Privan impunidad y manipulación a seis meses de la matanza de Acteal
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de junio Ť Un funcionario de tercer nivel de Seguridad Pública, siete efectivos rasos y tres con mando; un ex militar, soldado raso también, y 94 indígenas originarios de Chenalhó, entre ellos el que fungiera como presidente municipal el 22 de diciembre pasado, son señalados como responsables de la muerte de los 45 indígenas de Acteal.
Según la fiscalía especial para el caso, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y testigos presenciales, la matanza fue perpetrada por más de medio centenar de hombres uniformados que portaban armas de alto poder y rifles; además, tuvieron tiempo y recursos para organizarse, armarse y entrenarse. Esto lo sabían el gobierno y cientos de militares y policías alertados por la muerte previa de más de 30 personas en la zona.
Pese a la recomendación 01/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a seis meses de la masacre no se ha fincado responsabilidad penal o administrativa a ninguno de los 14 funcionarios también involucrados en los hechos, entre ellos el propio ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y el que fue procurador de Justicia estatal, Marco Antonio Besares Escobar.
De los 97 detenidos la defensoría de oficio lleva el caso de 94, pues el general ex jefe de asesores de la Coordinación de Policías del Estado, Julio César Santiago Díaz, y los comandantes Roberto Rivas y Roberto Méndez, cuentan con recursos para tener un abogado particular. Según la causa penal 28/98, los tres son presuntos culpables de los delitos y lesiones por omisión, pues estaban a la orilla de la carretera de Acteal cuando se cometió la matanza y pese a escuchar disparos y ráfagas de metralleta se abstuvieron de intervenir y solicitar apoyo a los destacamentos más próximos de Seguridad Pública; incluso reportaron que ``no había novedad'' en la región.
Las detenciones
Del resto, los abogados que llevan sus procesos, contenidos en 10 expedientes penales, coinciden: existe un promedio de 80 por ciento de los procesados que se ajustan a la verdad al argumentar su inocencia. Los indígenas fueron detenidos por grupos, a cuatro días de la masacre se aprehendió a 16 originarios de diversas comunidades de donde habían huido más de 6 mil desplazados, bases de apoyo del EZLN, que iban en una camioneta cuando pasó el cortejo fúnebre; la PGR argumentó que de no haberlos detenido, la gente los hubiera linchado. No había investigación previa ni señalamientos directos en su contra.
Otro grupo de 24 indígenas fue invitado por funcionarios del gobierno el 27 de diciembre a un supuesto diálogo que se iba a llevar a cabo en San Cristóbal de las Casas. Fueron traídos directamente a los separados de la PGR en esta capital y luego fueron remitidos al penal de Cerro Hueco.
El 4 de marzo, 35 personas más fueron convencidas de comparecer ante la PGR durante un periodo máximo de tres días, demostrar su inocencia y coadyuvar a la reconciliación y tranquilidad de su región. Llegaron por su propio pie a San Cristóbal e incluso se les permitió ir a comer al mercado.
De ahí, en medio de un fuerte operativo de seguridad, en vez de llevarlos a las oficinas de la Procuraduría fueron confinados directamente a Cerro Hueco. Tan inocentes de los cargos que les imputan se consideraban que incluso Florentino Pérez Jiménez, quien llegó tarde a la cita, tomó un autobús que lo trajo a Tuxtla, se dirigió a las oficinas de la PGR, en donde sin explicación fue llevado al reclusorio. Ante eso, autoridades de Chenalhó, entre ellas el edil Pedro Mariano Arias, se sintieron engañadas; ``quien la debe la pague, pero quien es inocente no tiene porqué estar encerrado'', dijeron.
A su vez, la coordinación de abogados defensores indicó que ``se ha comprobado en las audiencias que los acusadores caen en muchas contradicciones, muchos dicen haber estado en el lugar de los hechos, pero no pueden describir con precisión qué es lo que estaba pasando e incluso no identifican a los inculpados ni cuando ellos están presentes''.
La defensa sostiene que la detención fue una acción anticonstitucional, porque los hechos ya habían ocurrido, cuando ya no había flagrancia, sin orden de aprehensión y sin que hubiera señalamientos claros en su contra.
Las declaraciones ministeriales fueron manipuladas. De los 94 expedientes sólo cinco personas son confesas, a una de ellas, Tomás Pérez Méndez, se le amenazó con lanzarlo desde el helicóptero en el que lo llevaban y lo hicieron firmar una declaración donde inculpaba a los demás. En la ampliación todos han negado lo que supuestamente afirmaron en los primeros interrogatorios, en los que no tuvieron traductor ni abogado.
Los indígenas inculpados son militantes de partidos u organizaciones contrarias a las de los masacrados; sobre las acusaciones que se han desvanecido no hay ninguna prueba en su contra, sostienen los abogados. Las únicas armas encontradas son un rifle viejo y varios cartuchos afuera de la casa de uno, pero no se comprobó que hayan sido usados en la matanza.
En el caso de los policías, su presunta culpa es haber permitido el libre tránsito de personas armadas. Ellos argumentan que recibían instrucciones de sus superiores. Si así hubiera sido, su delito no es el de portación de arma de fuego, del cual los acusan, sino el de ejercicio indebido del servicio público.
Argumentan que en diversas ocasiones informaron de la presencia de personas armadas y pruebas de ello es la fotografía que tomaron --en la que aparece un civil armado junto a varios policías-- con la intención de mostrarlo a sus superiores para que si en un determinado momento los querían involucrar, demostrar que ellos sí habían dicho la verdad.
La defensa sostiene que en un año a partir de la fecha en que fueron consignados, más de 80 por ciento de los inculpados saldrán libres.
Juan Balboa, corresponsal, Acteal, Chis., 21 de junio Ť En este pequeño poblado se construye una espaciosa iglesia con ladrillos y cemento. En el lugar donde fueron asesinadas 45 personas, caminan con la vista perdida los diez indígenas tzotziles que la masacre perpetrada hace seis meses convirtió en viudos.
En Acteal no se habla de las viudas, todos sin excepción se refieren siempre a los diez hombres que perdieron a sus esposas el 22 de diciembre de 1997, y a los cerca de veintisiete huérfanos que cargan, visten, alimentan y cuidan. La mayoría de ellos no ha podido trabajar el campo: los hechos violentos cometidos por los paramilitares priístas provocaron que cambiaran el machete por la cocina y el azadón por el cuidado cotidiano de sus hijos.
Vicente Jiménez Santiz, uno de los viudos de Acteal, tiene a su cargo el cuidado de sus siete hijos. Su mujer, Juana Luna Vázquez, fue asesinada al igual que su hija mayor. De la noche a la mañana tuvo que asumir el doble papel de papá y mamá y, al igual que los demás viudos, sufre de estrés postraumático.
La historia de Mariano Luna Ruiz es parecida a la de Vicente: con siete hijos -uno de ellos lesionado por los paramilitares- vive enclaustrado en la vida cotidiana del hogar y con recuerdos del asesinato de su mujer, Juana Pérez Pérez, quien en el momento de su muerte estaba embarazada.
La vida de los viudos de Acteal ``no es fácil'', aseguran tres de ellos, pues pasaron en un abrir y cerrar de ojos del campo a la cocina. ``Nuestros hijos son lo más importante. Su madre fue muerta, sus hermanas asesinadas; no nos queda ninguna mujer que los cuide, todo nos los dio Dios a nosotros los hombres'', señalan.
Las historias recientes de cada uno de estos hombres se escriben de forma diferente: Victorio Gómez Pérez, esposo de Catarina Luna Pérez (quien tenía un embarazo de seis meses el día de la matanza), es padre de Efraín Gómez Luna, el niño de dos años de edad que fue baleado en el maxilar inferior y es uno de los menores que los paramilitares intentaron ejecutar.
Hoy Efraín necesita de un cuidado especial. ``Victorio no sabía cargar al niño y aprendió a hacer comida especial para su hijo después de la masacre. Ahora asume los dos papeles: de padre y madre'', platica la abogada Martha Figueroa Mier, defensora de los deudos de Acteal y miembro del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem).
Agrega: ``Victorio es tierno, pero sufre de problemas sicológicos graves'', precisa en la plática sobre los viudos de Acteal. La abogada señala que veinte familias integran el árbol genealógico de las víctimas de la matanza. Confirma que la masacre del 22 de diciembre del año pasado dejó 35 niños huérfanos (a ocho de ellos les mataron a sus padres y madres), 10 viudos y dos viudas.
Manuel Gómez Pérez, Francisco Vázquez Hernández, José Méndez Paciencia, Mariano Vázquez Ruiz, Manuel Pérez Arias, Antonio Méndez Hernández y Manuel Méndez Paciencia son los nombres de los otros hombres que perdieron a sus esposas. De éstos, los dos últimos -Antonio Méndez Hernández y Manuel Méndez Paciencia- se hacen cargo de cinco hijos cada uno, enmedio de ``una crisis total al no saber'' cómo cuidar a los niños y mantener presente el asesinato de sus mujeres que fueron ultrajadas y mutiladas.
Una investigación del grupo de personas que encabeza la abogada del Colem indica que las únicas viudas son Verónica Pérez Oyalté y Juana Pérez Arias, esta última anciana que perdió a su esposo Manuel Santiz Culebro, de casi 70 años de edad.
``La sangre de nuestros muertos no cuesta dinero''
Para el gobierno de Chiapas, los muertos de Acteal están devaluados; valen menos que en cualquier otra parte de la República Mexicana. Sin haberse logrado el pago de la indemnización y después de un largo camino de identificación de los 45 cadáveres que concluyó apenas el 11 de junio, las autoridades chiapanecas de- cidieron pagar 35 mil pesos por cada persona asesinada, es decir, diez mil pesos menos por lo que se pagó por los muertos de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.
``La primera información que tenemos del gobierno es que daría 35 mil pesos por cadáver (sin importar sexo o edad). Desconocíamos el criterio de indemnización, aunque alguien decía que era el de la Ley Federal del Trabajo.
``Intentamos conocer antecedentes de indemnizaciones anteriores y estaba el caso de Aguas Blancas, hace dos años, donde el gobierno de Guerrero había pagado 45 mil pesos por cada cadáver, todos ellos eran personas hombres, campesinos mayores de edad. Aquí son familias enteras afectadas. Insistíamos en preguntar cuál era el criterio, nunca lo supimos. Lo que sí comprobamos es que en Chiapas a los muertos los devaluaron'', explica Figueroa, representante legal de los deudos.
Recuerda que la identificación de los cuerpos fue un difícil camino que concluyó apenas el 11 de junio. Las autoridades estatales, agrega, no querían aceptar las identificaciones de cada uno de los cuerpos para dar las indemnizaciones; además, los juicios de tutelaje, ``que aún no terminan'', retrasaron bastante esos pagos.
En una ocasión intenté explicar a las familias que el gobierno estaba entregando el dinero sin ningún criterio, sin un estudio previo para saber cuánto pagar a siete niños que quedan huérfanos, porque la madre fue asesinada. Expuso en una reunión con las familias de Acteal que era importante exigir una indemnización mayor de 35 mil pesos para asegurar el futuro de los huérfanos.
``Ellos me dijeron: nosotros no vamos a negociar nada. Deben pagar los que mataron, y si el gobierno participó, que pague. El gobierno debió haber pensado antes en la gente que quedaría viva. Si quiere dar 35 mil pesos se les van a recibir, porque los niños lo necesitan. No vamos a pelear si es más o es menos, porque la sangre de nuestros muertos no cuesta dinero; no vamos hacer igual que el gobierno, no vamos a ponerle precio a la sangre de los muertos.''
Entendí entonces la razón de no exigir una cantidad mayor de indemnización, explica la abogada.
La representante legal de los deudos ante el gobierno del estado confirmó que apenas en abril se conformó el Fideicomiso Acteal, donde fueron depositados más de un millón y medio de pesos para ser entregados posteriormente a los deudos. Y no sólo los muertos se devaluaron, sino también los heridos, pues a sólo dos de los 21 se les reconoció la pérdida permanente de sus funciones y recibirán 25 mil pesos.
Entre los viudos, las viudas y los huérfanos hay un problema serio de salud mental que en un principio se planteó como parte de la indemnización, por lo que de modo urgente se debe aplicar un proyecto de atención sicológica a estas personas; todos sufren de estrés postraumático, agregó la abogada y explicó: ``Veo un gran sentimiento de culpa de unos y otros. Culpa de `por qué quedé yo vivo, por qué las dejé'. Los hombres siempre pensaron que a las mujeres no las iban a tocar y que ellas estaban seguras en el campamento haciendo oraciones, pero se equivocaron''.