Mientras más se adentra uno en los vericuetos y laberínticos programas de Fobaproa, más se da uno cuenta de que el resultado desastroso al que se enfrenta ahora todo el país, fue provocado por políticos y financieros inexpertos, que pensaron que sus clases de economía en universidades norteamericanas podían suplir patriotismo, apego a la ley y sentido común.

Las operaciones, contratos, firmas de documentos, avales del gobierno, que se llevaron a cabo desde el fideicomiso manejado por el Banco de México y creado inicialmente con una intención preventiva y de saneamiento bancario, nos ponen frente a errores, caprichos aparentemente inexplicables de funcionarios públicos y soluciones contrarias al interés de la mayoría, pero encaminadas al rescate de los negocios bancarios, entregados por regla general a manos incapaces.

El fideicomiso se creo en 1986, cuando la banca estaba aún estatizada y cuando sus flamantes directores no tenían mucho tiempo de haberse desprendido de sus escritorios burocráticos en diversas dependencias públicas, expertos en la política cortesana de entonces, pero por regla general con escasa experiencia crediticia.

En 1996, ya con la banca privatizada y para paliar los efectos de la crisis de 1994, se transformó el fideicomiso anterior y se le dio la estructura que ahora tiene, que es la de un fondo que debería integrarse con aportaciones de los mismos bancos, manejado por el Banco de México y con el objeto de que se tomaran medidas preventivas tendientes a evitar problemas financieros en las instituciones, así como ``procurar'' el cumplimiento de las obligaciones bancarias frente a sus ahorradores y depositantes.

En el desarrollo de las operaciones del Fobaproa, se llegó, sin embargo, a medidas más allá de las preventivas y se excedió el mandato de procurar el cumplimiento de las obligaciones; al ser insuficiente lo aportado por los bancos, se echó mano en un principio de créditos y dineros públicos y finalmente, sin fundamento legal alguno y sin siquiera estar previsto en el contrato, se optó por comprar la cartera de los bancos en problemas, esto es, comprar los créditos que los bancos habían otorgado a sus clientes y que éstos no podían cubrir, una parte de los cuales se ha vuelto incobrable o de muy difícil y costoso cobro, y a cambio se firmaron pagarés por Fobaproa, contra un fondo exhausto puesto que el del fideicomiso lo estaba, pero para tranquilidad de los banqueros, con el aval del gobierno federal.

Estos avales, que son reconocimiento de deudas a cargo del gobierno, fueron contraídos sin sustento en la ley que creo al fideicomiso y sin relación directa con las finalidades del mismo, y peor aún, contraviniendo disposiciones constitucionales acerca del endeudamiento oficial; son los que la propuesta del presidente Zedillo pretende que se conviertan en deuda pública directa o contingente con autorización del Congreso, y es precisamente lo que los partidos de oposición se niegan a convalidar.

Lo cierto es que las firmas de los pagarés ya están puestas en los mismos y por tanto la obligación a cargo del Estado mexicano ya existe, excepto que una autoridad competente declarara la nulidad o ineficacia de dichas firmas; es cierto también que, independiemente del problema formal y jurídico y de las sanciones que se pudieran imponer a quienes autorizaron las operaciones por encima de la ley, está el hecho de que a los ahorradores y depositarios no se les puede dejar desprotegidos y que tendrá que ser casi obligadamente el Estado el que entre a su rescate.

Lo que pretende la oposición es que en primer lugar se aclaren las cosas, que se revise cuidadosamente la cartera cedida por los bancos a Fobaproa, se encuentren dentro de ella los créditos ilegales y multimillonarios que no debieron haberse otorgado, que se cobren éstos a quienes se beneficiaron con ellos, y que solamente se apoye a deudores de créditos industriales y comerciales para proteger la planta productiva, así como los ahorros de los cuentahabientes no especuladores.

Necesariamente habrá que afrontar el problema, pero que se reduzca al mínimo y que se sancione a quienes sean culpables.