A la disputa pública entre los militares en retiro -cómplices o autores de la terrible represión que ensangrentó a Argentina en la década de los setenta- y la justicia, se une ahora la riña tradicional entre la Marina y el Ejército: mientras el ex integrante de la Junta Militar, almirante Massera, hace mención de los generales homosexuales que permiten que sean juzgados criminales genocidas, como su colega el ex teniente general Jorge Videla, el comandante en jefe del Ejército, general Balza, declaró que éste fue degradado al ser condenado por sus delitos y no es más que un civil.

De este modo, existen en Argentina quienes quieren enterrar el pasado y quienes pretenden, por el contrario, hacerlo revivir justificando los crímenes de la Junta y amenazando con repetirlos, como el propio Massera, también culpable de torturas, genocidio y de la organización de los generales retirados que temen ser implicados en el juicio a Videla. La tensión en el país aumenta en el campo castrense, con la particularidad de que los mandos están hoy divididos no sólo entre los que, en actividad, optan por acatar el poder civil y la justicia y los que, en retiro, siguen conspirando y haciendo complots; sino también entre las diversas fuerzas que ya se inculparon mutuamente del desastre provocado por ellas mismas durante la aventura bélica de las Malvinas.

A esta situación se agrega el escándalo de la venta de armas a Ecuador, entonces en guerra con Perú, incluso durante la mediación de Argentina en ese conflicto, y a Croacia, en el mismo momento en que se enviaban soldados argentinos al contingente pacificador de la ONU durante la guerra que opuso a croatas y serbios en sus respectivas repúblicas y en Bosnia.

Así, en plena crisis política y en un periodo donde se ha abierto ya la campaña preelectoral por la presidencia de la República, el gobierno del presidente Menem se encuentra en una encrucijada, pues debe tratar de calmar a una parte importante del medio castrense y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente sed de justicia de una sociedad civil que, alentada incluso por la presión internacional y por investigaciones judiciales en Europa sobre el problema de la represión durante la dictadura, no tolera más la impunidad legal de los militares.

Si la entrega por parte del gobierno argentino de un criminal de guerra croata y del nazi Kappler -a casi 50 años del conflicto bélico- demuestra que el delito de genocidio no prescribe, es lógico que la sociedad civil argentina, con los nuevos elementos de que dispone, reabra el caso de Videla y de todos sus cómplices, sin que tenga validez el argumento de que se trata de asuntos ya juzgados, pues los criminales recibieron la aministía del gobierno de Menem por delitos diferentes a los que hoy se les imputan: el secuestro organizado de bebés y la entrega de los mismos a los torturadores y asesinos de sus padres.

Un problema legal cubre así una cuestión política decisiva, como es la vigencia de la Constitución argentina, que declara a los golpistas infames traidores a la patria. Y el presidente trata de salvar a Videla y también a la amnistía que le concedió, mientras el comandante en jefe del Ejército señala como aberrantes los crímenes de la Junta Militar y dice que ningún efectivo castrense es más que un ciudadano en uniforme y, por consiguiente, está sometido, como todos, a la majestad de la justicia.

Desde 1930, Argentina ha convivido con la amenaza constante de golpes militares y con el funcionamiento de los mandos castrenses como parlamento y justicia paralelos, al margen de la sociedad y sobre ésta. Todavía no ha podido construir una sociedad civil democrática capaz de imponerse, y cuando parece estar haciéndolo reaparecen los monstruos del pasado, con sus nombres, apellidos y oficios de siempre, para tratar de impedírselo. Sin embargo, los que asesinaron, torturaron y secuestraron recién nacidos en el supuesto nombre de la civilización occidental y cristiana, de la familia y del orden amenazado por al subversión, están hoy aislados, son repudiados por la Iglesia y carecen de justificaciones en un mundo que declara ser democrático y donde ha desaparecido la ``amenaza'' del comunismo. Es probable, por lo tanto, que este intento de revivir el pasado fracase y arrastre incluso en su derrota a quienes, desde el gobierno argentino, tergiversan en la defensa de la Constitución.