La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió ayer un documento titulado Antecedentes y razones de las iniciativas de reformas financieras, en el cual se reiteran las posturas del gobierno federal sobre el tema del Fobaproa, la conversión de los montos destinados al rescate bancario en deuda pública, los deudores y, en general, los saldos de la crisis financiera que inició en diciembre de 1994.

Al margen de prolegómenos autojustificatorios, en los cuales se recurre incluso a metáforas vulcanológicas para exculpar a la actual administración de toda responsabilidad en la gestación de dicha crisis, y de reiteradas argumentaciones que intentan demostrar que, para enfrentarla, las autoridades adoptaron las mejores decisiones, las partes medulares del documento parecen orientarse a flexibilizar la posición de los diputados perredistas y panistas de rechazar la integración de las deudas compradas por el Fobaproa al débito público.

En este sentido, lo más destacado es la oferta de la SHCP de ``examinar la transparencia de las operaciones de crédito de los bancos intervenidos o de las carteras que adquirió el fondo, y actuar con toda la energía de la ley en los casos en los que las auditorías revelen irregularidades y acciones fraudulentas''. En otros términos, las autoridades fiscales parecen estar ofreciendo a los diputados opositores eliminar la traba del secreto bancario, la cual había sido esgrimida para impedir que los legisladores llegaran hasta el fondo de manejos que se presumen turbios y que, en las intenciones del gobierno federal, costarían al erario más de 400 mil millones de pesos.

Si es correcta esta interpretación, ello implicaría poner al descubierto, por una parte, los nombres de los deudores millonarios del Fobaproa y, por la otra, evidenciar fallas, responsabilidades políticas y hasta delitos que pudieron haberse cometido en el desempeño de la supervisión de las operaciones bancarias a que están obligadas la propia Secretaría de Hacienda y, específicamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte, la SHCP evoca ``serias deficiencias del actual marco legal'', ``inadecuadas normas en materia de adjudicación de garantías por parte de los acreedores'' y ``fallas que desde hace décadas afectan el funcionamiento de los tribunales del fuero común y federal'', como razones por las cuales será legalmente imposible procesar a quienes, en medio de la actual crisis (y aun antes), se beneficiaron llevando a sus empresas a la quiebra y esperan, pese a todo, preservar su impunidad. Ha de señalarse que tales individuos no pudieron actuar solos, en la medida en que sus operaciones se encontraban bajo la fiscalización de las autoridades financieras y bancarias y que, en consecuencia, contaron con la indolencia, la torpeza o la complicidad activa de funcionarios de diversos niveles, cuyas acciones deben ser rigurosamente investigadas y, en su caso, sancionadas.

Finalmente, casi tan indignante como la pretensión de pasar la factura de tales operaciones a todos los mexicanos, resulta el doble rasero con que la SHCP trata, por una parte, a los grandes empresarios a los que se ha venido poniendo a flote con mecanismos como el Fobaproa y, por la otra, a los pequeños deudores organizados en diversas agrupaciones, a las cuales se alude como ``diversos grupos que han propalado `la cultura del no pago', y a las que se acusa de haber ``entorpecido un gran número de procesos judiciales''.