del Ejército, precisó.

Por ello, insistió, es imprescindible el cese de ese tipo de operativos. Si hubiera cualquier otra alteración de la paz, la Cocopa se vería obligada a suspender la visita que comenzará este martes en Chiapas.

Jesús Ramírez Cuevas, especial para La Jornada, El Bosque, Chis., 13 de junio Ť Tras el brevísimo mensaje dirigido al presidente Zedillo y firmado por los 32 municipios autónomos de Chiapas: ``¡Es usted un asesino! Es todo'', distribuido ayer en el Aguascalientes de Oventic, representantes de la comunidad Unión Progreso denunciaron la ejecución de seis de los siete simpatizantes del EZLN supuestamente muertos durante el operativo militar y policial del pasado 10 de junio.

``Seis de nuestros compañeros los vimos caer heridos y uno muerto. Los seis heridos fueron capturados por los soldados y Seguridad Pública; fueron llevados vivos y amarrados, pero tememos que los hayan ejecutado en el camino, porque los noticieros dicen que están muertos'', relataron angustiados cuatro indígenas que cubrían su rostro con un paliacate.

Los representantes del concejo autónomo de San Juan de la Libertad, naturales de Unión Progreso, expresaron: ``Nosotros y de otras comunidades los vimos vivos y no estaban graves; nosotros no nos enfrentamos ni llevábamos armas; somos bases de apoyo del EZLN. Es el Ejército el que nos disparó cuando tratamos de huir hacia los montes''.

En medio de un clima de tensión e incertidumbre que abarca toda la zona de conflicto, las comunidades zapatistas están atentas ante la posibilidad de nuevos ataques.

En Unión Progreso la gente vive el drama de sus muertos, a quienes no pudieron identificar porque estaban irreconocibles, después de tres días de haberse expuesto al calor y al medio ambiente. A bordo de un camión de redilas, ocho cajones grises arribaron al pueblo, escoltados por integrantes de la CNDH, después de un forcejeo de ONG con instancias de gobierno, pues no había disposición alguna para entregar los cadáveres a sus familiares.

De Unión Progreso fueron asesinados siete indígenas por las fuerzas policiacas y militares. En Chavajeval los habitantes reportaron la muerte de tres campesinos. En total son diez indígenas zapatistas asesinados.

En Unión Progreso los paramilitares acompañaron a policías y militares en el operativo. En la acción realizada en esa población -en realidad se trató de un ataque-, los policías de Seguridad Pública ``fueron guiados por un grupo de priístas paramilitares de la colonia Los Plátanos'', quienes cubrían su rostro con pasamontañas. Algunos de ellos son comandantes de la policía municipal del ayuntamiento priísta.

En la madrugada del 10 de junio, señalaron los indígenas, ``vimos que empezaron a bajar cientos de soldados y de Seguridad Pública que venían de la carretera rodeando nuestra comunidad. A partir de las cinco de la madrugada empezaron a cercar el lugar, sin dejar espacio para salir''.

Más de 30 hombres, bases de apoyo zapatistas, fueron golpeados, obligados a tirarse pecho a tierra a culatazos, mientras los policías cortaban cartucho sobre sus cabezas. El interrogatorio y la tortura duraron cinco horas, durante las cuales los amontonaron a todos a un camión de redilas. A los que trataron de huir ``les cayó una lluvia de balas''.

``El gobierno habla de que quiere la paz y que quiere que haya tranquilidad para el pueblo, pero al contrario cada vez nos da una amenaza, tortura y todo eso'', señaló uno de los simpatizantes zapatistas.

Perplejos por no poderse explicar las razones del ataque en San Juan de Libertad, los voceros del municipio rebelde afirmaron: ``Estábamos trabajando tranquilamente y sabemos que no tenemos ningún delito ni estamos echando pleito con el gobernador, y él nos mandó soldados para que nos vengan a matar a nuestros pueblos.

Casas vacías y saqueadas en Chavajeval

``Viva la ley de Seguridad Pública'', dejaron escrito los policías en Chavajeval. Los mil 500 habitantes del poblado regresaron a sus casas después de pasar dos días refugiados en las montañas. ``Todo lo que teníamos se lo robaron o destruyeron. No tenemos comida ni agua. Cortaron las mangueras del agua por todas partes. Creemos que envenenaron los alimentos que quedaron porque tienen un sabor muy extraño'', informó Vicente Hernández, habitante de la comunidad.

Los indígenas del pueblo declararon que el día del operativo, ``los ejércitos y los policías llegaron disparando gases lacrimógenos y balas'', sin respeto por las mujeres y niños que salieron a su encuentro para impedir la incursión. Todos salieron despavoridos.

La comunidad se reunió para bloquear la carretera pacíficamente, pero los de Seguridad Pública les echaron gases y hasta nos dispararon. No pudimos resistir y nos retiramos. Como nos persiguieron, algunos compañeros se defendieron para proteger a las mujeres y niños, dice Vicente Hernández.

En el poblado indígena aún quedaron los vestigios de la operación militar y policiaca: más de 300 casas saqueadas y robadas, animales de corral muertos; el dinero y la mercancía de las tiendas cooperativas de los indígenas, desaparecido.

En Chavajeval fueron detenidos los cinco maestros y el médico que atiende dos veces por semana la clínica comunitaria; a este último ``se lo llevaron en el helicóptero'', asegura Vicente.

En la explanada de tierra que se extiende enmedio de la comunidad, decenas de envases de refresco y envolturas de galletas y comida enlatada yacen en piso, como testimonio de lo ocurrido aquí. Todas las puertas de las casas están visiblemente forzadas; en una de ellas se encuentra una significativa pintura, que consta de una calavera dibujada y una leyenda que dice: ``Viva la ley de Seguridad Pública''.

Las manos de los campesinos señalan los restos del saqueo, la revoltura en las humildes casas de madera y lámina -algunas son de concreto y lámina.

En la clínica del pueblo hay todavía rastros de sangre en el suelo. Ahí fue atendido el policía que murió en el operativo. ``De la escuela se llevaron dos máquinas de escribir y la papelería'', explica Joaquín Hernández. En las calles de la comunidad de Chavajeval quedaron esparcidas decenas de cartuchos quemados.

Mariano Díaz, priísta de la comunidad, recordó: ``Del gobierno no hemos recibido ningún beneficio nunca. Hace un año nos hicieron esta carretera de tierra, ahora sabemos que era para que entrara hasta acá la policía y el Ejército; si hubiéramos sabido eso, no los dejamos hacerla''.

Matilde Pérez U., enviada, La Trinidad, Tlax., 13 de junio Ť La evidente secuela de contrainsurgencia que impulsa el gobierno federal no se limita a Chiapas, se ha extendido a las comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y las Huastecas, e incluso está tocando al PRD, advirtió Gilberto López y Rivas, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), a sus homólogos que participan en la Reunión Nacional de Legisladores de ese instituto político.

Al abordar el tema de la ley de derechos y cultura indígenas ante más de un centenar de legisladores locales y federales del partido del sol azteca, López y Rivas indicó que la estrategia de contrainsurgencia se agudizó con la llegada de Francisco Labastida Ochoa y su equipo de asesores a la Secretaría de Gobernación.

Pese a esas presiones, dijo, el PRD seguirá actuando para detener la guerra. ``Si dejamos que se disemine esa maquinaria, no habrá generación que haga posible que se extienda la democracia en el país''.

Aclaró que la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD de que probablemente deje la mesa para la reforma del Estado si no hay muestras del gobierno federal para solucionar pacíficamente el conflicto en Chiapas, ``es muy costosa en votos. Si tuviéramos una mentalidad de no perder éstos, ya estaríamos cambiando el asunto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por Chiapas, pero ambos son dos niveles distintos de negociación''.

Mientras López y Rivas señaló que en Chiapas el Ejército Mexicano ocupa más de 200 puntos en 63 municipios y los huecos se los ha dejado a los paramilitares, la senadora Rosalbina Garavito Elías aseguró que en esa entidad del sureste mexicano hay ya una guerra abierta ``con la cual pretende el gobierno minar la resistencia indígena''.

Agregó que los señalamientos de la titular del Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, muestran que el gobierno mexicano ya no puede seguir ``maquillándose con una política de supuesta democracia''.

Por la mañana, en breve entrevista, el militar retirado y diputado por el PRD Samuel Lara Villa informó que los ex integrantes del Ejército que ocupan curules por el partido del sol azteca se trasladarán la próxima semana a Chiapas, con el propósito verificar la situación en la zona de conflicto.

Comentó que el Ejército Mexicano se encuentra ``totalmente desprestigiado por las decisiones de los gobernantes'', quienes ``lo han situado en el ojo del huracán haciéndoles pagar los platos rotos sacándolos de los cuarteles para instrumentar acciones represivas''.

Durante esta reunión en la que se abordaron otros temas como la reforma del Estado, los legisladores presentes, a propuesta de Martha Delia Gastélum, acordaron externar su total respaldo a la defensa del derecho al voto de los mexicanos que viven fuera del país, así como el compromiso de realizar todos los trabajos legislativos conducentes para el establecimiento de condiciones óptimas del proceso electoral en el extranjero.

Ello será parte de los resolutivos que se darán a conocer mañana; otro será una declaración de los legisladores sobre el conflicto en Chiapas y definir una política para defender la soberanía y el desarrollo del país.

Podría haber fuga de capitales, advierten legisladores

El senador Jorge Calderón y el diputado Ricardo García Sainz, al abordar los temas sobre política financiera y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, advirtieron que el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios impulsa una ``campaña de presiones'' para que los legisladores de los partidos de oposición aprueben la conversión del Fobaproa a deuda pública, con lo cual México ``se encuentra ante el peligro de una fuga de capitales''.

Calderón Salazar indicó que en mayo salieron del país más de 6 mil millones de dólares y se redujo el monto de la inversión extranjera. De aceptarse el traslado del Fobaproa a deuda pública, ésta se situará en 900 mil millones de pesos al final del año, que sumada a la deuda interna se elevaría a un billón 800 mil millones de pesos. ``Enfrentaríamos una crisis catastrófica'', indicó.

Acusó al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en el cual está Jaime Serra Puche, y al presidente Ernesto Zedillo de ``crear una estrategia de desestabilización'' para obligar al PRD a aceptar lo inaceptable: la transferencia a deuda pública de esos 553 mil millones de pesos del Fobaproa.

Hizo un llamado a los legisladores a construir, por la vía del consenso, una fórmula que permita conformar ``una política económica armónica con miras al año 2000, y establecer un esquema de un gobierno democrático bajo un mecanismo de concertación con el Congreso y con el Banco de México''.