CSG, ajeno al donativo de Prevoisin al PRI en 94: Albor

Mariano Albor Salcedo, abogado defensor de Carlos Salinas de Gortari, afirmó que el ex mandatario mexicano fue ajeno al manejo de 8 millones de dólares que el empresario Gerardo de Prevoisin Legorreta -ex director de Aeroméxico y Mexicana de Aviación- aportó en 1994 a la dirigencia nacional del PRI para la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. Además, aseguró que el uso y origen de ese dinero es lícito y no producto del lavado.

Albor presentó ante las autoridades judiciales de México una ampliación de denuncia por la investigación hecha por autoridades francesas, a cargo del juez Patrick Fievet, al empresario De Prevoisin, por el presunto delito de blanqueo de dinero en el que estarían involucrados, además del ex presidente mexicano, la dirigencia nacional del PRI durante la campaña presidencial de 1994.

La queja del abogado es que el juez Fievet rompió el secreto institucional y las leyes de Francia e Irlanda (Carta Rogatoria), en el sentido de que al acudir a tribunales de Dublín para recoger el testimonio del ex presidente Salinas de Gortari ``asumió el compromiso, la responsabilidad y la obligación ante las autoridades judiciales irlandesas de conservar en todo lugar y tiempo la secrecía sobre la naturaleza, contenido y fines de las diligencias que se desahogaron en el mes de marzo en esa entidad''.

Se rompió ese secreto, afirmó Albor, porque Fievet dio información a periodistas mexicanos la semana pasada, ``con la intervención de la Oficina de Prensa de la embajada de Francia en México'', que sirvió de intérprete.

``El señor Fievet incurre en la ruptura del secreto institucional, en perjuicio de las personas e instituciones que mencionó'', porque la información vertida a la prensa ``es minuciosa respecto de hechos que solamente él conoce y debieron quedar en la confidencia.''

En uno de los documentos que acompañan la ampliación de la denuncia, Albor señala que los señalamientos concretos hechos por el juez Fievet deben ser investigados, porque se trata de comportamientos relevantes para la ley penal en dos campos: se hacen afirmaciones de ilicitud a hechos que las leyes y las autoridades mexicanas han considerado legítimos y legales -los recursos del PRI en la campaña presidencial en 1994-, y las revelaciones hechas a medios de comunicación mexicanos que quebrantan el principio de secrecía en México, Irlanda y Francia.

Según la investigación radicada en París desde 1996, a donde fue De Prevoisin, el empresario tiene una queja de Aeroméxico por el delito de ``abuso de bienes'', pues se afirma que entre 1988 y 1994 obtuvo de manera ilícita entre 70 y 80 millones de dólares de la empresa, de los cuales transfirió 8 millones mediante un banco estadunidense a dos fideicomisos del PRI, creados para recibir donaciones a la campaña presidencial de Zedillo.

Otra investigación distinta pero también sobre lavado de dinero, a cargo del mismo juez Fievet, se centra en conocer la transferencia de 10 millones de dólares que hizo Raúl Salinas de Gortari a su hermano Enrique, quien vivió varios años en París, donde adquirió diversos inmuebles, según información ya publicada.

Respecto al dinero que De Prevoisin donó al PRI, el abogado Albor, aseguró que el juez de instrucción de París Patrick Fievet, en su papel de agente fiscal del gobierno francés, ha actuado de manera ``ilegal'' al atribuir ilicitud a hechos considerados legales por las autoridades mexicanas.

Explicó que el uso de los recursos, entre ellos los 8 millones de dólares que el empresario dio al PRI en 1994 para la campaña presidencial de Zedillo, fue acreditado por el IFE como legal, y que por ello las acusaciones del juez galo afectan ``política, jurídica e históricamente'' a instituciones democráticas de México como la Presidencia de la República, el PRI y el Congreso.

En ese sentido, sostuvo que Carlos Salinas, siendo entonces presidente, fue ajeno a ``esa relación dineraria''. Y la investigación del juez Fievet sobre la operación de dinero con fines políticos constituye, ``en su opinión, un hecho susceptible de caracterizarse como blanqueo de capitales delictuoso''. Albor reiteró que ``el origen y destino de ese dinero es lícito''.

Pidió al Ministerio Público que se pida la declaración de Ignacio Pichardo Pagaza, María de los Angeles Moreno y Oscar Espinosa Villarreal, entonces presidente, secretario general y tesorero del PRI, respectivamente.

Mientras, al Congreso de la Unión le solicitó recabar los documentos en los que se aprueban las elecciones de 94 y al IFE todos los documentos de auditoría que se refieren a las operaciones financieras del PRI en las campañas de ese año.

Albor manifestó: ``Debe quedar claro que el financiamiento del PRI no es una acción libre, sino regulada estrictamente por la ley''. (José Gil Olmos)