La inminente aprobación, por parte del Senado estadunidense, de Jeffrey Davidow como nuevo embajador de Estados Unidos en México acontece en un momento de tensión y desencuentro en las relaciones entre ambos países. Apenas antier, el Congreso estadunidense --a contrapelo del derecho internacional y desconociendo tácitamente los acuerdos bilaterales en materia de cooperación en el combate al narcotráfico-- legitimó el operativo Casablanca, rechazó la posibilidad de extraditar a los agentes que, violando las leyes mexicanas, realizaron acciones encubiertas en territorio nacional e instó al gobierno de Clinton a emprender investigaciones similares para identificar nuevos casos de lavado de dinero en instituciones financieras de nuestro país. Por añadidura, la resolución del Legislativo estadunidense tuvo lugar unas cuantas horas después de que culminaran los ríspidos trabajos de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos y a pocos días de que la secretaria de Estado, Madeleine Albright, señalara la preocupación de su gobierno por la grave situación en materia de derechos humanos que se vive en Chiapas, circunstancia que motivó traspiés interpretativos y reclamos por parte de la cancillería mexicana.

Y si a las fricciones resultantes del operativo Casablanca y de la negativa de Washington a aceptar la extradición de los agentes estadunidenses que la llevaron a cabo de manera encubierta en suelo mexicano, se suman las controversias tradicionales que integran la agenda de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en materias como la lucha contra las drogas, el libre comercio, la migración de connacionales indocumentados, el respeto de los derechos humanos de los mexicanos residentes en la Unión Americana y la preservación del medio ambiente en ambos lados de la frontera, entre otras, es evidente que el nuevo embajador estadunidense tendrá frente a sí un encargo ciertamente difícil y cargado de mútuas desconfianzas.

En tiempos en que la globalización económica y el libre flujo de información a nivel mundial son una realidad inobjetable, la cooperación y el respeto son factores indispensables para la convivencia pacífica y eficaz entre las naciones y para la atención de problemas que, ciertamente, sobrepasan los límites de los países y demandan una colaboración internacional. Pero, en ningún caso, la violación del derecho internacional y de las leyes de una nación soberana serán instrumentos legítimos para la solución de controversias o para la detención de criminales cuya persecución y proceso corresponde a las instancias judiciales de cada país.

Así, Davidow podría arribar a su nuevo encargo diplomático con una doble perspectiva: mejorar, mediante una labor conciliadora y una actitud de respeto, la tensa situación en la que se encuentran actualmente las relaciones entre México y Estados Unidos, a fin de distender los ánimos y reactivar los instrumentos de cooperación --sobre todo en materia de combate al narcotráfico-- entre los dos países o, por el contrario, fungir como punta de lanza de una inaceptable estrategia de presión e intervención estadunidense en asuntos que son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales mexicanas.

En cualquier caso, el gobierno mexicano deberá actuar con firmeza en defensa de la soberanía nacional y de la vigencia de las leyes del país pues, hasta ahora, acontecimientos como el operativo Casablanca y el continuo atropello de los derechos humanos de los mexicanos que emigran al vecino país del norte en busca de una vida mejor, no han suscitado respuestas eficaces y suficientes de la cancillería mexicana ni se han despejado los riesgos de nuevas violaciones y prácticas injerencistas del gobierno de Estados Unidos.