Huyeron 2 mil indígenas tras la reciente incursión en El Bosque

Blanche Petrich, enviada /I, Altos de Chiapas Ť La violenta incursión de la policía estatal y del Ejército federal en las comunidades del municipio El Bosque, o San Juan de la Libertad, conforme a la nomenclatura zapatista, lanzó a los montes a dos mil desplazados. Estos se suman a los más de siete mil de San Pedro Chenalhó, concentrados en Polhó, sede del concejo autónomo de ese municipio; a los mil ocultos en la selva Lacandona desde abril en la región de Las Cañadas --la única ``zona de conflicto'' reconocida como tal-, y a los 6 mil desarraigados desde hace tres años en el norte chol del estado.

Chiapas es escenario de una nueva forma de refugio interno: 16 mil desplazados sitiados militarmente, sin reconocimiento de ninguna institución oficial y al margen de cualquier proyecto asistencial del gobierno.

En el clímax de la guerra en Guatemala (1981-1983), Chiapas recibió decenas de miles de refugiados, 45 mil reconocidos oficialmente. Recién llegados formaban inmensas colonias de desnutridos, cobijados bajo enramadas endebles, exhaustos, siempre al borde de la hambruna y el cólera.

Los asentamientos de los 80 en Chajul y Puerto Rico, en Ocosingo, guardan gran parecido con el enorme campamento de hoy en Polhó. La diferencia es que éstos no han cruzado la línea de la frontera. Ni siquiera han salido de los márgenes de su propio municipio, sino que permanecen en el corazón del conflicto que los hizo huir. La semejanza es que huyen de lo mismo que aquellos otros mayas: el exterminio.

Los chiapanecos que no forman asentamientos y permanecen en la selva o en las rocosas montañas de los Altos repiten la terrible épica de sus vecinos, los guatemaltecos que nunca llegaron a cruzar la línea fronteriza y que, integrados en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia, sobrevivieron una década en la selva del Ixcán bajo los bombardeos de la fuerza aérea de su país y sin acogerse nunca a las aldeas modelo de la contrainsurgencia.

De los desplazados más recientes -comunidades de Unión Progreso, Chavajeval, San Antonio El Brillante, San Cayetano y San Pedro Nixtalucum- nada se sabe, sólo que las mujeres, ancianos y niños de esos pueblos deambulan en los picos de las montañas áridas y rocosas que coronan el municipio de El Bosque.

En Comitán, entre tanto, en un acto del pasado 16 de junio, el gobierno federal representado por el subsecretario de Gobernación Fernando Solís Cámara dio formalmente vuelta a la página de la etapa de los refugiados guatemaltecos que llegaron aquí al principio de la década pasada.

El actual gobernador interino, Roberto Albores Guillén, aceptó comenzar la fase de reintegración local de los refugiados que no desean retornar, al tiempo que se acelera el proceso de repatriación para el resto, a lo que se negaba su antecesor Julio César Ruiz Ferro. Con ello, el episodio del refugio guatemalteco llega a su término con un final feliz.

Y el drama de los desplazados chiapanecos -casi 16 mil, generados en un plazo de tres años- existe muy marginalmente. Los funcionarios federales no lo mencionan; los estatales, casi nunca, y las acciones de asistencia gubernamental en los grandes asentamientos son casi nulas, salvo que se trate de los pequeños núcleos de población desplazada por la presión de la expansión zapatista.

En Polhó nadie duerme

De los 52 caseríos y localidades que conforman el municipio de Chenalhó, 100 por ciento tzotzil, 38 comunidades han sido obligadas al éxodo y sus pobladores se han desplazado a cuatro asentamientos, Polhó -el mayor-, Acteal, Poconichim y Naranjatik. Polhó cuenta con seis secciones.

Según el censo del concejo autónomo, el asentamiento cuenta con 10 mil almas. Otros censos de los grupos que brindan asistencia registran 7 mil. A pesar de lo vulnerable de la localidad, el gobernador interino Roberto Albores señaló expresamente que ``se evalúa'' la situación jurídica del grupo que gobierna en Polhó, y ``de resultar implicado en actos ilícitos -ser autónomos, por ejemplo, cosa que el mandatario interino juzga inconstitucional- se actuaría conforme a derecho''.

Eso lo dijo en abril, durante una reunión con delegados de la Red Todos los Derechos Para Todos. ``Y a nosotros -comenta Marina Patricia, presidenta del Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, integrante de la red- nos preocupa esa apreciación. No descartamos en lo absoluto que de esa opinión se derive una acción violenta contra la comunidad de Polhó. Nos mencionó concretamente la `inconstitucionalidad' de Taniperla y Aguatinta, y sus amenazas se han ido cumpliendo paso a paso''.

Desde entonces, la gente de Polhó no duerme. Ni los residentes originales de la localidad, que son unos 700, ni sus 7 mil huéspedes, los refugiados por la ofensiva priísta que arrancó en mayo del año pasado para frenar el acelerado crecimiento de las bases zapatistas y culminó el tristísimo 22 de diciembre con la matanza de Acteal.

``Me impresiona -expresa Sergio Añorve, experto en construcción de letrinas secas, comisionado por el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas- lo que en la práctica, en la vida diaria, significa estar alerta. Ellos no expresan su preocupación ni en sus gestos ni con palabras. Simplemente no duermen. Polhó nunca duerme. Uno puede andar por las veredas o por el centro de la comunidad a medianoche, a cualquier hora de la madrugada, y hay movimiento de gente como si fuera mediodía. Los niños se caen de sueño pero por allí andan, deambulando entre los adultos. Se turnan para descansar''.

Una cuerda, un tablón de madera y sentadas en él una veintena de muchachas que bordan todo el tiempo forman el retén del lugar. A veces, cuando la tensión sube demasiado, esa aduana es infranqueable. Los hombres que a su vez custodian a las mujeres piden las credenciales de los visitantes y un largo rato después reaparecen. ``Pase'' o ``no vas a pasar'' puede ser la respuesta.

``Es por lo mismo de nuestra alerta roja, que tenemos desde el 10 de abril, porque sabemos que el gobierno quiere desaparecer los municipios autónomos y porque hay órdenes de aprehensión contra todas las autoridades autónomas'', explica Luciano Vázquez, vocero del concejo autónomo.

La sede de la tienda cooperativa, una cabaña de madera como todas las demás, es la sala de recepción de visitantes del pueblo. Desde su ventana, a lo alto de una de las montañas, se aprecia toda la comunidad. Este Polhó no se parece al pequeño caserío que era hace apenas seis meses, constituido como cabecera municipal alternativa de Chenalhó. Por todos lados se construyen mínimas casas de madera en el centro del pueblo.

Entre los cerros se divisan seis de los nueve campamentos con sus galerones de techos de cartón enchapopotado que no resistirán las primeras lluvias. El techo de zinc es un lujo que muy pocos gozan. Una donación masiva de mantas de desecho, que en su vida anterior fueron anuncios panorámicos, le dan un toque surrealista a las ``paredes'' de los dormitorios y las cocinas.

A pesar de la actividad febril de los constructores que cuelan mezcla, levantan polines y clavan tablones por todos lados, la mayoría de los hombres aguardan ociosos en las orillas del camino. Eran campesinos y hoy no tienen tierra. Las milpas y huertas que ven a su alrededor son ajenas.

Sólo las mujeres bordan y bordan. Hace tres semanas constituyeron su cooperativa de artesanas en el centro del pueblo y acumulan montañas de preciosidades bordadas sobre manta de telar. Preciosidades sin salida hacia algún mercado viable, hasta la fecha.

``Casi nos morimos de hambre''

A pesar de la evidente urgencia de asistencia de todo tipo en este campamento de refugiados -de dimensiones que nunca se conocieron ni en el momento de mayor auge del arribo de los guatemaltecos-, las embajadas de México en Francia y España negaron las visas a una delegación de Médicos del Mundo de ambos países que se disponían a desarrollar una misión de salud y sanidad para los desplazados.

Ante ese obstáculo, se instalaron dos clínicas rústicas en Polhó y Poconichim con médicos mexicanos y financiamiento francohispano. Además, funciona una clínica comunitaria -la Emiliano Zapata, naturalmente- y un puesto de salud de la Cruz Roja Mexicana que proporciona una pipa de agua diaria de una planta potabilizadora (suficiente apenas para una tercera parte de la población) y, si es necesario, el traslado de pacientes a una clínica más en forma. Seis médicos en total para 10 mil personas, todas desnutridas y en situación límite.

La asistencia de la Secretaría de Salud y otras instancias estatales fue rechazada desde un principio por el concejo autónomo, que exigía que toda ayuda oficial fuera canalizada por ONG y la Cruz Roja Internacional. El gobierno, a su vez, condicionó su labor a que fuera canalizada por la CNDH. Hasta la fecha, ese diferendo no ha tenido arreglo.

Cáritas, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, Enlace Civil, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y un puñado de organizaciones más proporcionan las tres toneladas de maíz, una tonelada de frijol y los 300 kilos de arroz que se consumen aquí diariamente.

El Fideo, cuya cabeza visible es Ofelia Medina, patrocina además seis cocinas colectivas -techo de cartón, piso de tierra, paredes de plástico, una tina, un fogón y un juego de tazas y cucharas es todo el equipo- donde 3 mil 500 niños y mujeres gestantes y lactantes con diagnosis de desnutrición severa se reparten una fórmula mínima -agua de arroz, atole de avena y 300 gramos de frijol con amaranto- que debía destinarse para mil.

Pero ese mínimo flujo de ayuda a veces se corta. ``¿Sabía que hace como un mes casi nos morimos de hambre todos los de Polhó? -pregunta con una inexplicable sonrisa Luciano-. Es que por los retenes no llegaron los camiones. Y si no llega ayuda de fuera pues... aquí no hay nada''.