Iván Restrepo
La brisa de la muerte
Hace dos meses, pistoleros no identificados asesinaron a Medardo Varela, líder de una organización defensora de los derechos laborales y humanos de quienes han sido afectados en Honduras por aplicar plaguicidas en las plantaciones de plátano que existen en dicho país. Junto con Varela también fue ultimado su hijo Wilmer. Ambos fueron atacados en las afueras de su casa, ubicada en el pueblo de Savá, luego de haberse reunido con unos 50 trabajadores afectados en su salud debido a las sustancias químicas destinadas a combatir las plagas agrícolas. Durante varios años Varela luchó incansablemente por lograr que las compañías Castle y Chiquita Brands indemnizaran adecuadamente a quienes resultaron estériles por los efectos de varios compuestos, y destacadamente el nemagón, que se usa para combatir los hongos que dañan los sembradíos de plátano y que también se aplica en los de piña y otros frutales.
Por lo menos desde 1968, miles de trabajadores de Centroamérica fumigaron grandes extensiones con nemagón, también conocido como DBCP, siglas del dibromochloropropane, la sustancia base con que se elabora. En Honduras se calcula que 8 mil personas lo aplicaron en las plantaciones bananeras estadunidenses sin protección ni control alguno y sin conocer los efectos del veneno. Estados Unidos, país de origen de las empresas químicas que elaboran éste y otras fórmulas tóxicas y peligrosas, prohibió hace 20 años su uso al comprobarse sin alguna duda que causa esterilidad, ceguera y cáncer en los seres humanos; igualmente, trastornos en el sistema nervioso, pérdida del cabello, quemaduras de la piel, impotencia sexual y malformaciones genéticas en los recién nacidos. Además, sus efectos pueden pasar de una generación a otra.
Mas apenas el año pasado, el gobierno hondureño reconoció lo que era bien sabido. Nada más. Seguramente por la influencia económica de las trasnacionales, que virtualmente durante todo el siglo han sido factor clave en la vida económica y política de ese país. Una de ellas, la Castle, entregó recientemente a 3 mil trabajadores que sufrieron el efecto nocivo del nemagón, apenas 100 dólares a cada uno como indemnización. El líder asesinado pedía en cambio 10 mil y que abarcara a todos los afectados, no a unos cuantos, hasta por 41 millones de dólares.
La impunidad de las trasnacionales químicas y bananeras ha sido ley en otras partes: todavía hace poco se aplicaba en Nicaragua el nemagón. Se prohibió a consecuencia de la larga lista de víctimas comprobadas, más de mil 500, por la ``brisa de la muerte'', una especie de bruma venenosa que emana en forma de rocío de las tuberías por donde circula el plaguicida hasta caer sobre las verdes plantaciones de banano. Se estima que en la tierra de Rubén Darío, en las últimas tres décadas ocasionó la muerte de 60 personas al año y dejó a muchas más con graves padecimientos. Lo ocurrido motivó una demanda judicial contra la trasnacional estadunidense Dow Chemical, por 2.2 millones de dólares como pago mínimo a los afectados. Mientras, en Centroamérica cerca de 25 mil trabajadores han demandado también a dicha empresa así como a la Shell Oil y a la Occidental Chemical, pero con resultados poco alentadores. En parte, por la ausencia de legislaciones locales que regulen el manejo de las sustancias peligrosas y por la protección que los gobiernos brindan a las bananeras Castle, Chiquita, Dole y Del Monte.
En la lucha contra los plaguicidas y el poder de las trasnacionales que los elaboran, así como contra aquéllas que los usan en los campos de cultivo que detentan en América Latina, varios líderes han sido asesinados. Pero ninguno de los autores materiales y menos los intelectuales de esos crímenes han sufrido el castigo que merecen. Gozan de impunidad y hasta de protección por parte de los gobiernos. Mientras, cientos de trabajadores han muerto y miles más sufren en vida los efectos de sustancias como el nemagón. Al respecto, su uso en nuestro país se prohibió hace seis años. Aunque no hay duda de que debió causar víctimas en las zonas plataneras, las estadísticas de salud no informan ni siquiera de una. ¿Complicidad criminal? ¿Son inmunes a la brisa de la muerte los trabajadores mexicanos?