Los datos sobre el consumo de enervantes en México, dados a conocer ayer por las autoridades de salud durante los actos con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, muestran un panorama desolador y alarmante: tan sólo entre 1994 y 1997 el uso de heroína en el norte del país se incrementó en 200 por ciento y, en el DF, los adictos a la cocaína pasaron en 10 años de ser 1.3 por ciento del total de los fármacodependientes a representar 26.1 por ciento de ellos.

Las cifras anteriores son un indicador preocupante de que, por un lado, las acciones para erradicar y controlar el tráfico y consumo de drogas no han dado resultados suficientes y satisfactorios --pese a los indudables esfuerzos y las considerables pérdidas humanas y materiales que ha cobrado esa lucha-- y, por el otro, que el cultivo, el tráfico y el uso de enervantes no podrán ser frenados ni por las penas de cárcel para los consumidores pobres y los pequeños despachantes, ni por la producción creciente de moralina, de palabras y de consejos hipócritas de parte de los sectores en donde la drogadicción es cosa cotidiana desde hace decenios. Es evidente que deben buscarse otras opciones jurídicas, productivas, económicas, educativas y sociales ante los escasos resultados del enfoque de la doble condena (moral y policial) que ya se aplicó ineficazmente en Europa contra el alcoholismo en el siglo pasado y que en Estados Unidos, durante la prohibición, sólo propició el enriquecimiento de las mafias y el incremento acelerado de los niveles de violencia y de corrupción.

Ciertamente, no carecen de razón las acotaciones de los titulares de Salud y Educación Pública, Juan Ramón de la Fuente y Miguel Limón, respectivamente, en el sentido de que no bastan las declaraciones ni la educación escolar para prevenir y controlar el consumo de drogas en el país. Como lo señaló Limón, la falta de oportunidades de superación que aqueja a millones de jóvenes mexicanos es una de las principales causas de la drogadicción. Sin embargo, no debe olvidarse que, en buena medida, la difícil situación económica que afecta a la mayor parte de la población del país se debe a la aplicación a ultranza de un modelo económico excluyente que privilegia al gran capital, pero lesiona gravemente a las clases medias y pauperiza a las clases populares.

Los individuos no se forman sólo en la escuela sino también en la familia, hoy muy golpeada económica y moralmente por la crisis y con fuertes elementos de disgregación. Se forman también en los ejemplos de vida y los valores que se les ofrecen y, por lo tanto, resienten los efectos de la corrupción en los vértices de la pirámide social, del hedonismo preconizado por la ideología dominante y de los mensajes de los grandes medios de comunicación masiva, cargados de individualismo extremo, violencia e idolización del dinero.

Primero los Países Bajos, después la ciudad de Turín y ahora Alemania y Francia están buscando nuevas formas de controlar el consumo de drogas en el entendido de que la persecución y penalización judicial no han impedido la proliferación del cultivo, tráfico y consumo de enervantes. Por el contrario, los ingresos de los narcotraficantes --superiores incluso a los de muchos países-- aumentan constantemente, y con ello crece la influencia y el poder corruptor de las organizaciones criminales y su capacidad de evadir la justicia y la autoridad de los Estados.

Por ello, de forma paralela a las acciones judiciales encaminadas a perseguir y castigar a quienes cometen delitos contra la salud, resulta indispensable emprender nuevas medidas de índole social, económica, educativa, sanitaria y cultural capaces, por una parte, de revertir el círculo vicioso de pobreza y desesperanza que arroja, en todo el mundo, a incontables jóvenes a la drogacción y que obliga a millones de campesinos a cultivar estupefacientes y, por la otra, de erradicar la violencia, la corrupción y la disolución social que el narcotráfico trae consigo.