En todos los tonos, el Presidente de la República, sus hombres del gabinete económico y jefes de las cúpulas empresariales llaman a no politizar la propuesta presidencial de convertir en deuda pública los 553 mil millones de pesos de pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), más sus intereses de los próximos años. También quieren convencer a los diputados, a los partidos políticos y a la opinión pública de no buscar culpables, de no detenerse en ``lo anecdótico'', ver hacia adelante, y reclaman al Congreso resolver este asunto lo más pronto posible, aunque al parecer se resignan a esperar el periodo ordinario de sesiones de septiembre.
Primero realizaron esa operación, tal vez necesaria pero nada transparente y seguramente errónea, de rescate de los bancos --léase banqueros--, y ahora proponen el clásico borrón y cuenta nueva, mediante el cual se busca no tanto eludir la posible responsabilidad penal de negocios sucios de banqueros y funcionarios, a la sombra del Fobaproa, como ocultar la responsabilidad política que, sin duda, tienen quienes conducen los asuntos económicos del país, cuyas estrategias llevan sistemáticamente a imponer nuevos sacrificios a las y los mexicanos.
Así lo evidencia este ya escandaloso negocio del Fobaproa, en el cual son notorias las fallas esenciales del modelo neoliberal --tan caro a los hombres del gobierno--, pero también posibles corruptelas, y la ausencia completa de controles democráticos de la sociedad sobre el manejo de la economía. Los banqueros dieron créditos irresponsablemente; la crisis del 94, las altas tasas de intereses, más el cobro de intereses sobre los intereses hicieron imposible el pago de los créditos, aparte los negocios sucios. Pero como en este sistema, aunque se le llama de libre mercado, los banqueros nunca pierden, el gobierno a través de Fobaproa acudió en su rescate, tomó en sus manos las deudas y ahora propone que, sin más, sean los contribuyentes los que paguen los platos rotos: 553 mil millones más 30 mil millones de pesos anuales de intereses.
Pese a las repercusiones sociales que tendría la conversión de la deuda del Fobaproa en deuda pública, y que afectaría a las presentes y próximas generaciones, el gobierno y los empresarios piden que no se politice el asunto; pretenden que se le considere una cuestión estrechamente económica, contable, técnica. A lo sumo admiten la realización de auditorías para detectar pillos, para así desviar la atención de lo principal, que es la falta absoluta de controles políticos y sociales sobre el manejo de la economía, la imposición --en la práctica-- de la conducción de los asuntos económicos como coto cerrado de funcionarios y banqueros, en los cuales no tienen sino injerencia formal los diputados, salvo en ocasiones como la presente en que se les pide legalizar, a toro pasado, acciones no transparentes del Ejecutivo.
Por eso es plausible la posición de los diputados de oposición de no admitir la propuesta presidencial sin antes revisar el problema en su conjunto, investigar detalladamente el manejo del Fobaproa; aunque lo más importante será que encuentren y aprueben mecanismos que permitan un control eficaz de la conducción de la economía, para evitar la repetición de estos grandes negocios a costa del interés popular.
Nada de éso puede hacerse sin la participación social, sin escuchar a quienes al final de cuentas pagarán las consecuencias de políticas ajenas a sus intereses. Uno de los medios para conseguir esa participación es la iniciativa del PRD de consultar al pueblo para que éste dé su opinión sobre una decisión que va afectarle. Pues de la misma manera que es inadmisible que sean sólo los funcionarios y los empresarios quienes decidan cuestiones económicas que afectan al conjunto de la sociedad, éstas no deben resolverse sólo en las salas de sesiones o en los corredores de la Cámara de Diputados.