Amparo a siete ex funcionarios contra la orden de captura por Acteal
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 3 de julio Ť Los siete servidores públicos a quienes se les giró orden de aprehensión por el caso Acteal, entre ellos el actual secretario de Atención a los Pueblos Indígenas y el subcoordinador de Control y Procesos de la Subprocuraduría Indígena, interpusieron un amparo por delitos contra la administración de justicia por actos u omisiones.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Noé Castañón León, informó que la Fiscalía Especial para el caso Chenalhó, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ``dadas las circunstancias de la averiguación, consideró que era conveniente que esta misma la hiciera suya la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)''.
Por tanto, dijo, el fuero común y las autoridades estatales suscribieron la averiguación previa girada en contra de los ex servidores públicos dependientes de la procuraduría del estado, quienes estuvieron involucrados en la masacre de Acteal.
El juez de la causa giró orden de aprehensión en contra de David Gómez Hernández, quien fungiera el 22 de diciembre como subprocurador de justicia indígena; de Juana Isabel Gutiérrez, Sergio Saldaña Ruiz, Moisés Moreno Jiménez y Alfredo Alvarez Pérez, todos ex ministerios públicos en esa misma fecha.
Se giró también orden de aprehensión contra Manuel Valdés Villatoro, subcoordinador de Control y Proceso de la Subprocuraduría de Justicia Indígena; y otra en contra del actual secretario de Atención a los Pueblos Indígenas, Felipe Moreno Jiménez, quien fuera Ministerio Público.
Estas siete personas interpusieron un amparo por delitos cometidos en la administración de justicia por acción u omisión; esto es, actos ilícitos realizados por servidores públicos cuando indebidamente retardan o niegan a particulares la protección o servicio que tengan obligación de prestarles, o retardan por negligencia o dolo el curso de éstas.
La Fiscalía Especial para el caso Chenalhó aún no ha informado si las otras investigaciones del caso Acteal, entre ellas las giradas contra del ex gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, y otros funcionarios de Gobierno, también serán turnadas a la actual administración estatal.
Igualmente, continúan pendientes las investigaciones en contra de los grupos de civiles armados que operan en la entidad, y lo relacionado a los homicidios y otros delitos cometidos en Chenalhó en el periodo previo a la masacre de Acteal.
Gustavo Castillo, enviado y Antonio González, corresponsal, San Luis Potosí, SLP, 3 de julio Ť La Procuraduría General de la República (PGR) dará cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se han girado contra implicados en el caso Acteal ``de una forma en que no se vaya a generar violencia'', aseguró el procurador Jorge Madrazo Cuéllar.
Puntualizó que la dependencia a su cargo ha tenido que proceder con mucho cuidado para la ejecución de todos y cada uno de los mandamientos judiciales.
El titular de la PGR adelantó que ya un número importante de las 34 averiguaciones previas iniciadas por hechos anteriores a la masacre del 22 de diciembre pasado, han sido consignadas ante jueces de distrito de los fueros federal y común.
Madrazo Cuéllar afirmó que la PGR continuará con la investigación de los hechos delictivos que se han presentado, ``fundamentalmente los del 22 de diciembre, en donde tenemos un avance muy considerable que se puede resumir en el hecho de que hay en este momento 98 personas bajo proceso y privadas de su libertad en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez''.
Informó que existen 23 órdenes de aprehensión solicitadas y que de ellas, diez ya han sido libradas, mismas que no se han podido ejecutar, mientras que las otras 13 están sometidas a un procedimiento de apelación.
``Esperamos que ante el Magistrado del Tribunal Unitario se nos obsequien esas 13 órdenes de aprehensión y procedamos a darle cumplimiento de una forma en que no se vaya a generar violencia'',
Jorge Madrazo dijo también que además de los hechos de Acteal, la PGR estudia 34 averiguaciones previas por hechos delictivos que se presentaron antes de los sucesos del 22 de diciembre y que ``un número importante de ellas ya han sido consignadas ante los jueces de distrito y jueces del fuero común en Chiapas''.
Agregó que tiene confianza en que en un corto plazo la totalidad de las 34 averiguaciones previas estén consignadas ante impartidores de justicia.
Al referirse al discurso que pronunció el presidente Ernesto Zedilla en Simojovel el pasado miércoles, expresó: ``yo creo que ha sido un llamado muy claro, muy directo en donde se han dicho muchas verdades y, como dice el dicho, la verdad no peca pero incomoda''.
Alma E. Muñoz Ť La Comisión Episcopal para la Pacificación y la Reconciliación en Chiapas informó que Samuel Ruiz descarta la posibilidad de continuar con el trabajo de intermediación. De acuerdo con la jerarquía católica, la línea del religioso será mantenerse como obispo para seguir trabajando por la paz en el estado.
En otro sentido, trascendió que ayer por la mañana el obispo se reunió con ex integrantes de la Comisión Nacional de Intermediación para analizar los trabajos realizados por la misma durante los cuatro años de su existencia. Se acordó que no habría declaraciones sobre el encuentro.
A raíz de la renuncia de Samuel Ruiz a esta comisión, el Episcopado Mexicano planteó que la intención del religioso es trabajar por la paz desde su labor pastoral. El, se dijo, decidió continuar por la línea de comunión episcopal para, como obispo, informar al Vaticano sobre los acontecimientos.
De esta manera, Samuel Ruiz descarta la posibilidad de continuar como intermediador en el conflicto chiapaneco entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano.
De acuerdo con la Iglesia, lo anterior se debió a que, de un lado, el gobierno ``nunca le tuvo confianza'' y, de otro, los insurgentes le pedían planteamientos políticos y no episcopales. Ante esas afirmaciones, la propia institución rechazó que pudiera asumir el cargo que dejó el obispo.
Así, sólo se concretará a continuar con sus visitas pastorales a diversas comunidades de la zona en conflicto, como la programada del 10 al 13 de agosto próximo, a fin de escuchar de viva voz a los habitantes de las mismas y ofrecerles su apoyo mediante el mensaje eclesiástico.
Para la Iglesia, la preocupación actual se centra en los enfrentamientos internos que puedan sostener simpatizantes y no partícipes de la propuesta zapatista en algunos poblados de la entidad.
Se aclaró que la decisión de Samuel Ruiz no afecta el trabajo de la Iglesia católica en el país, porque ésta respeta su relación con el Estado tal como lo marcan las leyes.
Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de julio Ť La decisión ``trascendental'' de la diócesis de esta ciudad, presidida por el obispo Samuel Ruiz García, en cuanto a desarrollar una acción pastoral basada en la teología de la liberación y aceptar la revelación de Dios mediante la historia de los propios pueblos -``y no sólo a través de los dos canales tradicionales: la escritura sagrada (la Biblia) y la tradición de la Iglesia que viene de los padres de la Iglesia''- transformó la historia y causó una nueva sacralización entre los pueblos indígenas de Chiapas.
Las anteriores palabras corresponden al historiador Jan de Vos, especialista en la historia chiapaneca e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste (Ciesas del Sureste), quien señala que en el momento que los agentes de pastoral indígena conocen, en los inicios del gobierno diocesano del ex presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, que Dios se revela en la historia, en el sufrimiento, en la pobreza de cada pueblo, el hecho adquirió un significado de libertad, ``un camino de liberación para los pueblos''.
Jan de Vos presentó, al inicio de su exposición, dos imágenes, ``dos paneles'', dice: la primera, el escudo del estado de Chiapas del siglo dieciséis y, la segunda, una Virgen de Guadalupe con pasamontañas que fue tomada por él en 1995 en la comunidad zapatista de Guadalupe Tepeyac, en Las Margaritas. Imágenes, explica, que representan la segunda mitad del siglo XVI y la segunda mitad del siglo veinte.
``En el centro está representada la religión católica en estos dos momentos que, a mi modo de ver, son clave. La segunda mitad del siglo XVI y la segunda del presente siglo representan, a nivel religioso, un cambio, una mutación fundamental, que tiene que ver con dos crisis fundamentales a nivel cultural'', explicó el especialista.
En su exposición frente a decenas de investigadores de México, Francia, Guatemala y España, principalmente, aseguró que tanto el escudo de Chiapas -``con la palma verde que está representada en una de las dos peñas que forman el Cañón del Sumidero''-, como la imagen de la Virgen de Guadalupe con pasamontañas representan una religiosidad popular con una expresión sui generis.
El historiador estima que ``fue un momento decisivo -todavía no sabemos cuán grave por sus consecuencias- cuando, dentro de esta reflexión teológica, la diócesis (de San Cristóbal) toma la decisión de aceptar que la revelación de Dios no llega únicamente a través de los dos canales tradicionales, que son la escritura sagrada y la tradición de la Iglesia, sino que Dios también se revela en la historia de cada pueblo.
``Yo creo que fue una decisión cuyas consecuencias eran difíciles de medir, porque, por un lado, eso significaba, desde el punto de vista de los agentes de pastoral, una liberación o un camino de liberación para los pueblos indígenas y, además, está hablando con su propia historia'', aseguró.