Ayer, en el seminario Las Políticas Sociales al Fin del Milenio, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el director del Progresa, José Gómez León, aportó algunas cifras sobre la alarmante pobreza que padecen extensos sectores de nuestra población; destacó que la miseria está presente en 28 de los 32 componentes de la Federación --es decir, casi en todo el territorio nacional-- y exhortó a la sociedad a que recupere ``la indignación por la pobreza''.

Este llamado es sin duda pertinente, pero no novedoso. Los propósitos oficiales para combatir y erradicar la pobreza han sido expuestos con tanta insistencia desde hace décadas, y han tenido tan magros resultados, que han terminado por convertirse en objeto de descrédito. Terminar con la miseria fue, por ejemplo, un objetivo explícito y harto publicitado en los gobiernos de José López Portillo (1976-1982) y de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Sin embargo, la extensión de la pobreza es hoy mayor que en 1976 y que en 1988.

Tras los quebrantos económicos que se iniciaron en diciembre de 1994, el gobierno actual ha optado por postergar la eliminación de las extremas carencias materiales, padecidas por una gran parte de la población, a una década imprecisa. En ese contexto, la misión del Progresa -instrumento por excelencia de la política social en este sexenio-- queda reducida a paliar y acotar tales carencias, no a erradicarlas. Por lo demás, los objetivos de esa política social resultan socavados por las prioridades fijadas en el modelo económico vigente, el cual privatiza ganancias, socializa pérdidas y se constituye, en esa medida, en una fábrica de pobreza y miseria. Baste, para citar una expresión concreta de esa política, mencionar el empeño oficial en convertir a los pobres del país en corresponsables de la deuda de medio billón de pesos que arrastra el Fobaproa, lo cual significa, en términos gruesos, aumentar en cerca de cinco mil pesos la deuda per cápita de cada habitante del territorio nacional.

La indignación por la pobreza es una actitud loable, pero inútil, si no ataca las causas que generan la carencia, y en esta lógica los objetivos de tal indignación deben ser, por una parte, las desigualdades históricas y heredadas, pero también, por la otra, el modelo económico que viene aplicándose desde hace dos sexenios y medio.

En su exposición en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el director del Progresa señaló que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca hay tasas de analfabetismo de 50 por ciento y 80 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra. Estos datos ponen en evidencia que, en esas entidades, son letra muerta diversos preceptos constitucionales, como el derecho de todo individuo a la educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria (Art. 3¡) y el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa (Art. 4¡).

Si el Estado ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de tales ordenamientos esenciales de nuestra Carta Magna, cabe preguntar en qué medida puede hablarse de imperio de la legalidad en las tres entidades referidas.

Finalmente, los datos proporcionados por José Gómez León ubican los mayores índices de pobreza, analfabetismo e insalubridad precisamente en los estados en los que han tenido mayor presencia los movimientos armados de distinto signo. Sería deseable, en consecuencia, que la indignación social demandada por el funcionario se tradujera en un clamor por enviar a esas regiones más médicos, más educadores, más trabajadores sociales y menos soldados.