La Jornada domingo 21 de junio de 1998

UNA COOPERACION POCO EFICAZ

El balance en torno de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se realiza en la ciudad de Morelia es, como ha sucedido en años anteriores, pobre y de escasa repercusión, no sólo porque durante sus sesiones no se alcanzan acuerdos concretos que permitan atender de manera eficaz los múltiples asuntos que integran la agenda bilateral, sino porque en múltiples ocasiones las políticas en materia de cooperación provienen -especialmente en México- del Poder Ejecutivo o vienen condicionadas, en el caso de Estados Unidos, por decisiones previas de sus órganos camarales. La Interparlamentaria queda, así, reducida a un mero intercambio, en ocasiones tenso, de opiniones, pero muy poco de lo que en ella se debate y acuerda contribuye efectivamente al mejoramiento de las relaciones entre ambos países.

El Parlatino o el Parlamento Europeo, por ejemplo, pueden desempeñar un papel importante -a pesar de no tener más que una función consultiva y propositiva- porque en ellos los diversos participantes encuentran terrenos comunes no sólo frente a terceros, sino también ante los grandes problemas. La Interparlamentaria, por el contrario, no es en realidad más que un instrumento para el conocimiento mutuo, pues la mayoría de las veces las estrategias en materia de migración, narcotráfico o preservación del medio ambiente son definidas en cada país o, en casos como el operativo Casablanca, aplicadas unilateralmente a contrapelo, incluso, del derecho internacional.

En ese sentido, los parlamentarios estadunidenses tienen razón cuando afirman que las leyes migratorias adoptadas por Washington son una resolución soberana de ese país, pero se equivocan si consideran el fenómeno migratorio como una cuestión estrictamente nacional. Asuntos como la continua violación de los derechos humanos de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos rebasan la esfera de los países y se sitúan en el ámbito de las garantías universales que deben ser cumplidas por todas las naciones, y cuya vigilancia y exigencia de respeto compete a toda la humanidad. Algo similar puede afirmarse en el caso de la presión o la insistencia estadunidense en relación con los derechos humanos en Chiapas.

Las preocupaciones ecológicas, igualmente, no conocen las fronteras, ya que la venta aquí, por firmas estadunidenses, de insecticidas y productos considerados ilegales en ese país o los desastres y las carencias en la prevención ambiental al sur o al norte del río Bravo afectan todo el clima norteamericano y mundial, sin reconocer linderos ni depender de resoluciones ejecutivas o parlamentarias locales. En cambio, acciones como el operativo Casablanca vulneran premeditadamente la soberanía y las leyes mexicanas, pasan por alto los acuerdos bilaterales suscritos por México y Estados Unidos y erosionan la necesaria cooperación internacional que exige el combate al narcotráfico.

Sería útil, en ese sentido, transformar la relación interparlamentaria en un flujo continuo de información sobre problemas como la droga, el ambiente, las migraciones, los derechos humanos, las leyes sociales respectivas, las experiencias en el campo de la educación y la investigación, para poder discutir en conjunto soluciones binacionales o multilaterales, eliminar suspicacias y asperezas y coordinar posibles campos comunes de combate a la delincuencia y de promoción del bienestar social.

El Congreso de Estados Unidos es muy celoso, justamente, de su independencia y sus prerrogativas frente a la Casa Blanca; en México, en cambio, sólo en fechas recientes la Cámara de Diputados ha alcanzado la pluralidad suficiente para comenzar a quitarse las ataduras del Ejecutivo y cobrar un peso político propio y una capacidad de acción y resolución independientes. En esa lógica, la Interparlamentaria podría tener una función de análisis y cooperación que ampliara el margen de maniobra de los congresos en las decisiones que atañen a ambos países, y podría funcionar como una instancia en la que los legisladores hicieran valer las opiniones y las exigencias de sus electores en el ámbito de las relaciones bilaterales.