La Jornada 24 de junio de 1998

Aseguró Davidow su nombramiento como embajador en México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 23 de junio Ť El próximo embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, declaró al Congreso que no recomendará la extradición al vecino país de agentes estadunidenses involucrados en la operación Casablanca.

En respuestas por escrito a preguntas sobre Chiapas, Casablanca, la corrupción y las operaciones de la DEA en México, por parte de miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y como parte del proceso de la aprobación de su nombramiento, Davidow ofreció sus primeros comentarios en público sobre México.

Una fuente del Senado informó que el Congreso seguirá expresando durante julio sus preocupaciones sobre el conflicto en Chiapas y los derechos humanos.

``La situación en Chiapas sigue tensa y sin resolverse'', señaló Davidow en respuesta a una pregunta del senador Jesse Helms. ``En ese ambiente la posibilidad de enfrentamientos serios existe y la necesidad de un activo intento de diálogo y resolución pacífica del conflicto sigue siendo crítico''.

Indicó que los militares mexicanos han ``restablecido la autoridad'' en algunos pueblos, pero acciones recientes del gobierno para desmantelar los ``autoproclamados municipios autónomos'' han llevado a enfrentamientos violentos.

Helms preguntó si el gobierno mexicano busca una ``solución militar'' en Chiapas, a lo que Davidow opinó que ``las declaraciones públicas y las acciones del gobierno... no son consistentes con una búsqueda de una solución militar'' en Chiapas.

``El gobierno ha mantenido que el despliegue de soldados a Chiapas ha sido para hacer cumplir leyes federales y por otro lado garantizar la seguridad de la población'', escribió Davidow en respuesta.

El senador Russ Feingold preguntó nuevamente sobre Chiapas, por lo que Davidow ofreció una breve cronología de las negociaciones, los acuerdos de San Andrés y las actuales propuestas legislativas del gobierno y el PAN sobre derechos indígenas, antes de responsabilizar al EZLN por el estancamiento de las negociaciones.

``El movimiento zapatista continúa rehusando negociar con el gobierno de México, una situación preocupante para nosotros dado el alto nivel de tensión en Chiapas'', respondió a Feingold. ``Seguimos creyendo que está en el interés de todas las partes entrar en negociaciones significativas lo más pronto posible''.

Davidow también prometió a Helms que buscará ``de forma vigorosa'' informar sobre las violaciones de los derechos humanos y presentará la posición del gobierno de Estados Unidos sobre tales derechos ``a todos los niveles'' del gobierno mexicano.

``También espero cooperar con organizaciones mexicanas e internacionales y ONG para buscar incrementar el respeto por los derechos humanos en México''.

Ya que respuestas de anteriores candidatos a embajador en México han creado controversias en el pasado, Davidow y sus colegas en el Departamento de Estado redactaron en forma cuidadosa sus respuestas a los senadores para evitar crear cualquier tensión con México, comentó un funcionario del gobierno de Bill Clinton.

A la pregunta sobre si habría ``cualquier circunstancia'' bajo la cual recomendara la extradición a México de agentes estadunidenses que participaron en la operación Casablanca, indicó: ``No veo nada en ese caso que me llevaría a hacer tal recomendación''. Empero, agregó: ``Pudimos habernos comunicado y coordinado mejor con el gobierno de México''.

Helms y otros legisladores también presentaron preguntas detalladas sobre la corrupción en México, señalando en particular el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo y versiones de sospechas contra el general Guillermo Alvarez. Davidow reconoció que ha escuchado rumores sobre él, pero dijo ``no tener información independiente'' de las mismas.

El diplomático señaló que en el pasado año y medio, el gobierno mexicano ha culpado a cuatro generales en activo o retirados, así como a otros miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad pública, e indicó que tres miembros de la Judicial Federal asignados a la Fiscalía Especial sobre Delitos contra la Salud fueron cesados en enero de 1998 por deshonestidad y robo.

Sobre el proceso de certificación señaló: ``Estamos convencidos de que ha jugado un papel particularmente importante para mejorar la cooperación antinarcóticos, al clarificar objetivos clave de Estados Unidos y mejorar el diálogo antidrogas en el hemisferio''. Agregó que una ``alta prioridad'' en la relación bilateral serán los esfuerzos para incrementar la protección de los agentes de la DEA en México.