Consultoras: sería de $5 mil millones el tercer recorte

Antonio Castellanos, Miriam Posada, Laura Gómez y Antonio Vázquez Ť En los próximos días el gobierno federal podría realizar el tercer ajuste en el presupuesto de egresos, que podría ser de 5 mil millones de pesos, consideraron los analistas de las consultoras Bursamétrica, Standard and Poor's y Dri/McGrawHill. El ajuste en los gastos sería de 2 mil 500 millones, se haría una revisión de precios y tarifas del sector público y se utilizaría el fondo de contingencia, indicaron.

Los exportadores consideraron que el recorte al gasto es el único camino, mientras comerciantes e industriales se manifestaron en contra de un aumento en las tarifas del sector público, porque provocaría recesión en 1999. Propusieron ampliar la base tributaria, pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opuso a esta medida por la vía de incorporar a los trabajadores de la economía informal. Un tercer recorte al presupuesto de egresos, advirtió el PRD, agudizaría las condiciones de pobreza de 24 millones de mexicanos.

Los economistas de Banamex consideraron que el gobierno esperará hasta tener una lectura más clara sobre la evolución de los precios del petróleo, que bien podría ser a mediados o finales de julio, para decidir sobre un ajuste al gasto público.

El ex secretario de Hacienda y ex embajador de México en Washington, Jesús Silva Herzog, manifestó que ante la caída de los precios del petróleo el gobierno sólo tiene cuatro opciones: recortar el gasto público, elevar tarifas e impuestos, recurrir a un mayor endeudamiento externo o incurrir en un déficit presupuestal que provoque un incremento de precios.

Ante la reducción de ingresos petroleros que afectará en 11 por ciento el ingreso fiscal total para este año, el presidente de la Asociación Nacional del Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), Roberto Sonnenberger, destacó que los recortes al gasto son la única manera de ajustar las cuentas públicas sin tener que recurrir a soluciones más graves y de largo plazo.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) se manifestó en contra de que las autoridades aumenten las tarifas como un recurso para salvar las finanzas públicas, toda vez que esto repercutirá directamente en el aumento de precios de bienes y servicios, y expresó su apoyo a las medidas que el gobierno de la ciudad ha tomado para combatir el ambulantaje.

El director del Centro de Estudios Económicos de la Canacintra, Francisco Caballero Anguiano, precisó que un tercer ajuste al presupuesto no será relevante en la actividad industrial, toda vez que ``hemos llegado a un tope técnico en el que no puede haber una mayor caída sectorial a la que se registró con los dos primeros recortes''.

Advirtió que si el gobierno recurre el aumento de precios y tarifas de bienes y servicios, de manera discriminada, afectaría la actividad productiva, pues ``a partir de 1999 entraríamos a un proceso de desaceleración económica que nos llevaría a situaciones impensables''.

Analistas del sector privado adelantaron que la restructuración fiscal que pretende enviar el gobierno a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación se encamina a incrementar los impuestos al consumo y no los del ingreso. En otras palabras, podría aumentar el IVA y ajustarse a la baja el impuesto sobre la renta.

El vicecoordinador de Política Social del PRD, Felipe Rodríguez Aguirre, se opuso a nombre de esta fracción parlamentaria a elevar la base gravable por la vía de incluir a los ambulantes a la economía formal y advirtió que un tercer ajuste al presupuesto agudizaría las condiciones de pobreza de más de 24 millones de mexicanos.

Consideró como un acto de ``irresponsabilidad social'' la postura del sector privado de exigir la privatización de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y de la petroquímica, y aseguró que por lo pronto resulta más prioritario otorgar un aumento emergente e inmediato de 100 por ciento al presupuesto para el gasto social e incrementar la franja de beneficio social en áreas como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.