Dos defensoras de derechos humanos, entre las víctimas en Juárez

Rubén Villalpando, corresponsal /II y última, Ciudad Juárez, Chih. Ť El silencio que ha envuelto a la serie de asesinatos de mujeres en esta ciudad empieza a romperse. Una decena de familias mantiene un plantón permanente frente a las oficinas del subprocurador de Justicia estatal para exigir castigo a los culpables.

Sin embargo los asesinos parecen no inmutarse, pues no sólo continúan apareciendo cadáveres de víctimas torturadas, sino que ahora dos jóvenes defensoras de derechos humanos parecen sumarse a la lista: una está muerta y otra desaparecida.

De las l36 mujeres asesinadas en los últimos cinco años, 4l no fueron identificadas, por lo que sus familiares ni siquiera conocen la suerte que corrieron. Esto se explica en parte porque en 90 por ciento de los casos se trataba de migrantes alejadas de sus parientes, mujeres presuntamente originarias del sur, con rasgos comunes como piel morena, complexión delgada, baja estatura y cabello negro y largo.

Durante los varios años que ya dura la tragedia ha prevalecido el desinterés y la ineficacia de las autoridades, sin embargo, en vísperas de las elecciones locales que se efectuarán el próximo 5 de julio, todos los partidos contendientes -incluido el PAN, que ha gobernado Chihuahua en el último sexenio- tomaron el asunto como bandera electoral, ofreciendo mayor protección a mujeres a cambio del voto ciudadano.

En ese contexto, las propias autoridades panistas pidieron aplazar su respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso, para cuando los comicios hayan concluido.

``No son crímenes en serie''

Desde hace cuatro meses las familias de una docena de mujeres asesinadas en esta frontera se plantan diariamente ante las oficinas del gobierno del estado para exigir que los crímenes sean investigados y se encarcele a los responsables.

Los quejosos acusan a las autoridades de ignorar la advertencia que desde l995 hicieron al menos l5 organizaciones no gubernamentales (ONG), en el sentido de que, por el número de casos registrados, era evidente que se trataba de asesinatos en serie. No obstante, desde l996 la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) repite el argumento de que los crímenes no guardan relación entre sí.

Durante tres años esas ONG demandaron la creación de una fiscalía especial para investigar los homicidios, la cual finalmente fue creada en enero del presente año, pero no cuenta con apoyo de agentes especializados y carece de suficientes recursos técnicos, económicos y materiales para cumplir con su trabajo.

Hace unos días se integró a la fiscalía especial el criminalista estadunidense Robert K. Ressler, ex agente del FBI (Oficina Federal de Investigaciones), contratado por la PGJE. El especialista destacó que se debe analizar la posibilidad de que el asesino sea un ciudadano de Estados Unidos que viene a Ciudad Juárez a cometer los homicidios y luego regresa a su país.

Un caso que ejemplifica el viacrusis que viven los pocos familiares que exigen justicia, es el de los padres de María Sagrario González Flores, de l6 años de edad, quien pertenecía a las comunidades eclesiales de base de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Ella desapareció el l6 de abril de l998 y fue localizada sin vida en el Valle de Juárez el día 29 del mismo mes.

Sus padres denunciaron la desaparición al día siguiente, pero los agentes encargados de recibir la demanda les dijeron que esperaran, que ``tal vez huyó con el novio y pronto hablaría''.

La madre de la jovencita se unió entonces al plantón permanente del Comité Independiente de Chihuahua pro Defensa de Derechos Humanos (CICDH), que exige la presentación de al menos l2 desaparecidas. También rogó al gobernador Francisco Barrio Terrazas que ordenara una investigación sobre la desaparición de su hija, pero el mandatario le respondió que en Ciudad Juárez no la podía atender, y que acudiera a sus oficinas en la ciudad de Chihuahua.

Cuatro días después apareció el cuerpo de Sagrario, semienterrado. Había sido violada y tenía la ropa a las rodillas. Sus familiares recibieron la noticia cuando se encontraban en el plantón, hasta donde llegaron agentes policiacos para informarles que debían identificar el cadáver.

En el plantón hay también dos niños de 5 y 7 años de edad que exigen la presentación de su madre, Silvia Arce, de 25 años de edad. Los pequeños acompañan a su abuela, Eva Arce, quien al igual que su hija desaparecida es activista en la defensa de los derechos humanos.

Eva Arce pertenece al CICDH, y ahora acude al plantón para demandar la presentación de su propia hija. Las personas que vieron a la joven por última vez señalan que estaba cerca de un automóvil grande, negro, tipo Grand Marquis ``como los que usan los policías''.

El tipo físico de Silvia Arce, que trabajaba como afanadora en el restaurante-bar Guateques, no coincide con el de las migrantes sureñas. Ella es una típica chihuahuense alta, morena clara, y quienes la conocen se refieren a ella como ``muy guapa''.

Detenidos, 11 presuntos responsablesz

En octubre de 1995 la policía judicial del estado detuvo al ciudadano egipcio Abdulá Latif Sharif Sharif, como responsable de la muerte de siete jóvenes, cuyos cuerpos fueron localizados en el Lote Bravo, una zona desértica situada a la altura del kilómetro 28 de la carretera Panamericana.

Una primera acusación en su contra, por violación, fue desechada por el juez debido a que la denunciante es una sexoservidora, pero una semana después de su detención el egipcio fue acusado formalmente de ser el depredador de Ciudad Juárez, y consignado al juzgado quinto de lo penal, donde obtuvo la libertad por dos de las acusaciones. Sin embargo no ha salido libre porque hay todavía cargos en su contra.

Sharif Sharif llegó a México proveniente de Estados Unidos, de donde fue expulsado debido a que acumuló tres sentencias de violación. En el último caso, a su víctima le fracturó la nariz, la mandíbula y dos costillas. El testimonio de un vecino señala que el egipcio les ofrecía bebidas a cambio de que embriagaran a jovencitas para después abusar de ellas.

El procurador Arturo Chávez reconoce en un informe que hay pruebas que inculpan a Abdulá Latif Sharif como el agresor en varios casos. Un testimonio señala que, ya en la cárcel, anticipó que continuarían apareciendo víctimas, además reveló que algunas de las mujeres habían sido mutiladas por mordeduras, cuando este dato todavía no era difundido por la policía.

Si bien continuaron apareciendo víctimas después de la detención del egipcio, se le considera uno de los muchos posibles autores de estos crímenes, en relación con los cuales hay 11 detenidos hasta la fecha. En algún momento se difundió que Sharif había pagado mil dólares por cada víctima a una banda conocida como Los Rebeldes.

La policía recabó testimonios que inculpan a 10 elementos de ese grupo que controlaba algunos bares. Los acusados tienen entre l7 y 20 años, y según testigos uno de sus automóviles fue reconocido como el mismo en que se subió una de las mujeres que apareció después asesinada.

Al jefe de la banda, conocido como El Diablo, se le tomó un molde de su dentadura, que coincidió con las marcas que presentaban algunos cadáveres mutilados. También resultó positiva la prueba de luminol, que evidenció huellas de sangre en los autos de la banda, donde además se encontraron cabellos que, tras ser analizados, resultaron ser de algunas de las víctimas.

Por la gravedad del problema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades estatales y municipales -de extracción panista-, para que profundicen las investigaciones a fin de esclarecer la serie de homicidios, pero en lugar de atenderla, solicitaron ampliar el plazo de respuesta para después de las elecciones que se efectuarán el próximo domingo en Chihuahua.