La disolución de la Conai sin duda ha precipitado un cambio de tono en el conflicto chiapaneco. El impasse termina para dar paso a tensión dramática. Los incidentes son cada vez menos aislados, las confrontaciones se suceden en muy diversos ámbitos, y el número de muertes se incrementa. Desde hace tiempo la mirada del gobierno federal en torno a Chiapas había conocido modificaciones importantes: la mediación había dejado de ser confiable, el EZLN no era más el interlocutor privilegiado para negociar una iniciativa de cultura y derechos indígenas, y había que hacer entrar a la entidad al imperio de la ley.

En el camino se fueron perdiendo los referentes anteriores: San Andrés aparece como una etapa del conflicto más que como una herramienta que ataba a las partes; el proceso legislativo es un trámite tan lejano como inútil para destrabar el conflicto actual, y la reconstrucción política local aparece más como la sumatoria de ejecuciones de diversas órdenes judiciales, que como un proceso político. En una palabra: lo que el gobierno ha dejado de reconocer en Chiapas es la excepcionalidad.

Ahora se pretende la normalización de la entidad desdiciéndose de lo anterior y aplicando la ley. Sin duda puede ser loable el propósito, y sería apoyable si hubiera el consenso en torno a que no hay más alternativa que la que se está instrumentando, pero cuando cabe la sospecha de que la estrategia no sólo está forzando la realidad, sino que no obtiene los resultados esperados, el sustento de la nueva estrategia se disipa. Parte central del nuevo planteamiento es el diálogo directo. Dicho diálogo, si nos atenemos a los hechos, hasta ahora se ha dado en el nivel comunitario y no precisamente entre representantes políticos sino entre los operadores del orden de uno y otro bando. Los saldos están a la vista. Por el momento me resulta inimaginable, por desgracia, un formato de diálogo directo distinto.

El problema es que no aparecen opciones para reconstruir el diálogo. Mientras las autoridades sigan en la convicción de que han cumplido lo pactado y además son dueños de la iniciativa, y del otro lado persista el silencio como respuesta a cualquier invitación, lo que se abre paso es la violencia. Por lo pronto en octubre habrá comicios municipales, y cabe preguntarse sensatamente si hay condiciones o no para llevar a cabo dichas elecciones sin incrementar aún más las tensiones locales. Aún estamos a tiempo para desmontar esa pequeña parte del abigarrado conflicto chiapaneco.

Hace unos meses el debate era en torno a quién respetaba de mejor manera los acuerdos de San Andrés, hoy la confrontación es sobre quién disparó la primera bala. El retroceso es inocultable. Hay que decir que si lo que se está viviendo en Chiapas no es el prólogo de una guerra, al menos se le parece bastante. Ojalá pronto encontremos caminos para la sensatez.