Victoriano Garza Almanza

Desarrollo sustentable

La visita que el 27 de noviembre de 1990 realizó a Monterrey George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, resultó en la oficialización de las negociaciones del llamado en un principio Acuerdo de Libre Comercio (ALC). Primero el rumor, y después el anuncio oficial, desencadenaron una inusitada preocupación pública por el impacto que la regionalización del comercio tendría en el ambiente de la zona México-Estados Unidos. Lo que más inquietaba a los estadunidenses era el desbordamiento de la contaminación de la (su) industria maquiladora. El descontento era tal que agrupaciones civiles como la Asociación Médica Americana hicieron agrios reclamos apuntando que ese convenio abriría la cloaca (``don't open the cesspool'', exigían a Bush). El asunto ambiental era tan delicado para la negociación del acuerdo que estratégicamente se estableció otro escenario para las pláticas ecológicas: la frontera.

En diciembre de ese año se consolidó un grupo de trabajo binacional que, durante 1991, trabajaría en el desarrollo de una agenda ambiental mutua llamada Plan Integral Ambiental Fronterizo 1992-1994 (PIAF). Básicamente el PIAF, que se elaboró con la participación de la ciudadanía fronteriza, fue un diagnóstico del problema, un esquema de prioridades y una guía para su aplicación. Endosado por las dependencias ambientales EPA y Sedue, se publicó en febrero de 1992. Con esa respuesta dada por los gobiernos federales de ambos países a los verdes se mitigó el descontento. Ahora sólo faltaba el financiamiento para materializar el PIAF.

Tal cosa no sucedió porque aún no terminaban los arreglos del rebautizado Tratado de Libre Comercio (TLC): faltaba disuadir al presidente electo y las cámaras baja y alta de EU. Cuando a finales de 1993 se cerró el círculo y el TLC fue aprobado, la celebración no duró ni la víspera: a partir del 1¼ de enero de 1994, el alzamiento de los neozapatistas incidió en la frontera norte mandando los asuntos ambientales al limbo.

Para entonces, el TLC ya contaba oficialmente con un anexo ambiental denominado acuerdos paralelos, que se pusieron en marcha en 1995 y, en esencia, poco tenían que ver con el PIAF. Por ejemplo, la importancia que los residentes fronterizos le daban a la contaminación de las maquiladoras o a las enfermedades aparentemente relacionadas con la contaminación fue relegada a favor de la creación de infraestructura ecológica, es decir, a la construcción de rellenos sanitarios o plantas tratadoras de aguas negras.

Los problemas ecosocial, de salud ambiental, ocupacional y otros fueron dejados al margen en pro de una prioridad desarrollista y onerosa. El propósito era construir una barrera ecológico sanitaria, de Tijuana a Matamoros, gravada en los impuestos municipales fronterizos. En esa etapa surgieron la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan), ambas encargadas de estimular proyectos de desarrollo en todas las localidades fronterizas y de prestar los recursos para la ejecución de las obras.

La inversión calculada para el primer decenio fue de unos 8 millardos de dólares, pero hay quien estima que 20 millardos apenas bastarían para ese lapso. Lo curioso de ese proceso es que, en ningún momento en sus primeras etapas de evolución, se tomó en cuenta al movimiento mundial pre y pos Cumbre de la Tierra 1992 que pregonó el desarrollo sustentable.

Tardíamente, en 1996, la Cocef adoptó como criterio la sustentabilidad pero, en su prisa por cambiar la frontera, en 1998 le dio un vuelco al concepto al impulsar y certificar lo que denomina Proyectos de Alto Desarrollo Sustentable, forma de promover la carrera para el desarrollo y la aplicación de esos proyectos (recicladoras, confinamientos, tratadoras, potabilizadoras, hornos, etc.). Vale reflexionar que si esa excelsa sustentabilidad es como el basurero radiactivo de Sierra Blanca, por el cual Cocef ni Bandan han dicho nada, graves riesgos depara el futuro a la zona.

Colofón: El desbalance norte-sur de nuestro país es metakafkiano: mientras que la Cocef en Ciudad Juárez filosofa ambientalidades y lucha por justificar su existencia endilgando proyectos, a veces injustificables a la luz de nuestra realidad, en el lejano Suchiate se respira un aire a Valle Nacional. Un siglo de distancia nos separa.

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