Armendáriz: México, sin estructura legal sobre cobro de adeudos

Roberto González Amador, enviado, San Salvador, 30 de junio Ť El sistema judicial y las leyes mexicanas se han quedado rezagados de la modernización de otras instituciones y actividades económicas, advirtieron funcionarios de México que participaron aquí en una conferencia organizada por el Banco Mundial.

``El sistema legal mexicano no ofrece instrumentos procesales que garanticen a los acreedores cobrar las garantías por los préstamos que otorgan, una vez que los deudores dejaron de pagar'', en una práctica que inhibe la actividad financiera, comentó la vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Patricia Armendáriz.

``Con las prácticas jurídicas actuales, que no propician una recuperación expedita de las garantías sobre préstamos en caso de no pago por parte de los deudores, puede retrasarse la asignación de inversiones a actividades productivas'', indicó a su vez Fernando Solís Soberón, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), organismo gubernamental encargado de supervisar el sistema de pensiones.

Para reactivar el otorgamiento de créditos, prácticamente suspendido desde el estallamiento de la crisis en 1995, es necesario que la estructura legal del país garantice que los acreedores van a poder cobrar los préstamos que conceden, afirmó Armendáriz.

``En México urge que las leyes propicien un sistema expedito de recuperación de garantías y eso tiene que ver con una profunda revisión a la ley de quiebras, cuyo debate se ha pospuesto aun cuando existen propuestas concretas para modificarla'', expresó la funcionaria.

Mencionó que la modificación de las leyes para permitir la recuperación expedita de garantías tiene que ver con el actual debate sobre la reforma al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en la que el gobierno propuso convertir a deuda pública los pasivos del fideicomiso, que alcanzan 65 mil millones de dólares.

Los pagarés entregados por el Fobaproa a los bancos como pago por la compra de cartera de crédito equivalen a 30 por ciento de los activos del sistema bancario y representan un monto cuatro veces superior al tamaño de su capital. Desconocer estos instrumentos equivaldría a colocar a las instituciones de crédito en situación de quiebra, aseveró la funcionaria.

``La parte legal es fundamental en toda esta discusión'', sostuvo Armendáriz. Explicó que si el Congreso encuentra que algunos directivos bancarios cometieron fraudes en el traspaso de créditos vencidos al Fobaproa, no existe una estructura legal que permita perseguir esos delitos.

``Faltan reglas claras. En algunos casos de ex banqueros que incurrieron en prácticas ilegales y se concedieron préstamos que después no pagaron, hay evidencias de que las garantías que ofrecieron por los créditos ya fueron transferidas a prestanombres. Así que, con la actual estructura legal, lo más que se puede hacer es meterlos a la cárcel, pero dudo que se pueda recuperar el dinero porque las garantías ya no existen'', aseguró Armendáriz.

Al insistir en la necesidad de hacer más expeditas las leyes sobre recuperación de garantías, la funcionaria indicó que una de las explicaciones sobre la decisión de los actuales banqueros de no conceder préstamos ``es que no están seguros de que puedan recuperarlos''.

Afirmó que los bancos nacionales deben continuar realizando esfuerzos importantes para recuperar su cartera de crédito existente, para permitirles mejorar su situación financiera y reorientar recursos prestables hacia inversiones productivas.

``Un factor decisivo para que lo anterior tenga lugar es el reforzamiento del sistema judicial, que fortalezca los derechos de los acreedores, así como sus posibilidades de ejercerlos''.

Urge reformar el sistema judicial

En una posición coincidente, Fernando Solís Soberón expresó la necesidad de empezar una reforma integral del sistema judicial, como parte de un proceso de modernización de las instituciones del país.

El sistema privado de pensiones, indicó, será en el corto plazo una fuente importante de recursos para financiar tanto actividades productivas como programas de impacto social relacionados con la construcción de viviendas.

Sin embargo, apuntó, esa posibilidad de canalizar recursos a inversiones productivas y de alta rentabilidad social puede verse retrasado si no existe un esquema ágil de adjudicación de garantías ante deficiencias en el sistema legal y judicial.

Consideró necesario que en el país se lleve a cabo una ``revisión integral de todo aquello que pueda inhibir los flujos de inversión y ahorro internos. El ahorro interno se está generando y, por lo tanto, hay que revisar el sistema judicial y ver si no opera hoy con prácticas que pueden ser un obstáculo para la asignación de esos recursos''.