Juan Carlos Miranda Arroyo
Ciencia y tecnología en el Bajío

El pasado 18 de mayo se publicó la cuarta convocatoria anual del Sistema de Investigación Miguel Hidalgo (Sihgo), instrumento creado recientemente para financiar la ciencia en el Bajío, administrado por el Conacyt, y que cuenta con la participación de los gobiernos de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. El Sihgo es una opción más para que la comunidad científica en esa región presente solicitudes de apoyo financiero, a efecto de realizar proyectos de investigación o desarrollo tecnológico dentro de la zona que comprende esos cuatro estados.

A propósito de la publicación de dicha convocatoria, conviene hacer algunas consideraciones sobre las políticas adoptadas en torno a los recursos humanos dedicados a la ciencia en el Bajío, así como los criterios aplicados para la distribución y seguimiento de los recursos financieros disponibles.

1) El Sihgo forma parte de la red de Sistemas de Investigación Regionales (SIR), promovida desde hace algunos años por el Conacyt, una modalidad diseñada por los directivos de ese organismo para coordinar los esfuerzos financieros hacia la investigación que se realiza en todo el país, y cuyo propósito es impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. El objetivo principal de la red SIR es alentar la participación de los sectores social, productivo, académico y gubernamental a favor del desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología, dentro de un esquema autodenominado ``solución de problemas específicos'' de cada región.

2) Desgraciadamente, el Sihgo, como los demás sistemas regionales, parece buscar salidas al excesivo centralismo con que se han dirigido -desde hace varias décadas- los esfuerzos para apoyar las actividades de investigación en México. Vayamos a los datos: la comunidad de investigadores integrantes del SNI que trabaja en esa zona está integrada por 347 especialistas (según datos oficiales de 1996), quienes representan casi 6 por ciento de la comunidad científica nacional. Para evaluar las proporciones de ese dato, recordemos que la UNAM registra, por sí sola, más de mil 900 miembros en el SNI, lo que da una idea acerca del desequilibrio existente en la distribución de los recursos humanos para la ciencia en el país.

3) Ahora que están de moda los programas de contingencia ambiental, el SIR y otros instrumentos guardan con ellos una gran similitud, pues han sido creados para evitar la desaparición de grupos e instituciones dedicadas al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en las entidades federativas. En esas circunstancias, el Sihgo está funcionando en condiciones precarias, ya que cuenta con recursos limitados, por lo que se coloca en uno más de los ``programas compensatorios de financiamiento'' para la ciencia.

4) Entre todas las limitaciones u obstáculos que enfrenta el Sihgo, se observa también la lentitud con la que se entregan los recursos a los proyectos aprobados. Una meta por alcanzar, en lo inmediato, es que tales recursos sean entregados en forma expedita y sin mediaciones burocráticas.

5) La credibilidad de esos sistemas ha venido a la baja, pues se desconoce el monto total de los recursos y la manera como se distribuyen; el investigador regularmente se pregunta: ¿a partir de qué criterios y con base en qué normatividad se realiza la distribución? Según fuentes confiables y del más alto nivel, el año pasado el Sihgo dejó de ejercer unos 700 mil pesos destinados al apoyo de proyectos de investigación en la zona, debido a que los afortunados ganadores -evaluados rigurosamente por los comités- no agotaron el total de recursos disponibles durante 1997. Al parecer, ese remanente será agregado a la bolsa del presente año; pero, ¿a cuánto ascenderá el total de recursos autorizados para el ejercicio de 1998? ¿Cómo se normará su distribución?¿Qué áreas temáticas o campos disciplinarios son prioritarios?

6) La investigación de encargo, o que sirve para solucionar problemas del beneficiario, es la que recibe apoyo en ese tipo de financiamiento, debido sobre todo a que los beneficiarios pertenecen a los sectores social, productivo y gubernamental. En medio de ese parámetro solucionador, la investigación científica se vuelve poco a poco un servicio parecido al de la relación cliente-proveedor; con esa lógica, quien intente dar respuestas a problemas teóricos o metodológicos poco tangibles, quedará seguramente fuera de la repartición de fondos.

Es evidente que existen aún serios problemas para desarrollar actividades científicas en condiciones dignas y sin discriminaciones administrativas en el Bajío. Sin embargo, no podríamos dejar de apreciar una virtud en la convocatoria que hoy analizamos: por primera vez son reconocidos como válidos diversos campos de investigación (cultura científica y tecnológica, grupos étnicos, estudios de género, etc.) que antes eran marginados sin argumentos sólidos por los administradores del sistema. Enhorabuena.

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