Resulta absurda la constante petición que hacen los empresarios de no politizar la discusión económica. Pero lo absurdo no le quita lo peligroso al reclamo patronal, que se hace en medio de una tormenta que sin mayor trámite puede volverse de nuevo huracán financiero.
Lo que el país requiere no es una escisión entre la economía y la política, sino una nueva y eficiente manera de combinarlas en un sistema de toma de decisiones cada vez más preciso y transparente, constitucional y previsible. Querer echar hacia atrás el reloj de la democracia representativa, acudiendo a formas arcaicas de corporativismo o a un decisionismo sin soportes sociales suficientes, es poner en acción reflejos y fuerzas regresivas, incapaces de dar curso a iniciativas políticas eficaces y eficientes, pero sí de poner diques a una normalización política que no puede quedarse en lo electoral, a pesar de lo mucho logrado y ratificado en ese frente.
Alcanzar la normalidad política supone un entramado sólido, basado en acuerdos de muy diverso tipo y plazo y en una tarea institucional que apenas hemos emprendido. Sin estos acuerdos y esta labor de innovación e invención institucional, la democracia no será normal sino epidérmica y hasta efímera, siempre en calidad de rehén de los inevitables asaltos deslegitimadores que emanan de la transición misma.
El debate sobre Fobaproa, una vez que en verdad se inicie y deje de ser pretexto para toda suerte de chantajes o para el lanzamiento irresponsable, disfrazado de periodismo audaz, de nuevas figuras de la farándula, podría servir para retomar la ruta de acuerdos y búsqueda institucional que se abandonó por parte de todos después de las elecciones de julio de 1997. Todo depende de que los actores principales involucrados dejen de jugar al gallo y la gallina y asuman que en este caso, como en varios otros que tenemos por delante, nadie puede hacerse a un lado y viajar gratis hacia la tierra del nunca jamás en que se ha convertido el año 2000.
Resulta un tanto pueril insistir en que los partidos que forman la oposición sólo quieren que el gobierno pague los costos del desplome bancario y su posterior rescate. Como fatal sería encontrar que en efecto estos partidos se han guiado por esa forma infantil de hacer cálculo político.
Políticamente, el gobierno ya ha pagado y puede decirse que lo seguirá haciendo, pase lo que pase con el litigio que hoy se concreta en la propuesta de volver deuda pública lo que ya es y no podrá sino ser deuda pública. Los costos y los beneficios del asunto hay que buscarlos en otro lado.
De no resolverse pronto este enredo, crece la probabilidad de que México encare una nueva emergencia cambiaria. Con ella, aumenta también el riesgo de que la cuasi recesión endémica que nos corroe se vuelva de plano una situación depresiva.
De ocurrir algo así, los costos en serio, no los virtuales y simulados de que tanto se habla hoy, serán pagados por todos, partidos y masas, dirigentes y dirigidos, sin posibilidad de escape. Los costos se harán pérdidas y no habrá Fobaproa para nadie.
Llegar a acuerdos no significa olvidar culpas y amnistiar sin más a los responsables de actos delictuosos. Pero sí obliga a precisar lo que se quiere e ir más allá de la furia punitiva de estos días. Por ejemplo: se podría convenir en que los aspectos decisivos del gasto social, los programas contra la pobreza extrema y la protección y atención de los niños, no sean afectados por el servicio de la deuda a que obliga el rescate. Podría también acordarse poner a la reforma fiscal en el centro de la deliberación política nacional, aunque esto implique invertir un poco en cursos intensivos en derecho constitucional para empresarios.
Abrir paso a la creación institucional, a su vez, nos permitiría encontrar nuevas y más productivas formas de comunicación entre actores sociales y económicos y el gobierno y el Congreso, por igual pasmados hoy ante el vacío que deja el viejo corporativismo en su retiro. Podría también superar sin estridencias varias de las fantasías de fin de época y, por ejemplo, definir con precisión los términos y los límites de la autonomía del Banco Central, a la vez que emprender la construcción de un sistema financiero que no tenemos y requerimos como el oxígeno.
Acordar pronto sobre Fobaproa no significa ceder ni conceder ante el abuso o la inepcia. Puede, si se hacen las cosas bien y los capitales no entran en estampida, hacernos avanzar y poner en su lugar central a la política. Pero para ello, la política tiene que mostrar a todos, ya, su vocación constructiva. Menos grito pero más, mucho más, verbo. Menos furia y más, mucho más, rigor.