Se investigarán caso por caso los megacréditos del Fobaproa

Alonso Urrutia, Andrea Becerril y Mireya Cuéllar Ť A fin de destrabar la negociación acerca del paquete financiero y el futuro del Fobaproa, la Secretaría de Gobernación y los grupos parlamentarios del PRI acordaron discutir con la oposición la viabilidad de otorgarle autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; estudiar la posibilidad de que no todos los activos del Fobaproa se trasladen mecánicamente como deuda pública, y la revisión de los megacréditos, caso por caso, para determinar si están ceñidos a la legalidad y el monto que se puede recuperar.

En la reunión del secretario de Gobernación con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado --celebrada el martes pasado-- Labastida Ochoa instó a los grupos a legislar en torno a los delitos de cuello blanco para endurecer las penas e impedir la impunidad.

Legisladores asistentes a la reunión comentaron que en la misma se buscó destrabar la negociación conformando un grupo de trabajo que avance en el análisis de las coincidencias y establezca las diferencias para poder superarlas. En este punto, el PRI dejó en claro que no le interesaba incluir en un periodo extraordinario de sesiones el paquete financiero, si éste no consideraba el caso Fobaproa.

La flexibilización de las posturas de los partidos políticos incluyó la anuencia priísta para analizar la posición del PRD de no trasladar mecánicamente los activos del Fobaproa como deuda pública. ``Si el PRD dice que tiene alternativas para impedir que el total del monto pase como deuda pública, estamos dispuestos a analizarlas y ver si es posible hacerlo'', comentó un legislador del tricolor.

En este contexto, se plantearon diversas opciones y el PAN puntualizó que ellos optarían por analizar primero las características de cada crédito para determinar su apego a la legalidad, y posteriormente determinar qué hacer con ese adeudo, si se puede recuperar y cómo.

Uno de los acuerdos alcanzados plantea revisar caso por caso los megacréditos absorbidos por el Fobaproa, que son aquellos que rebasan los 50 millones de pesos y se estiman en 600 préstamos, y crear un mecanismo que obligue a los grandes empresarios beneficiados con la compra de su deuda a pagar parte de esos créditos.

En este punto, las tres principales fuerzas políticas del país plantearon que uno de los objetivos centrales es abatir el monto de adeudos, para lo cual el grupo especializado creado ex profeso para el análisis del paquete financiero deberá buscar alternativas.

Durante la reunión PRI y PAN consideraron que los avances en las discusiones se podrían obstaculizar si el PRD realiza la consulta a la que ha llamado, toda vez que eso ``amarraría la postura del PRD al resultado de la consulta'' y podría impedir alcanzar acuerdos.

Paralelamente, se planteó consensuar un programa para rescatar a los deudores hipotecarios y agrícolas, en especial a quienes perdieron su vivienda, negocio, rancho o hasta su vehículo, que son la mayoría de las deudas canalizadas al Fobaproa.

Un punto en el que todos los grupos coincidieron es la necesidad de hacer reformas a la ley que garanticen que no haya impunidad en los delitos de cuello blanco. No es posible, comentó un legislador panista, que mientras a un asaltante que con un AK-47 se lleva 500 mil pesos lo detienen y lo sentencian 30 años, a un funcionario bancario defraudador de 500 millones de dólares se le permita seguir libre.

También se abordó el caso de El Divino. El diputado priísta Enrique Jackson dijo que era indignante para todos los mexicanos la impunidad con que se manejan y se pasean quienes han cometido delitos hasta hoy considerados financieros.

Todos los partidos coincidieron en que no haya impunidad en la revisión del Fobaproa y la Secretaría de Gobernación ofreció dar a conocer toda la información disponible. Según la oposición, el priísmo ha asumido una postura que no lo haga aparecer como encubridor de ilícitos.

Acerca de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el PRI accedió a analizar las propuestas opositoras que plantean que este órgano deje de depender de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pase a jurisdicción del Banco de México.

Otro punto que planteó la oposición fue la necesidad de que el Banco de México rinda reportes de sus actividades al Congreso de la Unión, a fin de determinar si se ha apegado a las directrices generales de política que fije el órgano legislativo.

Hoy comenzará a integrarse el grupo especializado de legisladores --del sector financiero y abogados-- que habrán de poner en claro la legalidad de la decisión gubernamental de usar recursos públicos para rescatar a la banca; las condiciones en que han estado operando los bancos intervenidos, así como las deficiencias en la legislación que sanciona los delitos de cuello blanco.