Nuevamente se presenta como inminente la reforma de la legislación laboral. Nuevamente, porque al menos desde principios de esta década en varios momentos ha parecido inminente tal reforma, y tantas otras veces ha debido ser pospuesta. No es para menos, porque no se trata simplemente de un problema legislativo, sino de un asunto con profundas implicaciones económicas, sociales y políticas, que toca el centro de la generación de productos y servicios sobre la que funciona esta sociedad, y que por lo mismo ha estado y está sujeto a enormes contradicciones.

Hoy más que nunca es difícil asegurar cuál será el destino de la tan anunciada reforma. Esta vez pareciera estar más cercana, a juzgar por una confluencia de intenciones que antes no existía, por la declaración gubernamental de someterla a consideración en el periodo legislativo de septiembre, y porque detrás de ello está la prisa de grandes intereses económicos por cumplir con uno de los pocos pendientes de la agenda neoliberal largamente postergados en México. Aunque en contraparte hay que apuntar también la presión creciente hacia una verdadera transición democrática que no puede dejar de pasar por el mundo laboral. En todo caso, para todos es claro que de no hacerse este año, la reforma laboral deberá esperar al nuevo milenio.

Sin embargo, aún falta ver qué dice la crisis del país. Las intenciones gubernamentales en un terreno chocan constantemente con los conflictos que sus propias políticas generan en otros. Así, los nuevos escenarios que se creen a partir del recrudecimiento de la violencia gubernamental en Chiapas y en otras regiones del país, y el entrampamiento de las reformas sobre derechos y cultura indígenas; la creciente oposición a la intención de pasar la cuenta del Fobaproa a los ciudadanos y los nubarrones de una nueva crisis financiera; los nuevos escándalos que puedan derivarse de la guerra interna del régimen, y las propias contradicciones y conflictos surgidos del debate sobre la reforma laboral, pueden llevarla de nuevo a su postergación en la agenda del Congreso. De hecho, ya la propia CTM ha comenzado a hablar de la posibilidad de esa posposición. Parece que apenas unos meses después de que se le daba por un hecho, ya no existe mucha seguridad desde el lado oficialista sobre sus resultados.

Pero, para no bordar sobre lo imponderable, el hecho es que la CTM -y, por ende el Congreso del Trabajo que continúa bajo su hegemonía-, después de ser enemiga acérrima de considerar siquiera la reforma, está ya en pláticas con sus símiles corporativos en el empresariado para sacar un proyecto de ``consenso'' de los ``sectores'', en medio de una sospechosa campaña ``antipartidos''. El nuevo secretario del Trabajo, listo para cumplir con la tarea para la que fue asignado, ha anunciado que el Ejecutivo asumirá tal ``consenso social'' y dará la cara para presentar una iniciativa que dirija la reforma. La Fesebes -partidaria desde el principio de la reforma- prepara ya su proyecto y pareciera querer disputar la interlocución con las cúpulas empresariales y el gobierno en el ``consenso''. La UNT ha decidido no quedarse al margen, pero tratando de jugar un papel progresivo, ubicando el debate en el marco más amplio de la reforma del Estado, la defensa de conquistas y el desmantelamiento del corporativismo. Por el lado de los partidos, el PRI espera simplemente -como siempre- los dictados del Ejecutivo. El Partido Acción Nacional ha sometido desde hace ya algún tiempo su iniciativa al Congreso, anticipándose a los deseos empresariales. Y el PRD ha presentado ya un anteproyecto que ha comenzado a abrir a la consulta pública, no está claro si bajo la visión de estar preparados pero ligados a una lógica social, o bajo una visión puramente parlamentaria.

Como era de esperarse, en el campo democrático se ha abierto un intenso debate no sólo sobre los posibles contenidos de los proyectos o anteproyectos, sino sobre la conveniencia misma o no de impulsar, o siquiera involucrarse en, tal reforma. Organizaciones como la Intersindical Primero de Mayo o, aún más importante, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y aun sectores del PRD, han expresado su oposición a la reforma. Lo cierto es que, aun en el caso de que finalmente se abriera la discusión en la Cámara de Diputados, los antecedentes, el contexto en que puede darse la reforma, y las implicaciones y fuerzas sociales que estarán en juego, constituyen el problema de entrada y de fondo a considerar.

Es decir, la discusión de la reforma no puede darse en abstracto, como si se tratara sólo de ver qué propuestas son las mejores. Porque lo que debiera estar muy claro para empezar es que lo que estará en juego no es una lucha parlamentaria, sino un conflicto social de grandes dimensiones.