Nombres de los ``megadeudores'' del caso Fobaproa, exige Cárdenas

Ricardo Olayo Ť El gobierno federal debe dar a conocer los nombres de los más de 600 grandes deudores que, amparados en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) han puesto en riesgo de quiebra los sistemas bancario y financiero del país. Asimismo, debe hacerse pública la situación patrimonial de las empresas o grupos financieros en cartera vencida, porque ``seguramente'' hay casos en que con recursos propios podrían hacer los pagos, señaló el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas.

A este asunto se le debe dar un manejo no sólo político y financiero, como hasta ahora, sino fincar responsabilidad penal a quienes hayan impuesto esta ``fuerte carga'' a la economía del país, sostuvo Cárdenas Solórzano al participar en una reunión nacional de El Barzón, en la que esa organización presentó una nueva propuesta para que se apoye directamente a los deudores y se fijen tasas que en ningún caso excedan 12 por ciento anual.

Cárdenas dijo que se tienen que conocer los nombres de quienes adeudan al Fobaproa, pues no se puede dar un trato igual a aquellos que efectivamente tienen un débito y a los que incurrieron en ``malos manejos'' o han recibido privilegios de ``quienes toman decisiones en el mundo financiero nacional''.

Asimismo, anunció que propondrá revisar las leyes del Distrito Federal para tipificar la usura como delito penal, pues quienes incurren en esta práctica se aprovechan de la gente necesitada.

Con El Barzón, ``organismo con el que he coincidido, al igual que el Partido de la Revolución Democrática'', se puede diseñar una propuesta legislativa que permita especificar los montos del patrimonio familiar inembargables en caso de litigio, agregó.

Las deudas de los barzonistas, a quienes de un día a otro les cambiaron las reglas para pagar sus créditos, no son las mismas que las del Fobaproa, con ``grandes grupos financieros que han llegado a situaciones de insolvencia y que ponen en riesgo el sistema bancario nacional por ineficiencias, en el mejor de los casos, y por malos manejos en muchos otros''.

Lo grave, agregó, es que convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa (más de 552 mil millones de pesos) reduce las posibilidades de que la capacidad de endeudamiento del gobierno sirva para financiar proyectos productivos o de política social.

Cárdenas consideró ``importante que quienes aspiramos a un país más justo vayamos tomando posiciones en torno a los grandes problemas del país'', y uno es el de los deudores.

En entrevista posterior, dijo que su participación en este acto nada tenía de extraño y que tampoco estaba preparando terreno para las elecciones presidenciales del 2000, pues el PRD es el que debe designar candidato.

El Barzón: cinco años en lucha

A casi cinco años de su creación y de sobrevivir a los intereses elevados y a las presiones de los bancos, El Barzón se mantiene en lucha. El presidente de la República, Ernesto Zedillo, debe hablar sobre el tema y dar un principio de solución, sobre todo por los malos manejos del Fobaproa, sostuvo el consejero nacional Alfonso Ramírez Cuéllar.

Liliana Flores Benavides, también consejera de El Barzón, presentó la propuesta de apoyo a los deudores, cuyo primer paso consiste en definir el universo de participantes. Explicó que se debe tratar de personas con créditos contratados hasta diciembre de 1994; aplicar tasas fijas pero diferenciadas según el tipo de crédito y el monto, y en ningún caso la tasa de interés podrá ser mayor a 12 por ciento anual.

El pago mensual no podrá exceder 30 por ciento de los ingresos del titular del adeudo. Los insolventes, jubilados y pensionados, así como los afectados por heladas, incendios forestales u otra contingencia natural, tendrán opción a una ``solución especial''. Para ello se plantea crear un fideicomiso de inversión que permita la capitalización de proyectos productivos y que sea la base de una financiera social. Además, se propone crear un organismo con pleno reconocimiento para la solución de controversias mercantiles y financieras en el ámbito extrajudicial. Esta propuesta no se puede desdeñar, pues luego del escándalo del Fobaproa ``es un imperativo moral aprobar un programa integral de apoyo directo a los deudores'', subrayó Benavides.