El informe anual de Amnistía Internacional (AI) correspondiente a 1998, y dado a conocer ayer en varios puntos del planeta, es un documento justificadamente pesimista desde el título: Un año de promesas rotas. El organismo internacional humanitario hace notar que, a 50 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ``los gobiernos siguen pisoteando los derechos de sus ciudadanos para mantener el poder y los privilegios de unos pocos''.

Contra lo que pudiera pensarse, las violaciones a los derechos humanos no se constriñen a América Latina, Asia, Africa o a las naciones ex socialistas. Del informe de AI se desprende que en varias de las veteranas democracias de Europa occidental y en Estados Unidos las atrocidades del poder público suelen estar a la orden del día, como los maltratos policiales y las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Francia, Alemania y Reino Unido, y las infames ejecuciones, los abusos contra los migrantes y las vejaciones en perjuicio de los reos en Estados Unidos, cuyas autoridades, apunta el informe de AI, ``se autocalifican de líderes mundiales en la protección de los derechos humanos''.

Por lo que hace a América Latina, el documento de AI refiere una ``impunidad generalizada y endémica'', y permite concluir que los avances en materia de democratización registrados en la zona no se han traducido necesariamente en un fortalecimiento del respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades. Destacan, entre muchas otras violaciones, los abusos policiales en Argentina --que frecuentemente terminan en lesiones o muertes--; el accionar, en todo el territorio brasileño, de policías y escuadrones de la muerte vinculados a las fuerzas de seguridad, con un saldo de centenares de ejecuciones extrajudiciales; las atrocidades de grupos paramilitares y fuerzas armadas en Colombia; la existencia de medio millar de presos políticos en Perú; la persistente impunidad en torno a las desapariciones de personas en Argentina y Chile, y las nuevas desapariciones registradas en México y Colombia; el acoso y las agresiones --no pocas veces mortales-- contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y la existencia en Cuba --cuyas autoridades siguen negándole la entrada al relator especial de la ONU-- de varios centenares de presos de conciencia.

En el caso de nuestro país, el documento de AI presenta un panorama doloroso, vergonzoso e indignante: persistencia de la tortura, con un saldo de decenas de muertos --entre ellos varios niños--; decenas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por ``las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares''; cerca de 30 desapariciones perpetradas ``por agentes de las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército, casi siempre en el contexto de operaciones antidrogas y de contrainsurgencia''; encarcelamiento de ``decenas de personas que AI consideró presos de conciencia'', y amenazas de muerte u otros abusos contra ``centenares de políticos, activistas pro derechos civiles y testigos o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos''. El informe recoge, asimismo, ``las denuncias del fraude electoral cometido por el PRI en Campeche (que) provocaron protestas durante las cuales la policía golpeó a decenas de activistas del PRD''; el ataque armado de un grupo paramilitar contra los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera; las amenazas y las agresiones físicas de efectivos policiales contra periodistas; la persistente disposición de los tribunales a aceptar confesiones obtenidas mediante tortura y las agresiones policiacas --incluso violaciones-- contra niñas y niños de la calle.

A este recuento descorazonador debe agregarse la reciente determinación de las autoridades de expulsar del territorio nacional a observadores de derechos humanos y de establecer nuevos requisitos de admisión para defensores de estos derechos, medidas que AI considera ``sin precedentes en el continente'', y que podrían ``obstaculizar gravemente el seguimiento (...) de la información sobre presuntas violaciones e impedirles que reaccionen a tiempo ante situaciones de emergencia''.