Cada año la organización humanitaria Amnistía Internacional, que justamente fue galardonada el 10 de diciembre de 1977 en Oslo con el premio Nobel de la Paz, y este año celebra su 37 aniversario, emite un informe anual sobre las situaciones y casos más notorios de violaciones a los derechos humanos que son parte de su mandato y de los que ha tenido conocimiento en los más de 160 países y territorios en los que tiene presencia. El pasado miércoles dio a conocer internacionalmente su Informe de 1998, que lleva tristemente como subtítulo Un año de promesas rotas, en el que consigna puntualmente los principales casos y situaciones de violaciones a los derechos humanos en 191 países y territorios del mundo.

Desde 1975 México ocupa un lugar en ese escrutinio, y este año tiene el número 90 de la lista alfabética, ocupando ocho columnas su informe, entre las páginas 291 y 295. Las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con nuestro país, coinciden plenamente con los señalamientos de las organizaciones ciudadanas nacionales más serias de derechos humanos. Tales son los casos de la práctica sistemática de la tortura como método de investigación judicial y como fuente de información policiaca, de la desaparición forzada de personas, del creciente número de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, del hostigamiento y acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos, de la militarización de las corporaciones civiles de seguridad, del uso discrecional del Ejército en operaciones contra el narcotráfico y de contrainsurgencia, de la impunidad de los grupos paramilitares, y de las restricciones al trabajo de los observadores internacionales.

Sobresale al final del Informe el balance que se hace de la actitud poco inteligente y menos cordial del gobierno mexicano hacia este movimiento ciudadano internacional de activistas voluntarios de derechos humanos, que entre otras cosas mantiene relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos, la Unión Interparlamentaria y la Organización de la Unidad Africana, y en los últimos meses ha sido consultora del secretario general de la ONU y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

``En septiembre --dice el Informe-- una delegación de alto nivel de Amnistía Internacional (en la que se encontraba por unos días el propio secretario general de la organización) visitó México. Los delegados dirigieron al gobierno un memorando en el que se hacía hincapié en la necesidad de poner fin a las graves violaciones de derechos humanos y la impunidad imperante, y asimismo de implantar reformas en la administración de justicia. Los delegados no pudieron reunirse con algunas autoridades relevantes (como se sabe, se trata del secretario de Relaciones Exteriores y el Presidente de la República), aunque sí mantuvieron conversaciones con el procurador general de la República y con los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia. En octubre, la organización se reunió con el presidente Zedillo durante su visita a Francia y le presentó el memorando''. Lo que en forma tan recatada y respetuosa informa Amnistía Internacional, fue en realidad uno de los escándalos diplomáticos internacionales más comentados en el mundo, del que nuestro gobierno difícilmente pudo librarse.

Más grave resulta el señalamiento de Amnistía Internacional sobre la respuesta de las autoridades mexicanas en el caso de Acteal: ``En diciembre, Amnistía Internacional pidió que los responsables de la matanza de Acteal fueran procesados, e instó al presidente Zedillo a garantizar que se llevaría a cabo una investigación pública e independiente sobre las denuncias que apuntaban a la implicación de grupos paramilitares en ésta y otras matanzas anteriores. Las autoridades rechazaron el llamamiento como ``un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México''.

La organización internacional añade que durante este año emitió decenas de llamados a favor de las víctimas de los derechos humanos en México, y que las autoridades mexicanas contestaron a muchos de estos llamados, pero no respondieron satisfactoriamente a las preocupaciones de la organización.