Astillero Ť Julio Hernández López

La Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas ha agregado a su altero de macabros expedientes por resolver, uno que es tragicómico: protestó por escrito a causa del contenido de una entrega de Astillero... ¡que todavía no se publicaba!

En efecto, poco antes de la medianoche del miércoles 24 del presente, llegó al fax de la dirección general de La Jornada un documento oficial del gobierno chiapaneco dedicado a calificar y contradecir el contenido de una columna... que habría de ver la luz pública a la mañana siguiente, es decir, en las primeras horas del jueves 25.

Las impresionantes artes adivinatorias y replicantes del gobierno de Roberto Albores Guillén se desarrollaron, además, en un lapso nocturno de tres horas y media en el que, además de conocer tramposamente la información de esta columna, redactaron una contestación de cinco párrafos y la enviaron por fax para tratar de negar que, mientras en Bucareli la Cocopa y Gobernación anunciaban un plan de distensionamiento, en Chiapas continuaba la violencia política en lugares como Nuevo Paraíso, municipio de Venustiano Carranza.

Véanse los tiempos en los que se dio la risible pifia de la Procuraduría chiapaneca: esta columna suele terminarse de escribir poco después de las 8 de la noche, hora en la que es enviada a la Agencia Mexicana de Información (AMI), que la distribuye a su vez en varios periódicos de provincia (dos de ellos de aquel estado sureño: El Diario de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, y El Diario del Sur, de Tapachula). El miércoles 24, AMI realizó la distribución de Astillero a las 8 de la noche con 23 minutos. La respuesta del gobierno chiapaneco se daría minutos antes de las 24 horas de ese mismo miércoles. La columna saldría publicada hasta varias horas después, en la mañana del jueves 25.

El diario de Albores

El incidente (ínfimo a la luz de los gravísimos problemas de Chiapas) debería llevar a los sabuesos chiapanecos a investigar si es verdadera la insistente versión de que el gobierno de aquel estado opera un mecanismo de espionaje que utiliza empresas periodísticas afines o cómplices para allegarse oportunamente la información que le es adversa, a fin de mediatizarla con rapidez o de replicarla adecuadamente.

Ese andamiaje corruptor de la función periodística censura, corrige e induce conforme a sus intereses y, en el caso de la información nacional (como, por ejemplo, las columnas políticas) detecta los comentarios adversos al gobierno estatal desde el momento mismo en que llegan por la vía natural de las agencias distribuidoras de información.

Tal mundo de manipulación y corrupción es ampliamente comentado en el medio periodístico (donde se habla de que el gobernador Albores Guillén ha apoyado económicamente con mucha fuerza a un diario local, al que se identifica como virtual propiedad del mariscal interino del estado), pero nunca antes se había tenido una prueba como la que de manera tan inocente ha ofrecido la mismísima Procuraduría chiapaneca.

El madruguete epistolar

Pero, veamos lo que dice la carta firmada por el licenciado Carlos Rodolfo Soto Monzón, de la que se anota una copia para el gobernador Albores Guillén, para su superior conocimiento:

``Para ciertos periodistas, Chiapas se ha convertido en lugar común de acciones protagónicas, y en muchas ocasiones para expresar enconos y resentimientos. Inclusive, frustraciones personales que nada tienen que ver con un análisis político serio y profesional.

``Una prueba de ello, y esto lamentablemente ha acontecido en reiteradas ocasiones, es el contenido de su columna enviada a través de la Agencia Mexicana de Información, en donde en forma poco profesional se utilizan calificativos y se hacen afirmaciones dolosas y fuera de la realidad. Su columna, más que motivar a reflexión lo exhibe en toda su dimensión. Está fuera de contexto y plagada de lugares comunes''.

(Permítasele a esta malvada columna, y a su resentido y frustrado autor, preguntarse a título de qué, o fundado en cuáles artículos de códigos o leyes se permite el procurador de Justicia de Chiapas usar papel membretado del gobierno estatal, con sellos y títulos oficiales, para hacer juicios de valor y consideraciones meramente subjetivas. ¿Con tales fundamentos jurídicos será con los que opera el citado procurador a la hora, por ejemplo, de enfilar a las fuerzas de seguridad pública rumbo a los municipios autónomos?)

Dos explicaciones Dos

Pero continuemos degustando la ofrenda declarativa del licenciado Soto Monzón o de quien se la haya dictado, acaso algún ``superior'':

``1. Son totalmente falsas las afirmaciones de que se quemaron 27 casas y de que otras más fueron saqueadas en el Predio (mayúscula en el original, en éste y otros casos evidentemente impropios; anotación por cortesía de Astillero) en el que se asentaban invasores del Grupo Nuevo Paraíso, así también es totalmente falso que con el desalojo de este grupo se haya pretendido desmantelar algún supuesto municipio autónomo, lo que sí es cierto es que este operativo se realizó a petición de la Comunidad indígena de Amatenango del Valle, que es quien adquirió, vía fideicomiso, en 1995, este Predio que posteriormente fue invadido por el Grupo Nuevo Paraíso.

``2. Habla usted de la entrega de los cadáveres en el municipio de El Bosque, ante lo cual debo decirle que la Procuraduría General de Justicia del Estado practicó oportunamente la necropsia de ley y los cuerpos fueron preparados con los elementos y técnicas que la Dependencia tiene a su disposición. Transcurrieron los días y los deudos no concurrieron a recogerlos; a petición de los mismos deudos, La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó se les practicara una segunda necropsia. Este hecho contribuyó quizá a la descomposición y desfiguramiento de los cadáveres. Fue la propia CNDH la encargada de entregar los mismos a sus deudos en la Comunidad Unión y Progreso''.

Desplazados y desaparecidos; saqueos e incendios

El procurador Soto Monzón se niega siquiera a aceptar la posibilidad de que la denuncia de los campesinos de Nuevo Paraíso sea cierta y, con ello, contradice sus obligaciones indagatorias. ``Son totalmente falsas'', sentencia, las afirmaciones de incendio y saqueo de casas, aunque ellas están publicadas no sólo en esta malvada columna o en La Jornada (conforme al envío de la corresponsal en Tuxtla Gutiérrez, Angeles Mariscal), sino en varios diarios nacionales y regionales más.

En Reforma, por ejemplo, bajo la firma de María Teresa del Riego y con el encabezado ``Desalojan a familias y queman viviendas'', Víctor Manuel Vázquez Hernández, representante de la Organización Campesina Emiliano Zapata, narró la manera como fueron agredidos: ``Fueron los priístas los que quemaron las casas, pero resguardados por la Seguridad Pública, porque la Seguridad Pública estaba viendo cuando los priístas quemaban las casas''. El procurador no objeta el señalamiento hecho en todas las informaciones del caso relativas a la desaparición de varias personas y al desplazamiento de sus hogares de casi centenar y medio de ellas.

Usted disculpe que los cadáveres se nos desfiguraron...

Respecto del segundo punto, el columnista prefiere abstenerse de manchar este papel escribiendo las palabras exactas que le provocan los argumentos del procurador. Las fotografías ejemplificantes del terrible estado en el que quedan los que se sublevan, o sean sospechosos de ello (y que fueron conocidas por el secretario de Gobernación, los integrantes de la Cocopa, y algunos de quienes integraron la Conai), dicen más que las mil palabras soeces que aquí se pudiesen escribir.

Ya para terminar, señor procurador y sus superiores mandatarios: ¿No podrían esperarse a que esta columna estuviese publicada para entonces enviar sus réplicas y comentarios, y evitarle así a este pérfido columnista el placer de exhibirlos tan fácilmente?

Astillas: Sí se pudo...

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