México ha ocupado dos escenarios internacionales en la última semana. El primero ha conmocionado a millones de mexicanos y paralizado las actividades durante unas horas: los once jugadores del Tri, que han cosechado triunfos en las canchas francesas y han sido festejados por muchos compatriotas que, a falta de algo mejor, esperan buenas noticias del futbol.

El otro, oscurecido por los reflectores que iluminan el primero, es indudablemente más importante: desde el pasado día 15, y hasta el 17 de julio, se realiza en Roma la Conferencia Diplomática que elabora un Estatuto para la Corte Penal Internacional.

Centenares de organizaciones civiles en todo el planeta hemos promovido la creación de una Corte Penal independiente y eficaz, que juzgue a individuos responsables de haber realizado crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado interno, cometidos de manera sistemática por los Estados, o con su consentimiento, o por grupos armados opositores, siempre que se haga evidente que aquéllos tienen limitaciones en la posibilidad de juzgar imparcialmente.

La eficacia de la Corte radica en algunos aspectos: su independencia del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU; la posibilidad de que el Fiscal actúe de oficio y pueda conocer de casos que no sean forzosamente presentados por los Estados, y la capacidad de conocer y juzgar casos sin importar si éstos se cometen en tiempo de paz o durante conflictos armados internacionales o internos. Y he aquí el triste desempeño de la delegación mexicana en este escenario, que compite sin esperanza contra el futbol: unas semanas antes de iniciarse la Conferencia Diplomática, varias organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos realizamos un Foro sobre la Corte, a la que fue invitado un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aunque aclaró no llevar la posición oficial de la Cancillería, por no estar aún definida, dejó claro que el gobierno no consentiría en la creación de una Corte donde el Fiscal pudiera conocer casos en otro contexto que el de conflictos internacionales, y manifestó la intención de promover que todo acuerdo sobre el Estatuto surgiera por consenso entre los países. Poco después algunas ONG nos reunimos con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno, quien nos tranquilizó diciendo que quienes diseñaban la postura mexicana no habían llegado a tales conclusiones, y que era de suma importancia para la Cancillería conocer lo que las organizaciones civiles opinábamos al respecto.

Hoy, en el seno de la Conferencia, lo que tanto temimos es precisamente la postura gubernamental. Aliada con Cuba, India, Pakistán, Israel, Indonesia y Nigeria, la delegación mexicana rechaza la posibilidad de que la Corte juzgue casos sucedidos en conflictos armados internos. Es decir, coherentes con principios de política exterior que defienden a capa y espada una soberanía que sólo existe en tanto favorece los intereses de la clase política, los representantes mexicanos se niegan rotundamente a aceptar la supremacía del derecho internacional en casos de violación a los derechos humanos, y demuestran que la postura mexicana es candil de la calle. Que nada ocurra que vulnere estos derechos cuando se trata de conflictos entre Estados, que cualquier cosa suceda si quienes perpetran las atrocidades están en casa.

El costo político de manifestarse abiertamente contra la creación de la Corte Penal sería altísimo. Por ello, el gobierno mexicano prefiere dar origen a una Corte totalmente ineficaz. Como parte de esta estrategia se han unido también a los no alineados, proponiendo que los puntos espinosos sean dirimidos mediante consenso, en lugar de recurrir a la simple votación. Enfrentados a un Estatuto preliminar de 116 artículos, con más de mil 700 frases entre corchetes, lograr un consenso entre 185 países se convierte en una burla grotesca. Por si fuera poco, México y Colombia sugieren que además de la firma y la ratificación del tratado, la Corte sólo se active con el consentimiento de los Estados interesados en cada caso específico. De manera que, encima, la Corte deberá pedir permiso. Estas son algunas de las malas noticias que pasan desapercibidas mientras celebramos las hazañas del futbol.