La renuncia de Samuel Ruiz a la presidencia de la Conai era lamentablemente previsible. El mismo don Samuel reconoció durante la última reunión del Episcopado mexicano las dificultades crecientes que enfrentaba para ser efectivamente una instancia de diálogo y un agente de paz; sin embargo, el factor determinante fue la dura presión gubernamental a la que fue sometido el prelado.

Las condiciones han cambiando radicalmente. Desde Los Pinos, la postura oficial hacia el obispo de San Cristóbal de las Casas se fue endureciendo a grados extremos; sobre todo, a partir de que se responsabiliza a Samuel Ruiz el haber promovido la intervención de extranjeros y observadores que, como todos sabemos, ha desencadenado la imagen, en numerosos países europeos, de un gobierno intolerante y carente de una estrategia efectiva para resolver los problemas de Chiapas.

El bombardeo ha sido intenso desde la impugnación abierta de funcionarios de Gobernación, el uso de los medios para ensombrecer la figura del obispo, hasta la utilización de maniobras con las propias estructuras religiosas, seguramente la presión subterránea habrá recaído en el nuncio Mullor, quien por cierto curiosamente había advertido desde hace semanas que no declararía nada sobre Chiapas. En suma, Samuel Ruiz ha tenido un trato de enemigo de guerra.

El resultado era inminente, la sombra de la sospecha y de la conspiración estaba sembrada y, por tanto, el papel de la Conai, para un sector político importante, se encontraba erosionada. Y todos sabemos que cualquier intento de mediación necesita la credibilidad, es decir, la aceptación de las partes en conflicto, de la capacidad de convocación y de la creatividad para generar propuestas.

La Subsecretaría de Asuntos Religiosos, en un sorpresivo comunicado, niega la afirmación de Don Samuel de que su diócesis ha sufrido agresiones y persecuciones. Ante las evidencias ampliamente registradas, la sorpresiva misiva es, porque hasta ahora dicha susbsecretaría había pretendido estar al margen del acoso y de las expulsiones de religiosos. Ahora, muy involucrada, rechaza categóricamente ``una serie de afirmaciones carentes de verdad y tendenciosas'' y más adelante las califica de falsas y dolosas.

Sin embargo, la subsecretaría no ofrece datos ni otorga pruebas ni desmiente con argumentos las precisas acotaciones que realiza el obispo Ruiz en su homilía del domingo pasado, que podría resumirse así: 1¼ La agresión a la Diócesis que se inicia incluso antes del conflicto es una ``persecución sistemática''. 2¼ Se ha expulsado a siete sacerdotes. 3¼ Se ha negado la residencia a agentes de pastoral extranjeros. 4¼ Se ha encarcelado a cuatro sacerdotes. 5¼ Se han cerrado 40 templos (alguno de ellos ocupado por el Ejército mexicano). 6¼ Existen órdenes de aprehensión a numerosos sacerdotes, religiosas y misioneros.

En segundo lugar, la subsecretaría enfatiza que su cuestionamiento al obispo es sobre su papel político y no pastoral; las diferencias, señala en su documento: ``Se derivan de que ha utilizado métodos y ha apoyado acciones que incursionan en el campo de la política, contraviniendo lo que establece la Constitución sobre el particular''. O el que escribe carece de información, probablemente condifencial y delicada, o la subsecretaría deberá documentar con solidez esta afirmación porque de lo contrario la mayoría de los obispos católicos y un gran número de Iglesias estarían cometiendo faltas constitucionales. Muchos obispos son verdaderos factores de poder político y muchos políticos recurren a los religiosos para consolidarse. En el fondo religión y política en una sociedad laica son muy difícil de separar. Toda religión y todo discurso religioso son sociales y políticos en el sentido amplio y en el estricto también. Toda la dimensión religiosa, hasta el rezo del rosario tiene una repercusión política, nos decía un viejo profesor, esta distinción escolástica y tajante entre lo político y lo pastoral se antoja ingenua a estas alturas del país y probablemente peligrosa porque pone en evidencia desconocimiento de prácticas y la ausencia de un proyecto de Estado ante las Iglesias y ante las creencias. El camino debe ser otro, muy distinto al que se está tomando.