El jueves pasado, luego de que la maestra Julia Carabias anunció en Mérida un apoyo millonario para recuperar y conservar los manglares que existen en la Península de Yucatán, varios grupos ciudadanos le entregaron abundantes datos sobre la destrucción de tan ricos ecosistemas en una entidad vecina, Quintana Roo. Estos hechos se dieron a conocer en la reunión pública anual del Consejo de la Comisión Ambiental de América del Norte, integrado por las titulares del ramo de México, Estados Unidos y Canadá. La señora Carabias recibió elogio unánime por su respaldo a reforzar los mecanismos de participación ciudadana y por la conducción del evento.

La primera destrucción tuvo lugar en Playa del Carmen, 60 kilómetros al sur de Cancún. La Procuraduría Federal del Medio Ambiente presentó ya una denuncia penal contra las autoridades de ese lugar por ordenar la ampliación de una avenida en base al relleno de humedales, matando de paso dos cocodrilos y arrasando sus sitios de anidación. Además, la policía local impidió que la Profepa clausurara dicha obra. El año pasado, se eliminó allí otra área de manglar, se invadió la zona federal marítima y se violaron varias normas legales (entre ellas la de densidad) para edificar un hotel, el Portorreal, a cuyos dueños las autoridades locales les dieron todo tipo de garantías para cometer sus ilícitos.

La segunda destrucción tiene lugar ahora en Puerto Morelos, una bella zona costera a 30 kilómetros de Cancún, con el inicio de un nuevo megaproyecto hotelero sin cumplir con toda la normatividad vigente sobre la materia. No es novedad que esto suceda pues está suficientemente documentada la forma como el gran capital ha violado las leyes ambientales y los compromisos para lograr un desarrollo sutentable en esa region. Pero sí alarma la intervención de funcionarios públicos para propiciar el incumpliento de normas que debían ser los primeros en hacer respetar. Es el caso de un enviado especial del Instituto Nacional de Ecología que el año pasado se presentó en Puerto Morelos y bajo amenazas de evitar la aprobación del decreto para crear allí un parque marino, influyó para que la comunidad accediera a dejar fuera de las limitaciones de dicho parque una importante área de playa y manglar. Casualmente esa área poco después fue vendida por el gobierno del estado a un grupo de inversionistas encabezado por el sinaloense Julio Verdegué. Hombre acostumbrado a vencer cuanto obstáculo se oponga a sus negocios, presentó públicamente en mayo lo que sería su megaproyecto ``ecológico'' turístico: El Cid. Contaría con 2 mil 800 cuartos de hotel, marina de altura y demás servicios exigidos por el gran turismo. El gobernador y demás autoridades estatales y locales respaldaron con su presencia y sus declaraciones el inicio de las obras.

Seguramente, el mandatario de Quintana Roo y quienes lo acompañaron en ese acto no fueron informados oportuna y verazmente de que el megaproyecto no cuenta con todos los estudios de impacto ambiental requeridos. Que, mañosamente, se autorizó abrir un camino de 23 metros de ancho sobre áreas de manglar y que sirve de acceso al sitio de las obras. El gobernador declaró en su oportunidad a manglares, humedales y demás áreas costeras inundables como de alta prioridad ecológica, coincidiendo así con las altas autoridades del país. Diversos estudios muestran precisamente que tan importantes ecosistemas se encuentran en buen estado en la región y es necesario protegerlos y conservarlos, en vez de alentar su pérdida con hoteles o infraestuctura pública.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó ya erigir la marina de altura, ignorando, como otras veces, que deben igualmente cumplirse claras normas federales a fin de evitar la destrucción de los recursos naturales. No está por demás advertir que en la tarea de burlar la ley, el poderoso empresario sinaloense cuenta con la asesoría de un experto en la materia y en hacer negocios desde el poder: Sigfrido Paz Paredes, ex subsecretario de Turismo, ahora eminencia gris del señor Verdegué. No debe extrañar entonces que en Puerto Morelos fuera fácil comprar la voluntad de muchos lugareños con ingresos bajos para que apoyen obras magnas so pretexto de crear fuentes de empleo y llevar inversión y ``progreso'' a una zona poco desarrollada. Pero a costa de recursos naturales, e ignorando alternativas para impulsar el turismo sin necesidad de depredar la naturaleza.

La maestra Carabias fue muy clara en Mérida al señalar que la dependencia a su cargo actuará decididamente para sancionar a quienes han violado la ley al destruir ecosistemas irremplazables. Y que se impedirán aquellas obras que no cumplen con la mormatividad. Ojalá las autoridades no sean rebasadas nuevamente por los hechos, por la influencia del gran capital y sus aliados en ciertas instancias oficiales. Por lo pronto, lo más urgente es detener la construcción del camino de acceso al megaproyecto pues, para lograrlo, a gran velocidad se están rellenando áreas con manglares.