Según el diario, los pasivos equivalen a 25 años de jubilaciones

La reforma para convertir en deuda pública el rescate de los bancos privados mexicanos, cuyo monto asciende a 65 mil millones de dólares, se convirtió para el gobierno del presidente Ernesto Zedillo en ``una bomba de tiempo política con mecha corta desde el momento en que la iniciativa llegó al Congreso, publicó ayer el diario británico Financial Times. El costo de la medida, afirmó el rotativo, equivale a las pensiones de jubilación de todos los mexicanos en los próximos 25 años.

Lo que cuesta la operación de rescate se ha convertido en el asunto decisivo en materia social y política de la presidencia de Zedillo, y amenaza con paralizar todas las futuras iniciativas de reformas estructurales. Hay 11 proyectos de ley en el Congreso, entre ellas la propuesta de otorgar al banco central el control sobre la política cambiaria y la supervisión bancaria, así como modificaciones a la ley sobre el sector, que eliminarían las restricciones a los extranjeros para poseer bancos mexicanos.

El más controversial aspecto del paquete es, sin embargo, lo relativo al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un fideicomiso público que inyectó fuertes cantidades de capital a los bancos durante la crisis económica de 1995. El Fobaproa adquirió también miles de millones de pesos de malos créditos en un plan de rescate del sistema bancario a tres años.

Los 65 mil millones de dólares del rescate bancario tienen un costo equivalente a las pensiones de retiro de todos los mexicanos en los próximos 25 años. Los pagos por intereses de la deuda del Fobaproa costarán un uno por ciento del PIB, o la mitad del presupuesto de salud del gobierno, indicó el diario británico.

El gobierno quiere consolidar los 65 mil millones de dólares del costo del rescate en la deuda pública del país, para lo que necesita la aprobación del Congreso. Pero los legisladores se han resistido, asegurando que equivale al 14.5 por ciento del PIB, y elevaría la deuda pública de 28 a 42 por ciento del PIB.

Los partidos de oposición, que tienen el control del Congreso, aprovecharon el asunto para poner a la élite tecnocrática en juicio, afirmó el diario. El gobernador del Banco de México, y ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, así como Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrían enfrentar un enjuiciamiento o censura (impeachment), si el Congreso determina que actuaron indebidamente en el rescate de los bancos en problemas, agregó.

El rescate bancario, dicen legisladores de oposición, fue realizado con poca transparencia y sin consultar al Congreso, en la peor tradición del capitalismo mexicano. Aún ahora, continúa el reporte publicado ayer, el gobierno se ha resistido a proporcionar información sobre los créditos malos, o los nombres de las principales empresas deudoras, que precipitaron la crisis al fallar en cubrir sus obligaciones.

El gobierno alega la inviolabilidad del secreto bancario, que impide descubrir los contratos confidenciales de los créditos, pero los diputados sospechan que es una excusa para proteger a los banqueros y a la operación de rescate del escrutinio público.

El escenario se complica con los numerosos escándalos de fraude y lavado de dinero que han manchado la reputación del sistema financiero mexicano, el cual, dicen los legisladores, podría multiplicar el costo del rescate bancario.

Aun en los bancos que escaparon a la intervención del banco central, la práctica de otorgar fuertes créditos a directores ejecutivos y a empresas cuyos dueños son accionistas principales está ampliamente esparcida, y es tolerada por las autoridades bancarias mexicanas. Cuando los créditos se volvieron incobrables, fueron cambiados por bonos gubernamentales, aunque los accionistas fueron requeridos para recapitalizar sus bancos a fin de calificar para el intercambio de bonos por deuda.

Como resultado de esto, el Congreso ha seleccionado un equipo internacional de auditores, para inspeccionar los activos inscritos en el Fobaproa y determinar cuáles están coludidos entre funcionarios gubernamentales y banqueros en la operación de rescate. Se espera que la auditoría tardará 5 meses, para desgracia del gobierno, que desea tener su paquete de reformas financieras aprobado antes de embarcarse en las negociaciones sobre el presupuesto de 1999, el cual debe ser presentado al Congreso en noviembre.

Asimismo, la administración de Zedillo teme que una prolongada confrontación con el Congreso sobre el rescate bancario provoque una fuga de capitales y evite el objetivo del gobierno de terminar su mandato de seis años sin crisis económica, indicó Financial Times.