La democracia política implica constantes y transparentes negociaciones económicas entre el conjunto de los grupos de interés de la sociedad. Ello implica que no son válidas negociaciones cerradas, secretas o extraparlamentarias. Esta es una lección que apenas comienzan a aprender tanto los banqueros como los tecnócratas, acostumbrados durante decenios a que se aprobaran leyes fundamentales sin un profundo y conflictivo debate parlamentario.

En efecto, la confianza en el sistema político, pero también en el económico, depende fundamentalmente de la transparencia y amplitud de estos debates. Recordemos que la causa más importante de la crisis monetaria y financiera que explotó en México desde diciembre de 1994 fue el intento del gobierno por esconder información, tanto sobre el nivel de reservas como sobre el peligro de los tesobonos. El secreto, ese gran amigo del autoritarismo, es el principal enemigo de la democracia, pero también lo es del funcionamiento eficaz de los mercados.

Hoy en día numerosos tecnócratas y banqueros (nacionales e internacionales) están reclamando una rápida resolución de las reformas financieras bajo discusión en el Congreso, para evitar un supuesto desplome de la confianza de los inversores en la economía mexicana. Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta que el mayor garante de la confianza en el desempeño a mediano y largo plazos de la economía de la República se asienta precisamente en la negociación de acuerdos realmente sólidos entre las partes afectadas. Como recientemente lo ha grabado -de manera indeleble- el caricaturista Helguera, no se puede esconder debajo de la alfombra la colosal cantidad de 550 mil millones de pesos de cartera vencida en manos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El hecho de que las negociaciones sobre este gran problema sean prolongadas simplemente refleja que cada uno de los grupos de interés tiene un poder similar: nos referimos a banqueros, deudores y contribuyentes. Los banqueros siguen siendo entre los empresarios los más fuertes del país, y confían en que todo el mundo reconozca que es necesario sostener un sistema financiero sólido. Los deudores, por su parte, han adquirido un poder también muy considerable, especialmente aquellos organizados en El Barzón, hoy por hoy la mayor organización de deudores bancarios que existe en cualquier país del mundo. Por último, los contribuyentes representan la mayoría de la población mexicana y, por lo tanto, pueden exigir cuentas de los legisladores de todos los partidos políticos.

Dado este equilibrio de fuerzas, no existe otra opción que una negociación política y económica democrática y transparente, algo que ha sido infrecuente en la historia política de México en el siglo XX.

Ello revela que se está comenzando una nueva época que obliga a cambiar actitudes trasnochadas. Desde hoy en adelante, la confianza en la economía dependerá de que la democracia funcione no sólo en el campo electoral, sino también y constantemente en las cámaras legislativas y en los espacios públicos. El tratar de esconder los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad ya no se vale: es necesario discutir y negociarlos abiertamente y sin miedo.

De esas negociaciones nacerá la verdadera confianza en el futuro del país.