Según los datos contenidos en la Evaluación 1997 del Programa Nacional de Acción a Favor de la Infancia, dados a conocer por este diario, aunque se han logrado reducciones importantes en los índices de mortalidad infantil, en múltiples regiones del país --sobre todo en el campo-- persiste un panorama dramático y doloroso.

Tan sólo en Guerrero --estado donde gran parte de la población rural sobrevive en condiciones de miseria, insalubridad y explotación inhumanas e indignantes--, la tasa de mortalidad de niños menores de un año se elevó, de 1990 a 1996, en 18.3 por ciento, mientras que el índice de fallecimientos correspondiente a infantes menores de cinco años tuvo un aumento de 11.3 por ciento en el mismo periodo. En otros estados, si bien se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud y logrado reducir el número de niños que mueren durante sus primeros años de vida, todavía se registran niveles alarmantes de defunciones provocadas por padecimientos prevenibles o curables. Basta señalar que en Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas, las muertes de infantes menores de cinco años causadas por la desnutrición en 1996 --calculadas en 48.2, 47.6, 32.5, 23.2 y 22.5 por cada 100 mil habitantes del grupo de edad-- fueron muy superiores al promedio nacional, situado en 19.2.

Ciertamente, durante los seis años que analiza el informe ya señalado se lograron avances significativos, pues la mortalidad infantil logró abatirse en 28.3 por ciento a nivel nacional y se ha ampliado la cobertura de los programas de vacunación y de tratamiento de la deshidratación. Sin embargo, las pérdidas tanto de niños como de sus madres antes o después del parto son todavía muy altas, circunstancia que se agrava por el hecho de que la mayor parte de las muertes podrían haberse evitado. Padecimientos como la desnutrición y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que en los países desarrollados son rápidamente diagnosticados y atendidos, en México siguen cobrando miles de víctimas, sobre todo entre los grupos sociales más pobres y desamparados: los campesinos, los habitantes de los cinturones de miseria de las ciudades y los indígenas. La pobreza, no debe olvidarse, es la principal aliada de la muerte y la enfermedad.

Ante los indicadores de mortalidad materna e infantil, datos que demuestran --como casi ningún otro-- el atraso y el subdesarrollo de una nación, no hay estadística ni retórica que valga: ni los avances macroeconómicos ni los reportes favorables en materia bursátil o comercial son capaces de atemperar el dolor por las pérdidas humanas ni de ocultar la insuficiencia de las políticas sociales. Por ello, resulta indispensable redoblar los esfuerzos para ampliar la cobertura médica y sanitaria en el país, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos mediante la aplicación de programas efectivos de asistencia y desarrollo social, y establecer una política económica incluyente y capaz de redistribuir la riqueza nacional.

En momentos en que se analiza la posibilidad de realizar nuevos recortes presupuestales y se discuten las características y alcances de una reforma fiscal integral, tanto las autoridades hacendarias como los legisladores y los partidos políticos deben poner especial atención en que los montos destinados al gasto social no resulten mermados y que los recursos de los contribuyentes sean ejercidos, en todo momento, de manera justa, transparente y en beneficio de las mayorías.