La prisa del gobierno por lograr la aprobación de la gran deuda del Fobaproa se debe a dos motivos principales: el escándalo trascendió a la opinión pública (algún día tenía que ocurrir), y el presidente Ernesto Zedillo no tiene mayoría en la Cámara para utilizar a su gusto el presupuesto federal.

Hasta hace poco las operaciones del Fobaproa se habían mantenido encubiertas, sin que trascendiera información al público. Durante casi tres años, el Presidente aplicó su programa de salvamento financiero mediante decisiones tomadas en pequeños gabinetes.

Cuando los grandes montos se hacen públicos (la información detallada sigue en el secreto), se presenta la propuesta gubernamental de convertir toda la deuda del Fobaproa en deuda pública reconocida por el Congreso. Ya hemos dicho que éste carece de licencia constitucional para autorizar deudas que no se destinen a obras generadoras de ingresos públicos, con lo cual el gobierno pide al Poder Legislativo que transgreda la Carta Magna como lo hizo antes el Ejecutivo.

Pero más allá del carácter del endeudamiento escandaloso realizado en las sombras por el gobierno, la propuesta de otorgar a la cartera del Fobaproa el carácter de deuda pública presupuestal es un error de política económica.

Si el Congreso aprobara la propuesta de Ernesto Zedillo, la deuda del Fobaproa sería eterna. Durante un lapso indeterminado, el presupuesto federal tendría que destinar unos 30 mil millones de pesos de 1998 a cubrir solamente una tasa de interés real de cinco puntos porcentuales. El resto de los intereses --el equivalente a la inflación-- se capitalizaría, de tal manera que la deuda no tuviera un incremento en términos reales, pero tampoco una disminución.

El secretario de Hacienda argumenta que la deuda pública mexicana es baja, pero eso no lo dijo cuando se presentaron las demandas de los deudores organizados para salvar sus pequeñas empresas ni aliviar el servicio y lapso de los créditos hipotecarios. Es decir, México solamente tiene un endeudamiento relativamente bajo cuando se trata de argu- mentar en favor de los programas gubernamentales y de las operaciones de salvamento financiero.

En lugar de un reconocimiento de la deuda del Fobaproa, lo que se requiere es disminuir el costo fiscal mediante la depuración de las operaciones realizadas, la renegociación de términos de los pagarés y el cobro de adeudos bancarios. Las instituciones de crédito deben seguir cobrando los créditos por ellas concedidos, pues resulta el colmo que, además de que el Estado las saque de su quiebra, tenga que asumir la cobranza.

Para reducir el monto de la cartera vencida se tiene que cobrar, ya sea reanudando el servicio o embargando y vendiendo los bienes otorgados en garantía. Para ayudar a estos cobros, la Cámara de Diputados podría asumir un programa de subsidios destinados a reanudar la actividad bancaria, es decir, el pago de adeudos y la consecuente reactivación de créditos.

Pero el secretario se Hacienda propone que el fisco le entregue a los banqueros 30 mil millones de pesos anuales para apuntalar, de esa manera, la liquidez de los bancos, sin que éstos tengan que preocuparse por la recuperación de los adeudos. Además, ya sabemos que la banca comercial mexicana no apoya el crecimiento de la economía, desestimula la inversión y desalienta el ahorro. Esta política del gobierno es semejante, aunque sin la menor justificación, a aquella que se ha criticado tanto y tanto tiempo por parte del mismo gobierno: cancelar carteras vencidas de los ejidatarios por cuenta del presupuesto nacional. Zedillo quiere un populismo financiero, mucho más costoso que el otro.

No parece posible encarar el problema de la quiebra generalizada de los bancos comerciales y de la banca de desarrollo sin el uso de fondos públicos, pero no es indiferente la forma y la cuantía de las operaciones de salvamento y estabilización financiera.

Si de verdad se quiere defender el interés público, el Congreso está obligado a buscar soluciones distintas a las que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Se requiere, además, la reforma de la legislación financiera mexicana, la creación de las bases de un nuevo sistema de intermediación que sustraiga gran parte del ahorro de los circuitos especulativos y de los manejos de unos banqueros improvisados y no siempre honrados.

La prisa del gobierno para ``pasar'' el Fobaproa, así como las consecuentes presiones sobre el Congreso, especialmente sobre los diputados, acusándoles de antemano de ser los responsables de una ``corrida bancaria'' catastrófica, no es más que una maniobra para imponer la supuesta solución gubernamental.

Una actitud responsable debe conducir a la búsqueda de un concepto político y económico que resuelva el problema en el mediano plazo, con los costos más bajos posibles.