Campaña de intimidación en San Cristóbal contra grupos civiles

Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de julio Ť Desde alguno de los sótanos de la política ``sucia'' que opera en Chiapas, se ha desatado en las semanas recientes una campaña de intimidación y robo contra personas y organismos no gubernamentales en la ciudad de San Cristóbal. Espionaje telefónico, vigilancia domiciliaria, creación de rumores y conflictos con vecinos.

Investigadores reconocidos como Andrés Aubry, Mercedes Olivera y Angélica Inda reciben amenazas anónimas. Lo mismo dirigentes sociales como Manuel Hidalgo, de la organización de barrios y colonias Bacosan, cuyos familiares han sido hostigados y amenazados en fechas recientes.

El periódico Tiempo, que dirige Concepción Villafuerte, también es blanco de ataques. Hace poco, un hombre de aspecto militar fue sorprendido intentando asaltar las instalaciones, pero se dio a la fuga, profiriendo un discurso coprolálico y con amenazas de muerte.

El Archivo Histórico Diocesano, considerado recientemente la ``mayor riqueza documental sobre el pasado chiapaneco en el estado'' por un congreso internacional de académicos, ha sido objeto de ataques e intento de hurto, a lo cual se vincula un robo previo, el 19 de junio, del domicilio de su directora Angélica Inda, y de Andrés Aubry. La documentación y equipo sustraídos fueron trasladados por los ladrones en un taxi de la Central Oficial.

El 2 de julio, el acceso al archivo fue violentado, presumiblemente por las mismas manos que robaron las llaves el día del saqueo de la casa de Inda y Aubry.

Otras organizaciones no gubernamentales que laboran en comunidades indígenas de la zona también han recibido amenazas, y una ciudadana estadunidense, vinculada con el trabajo social, fue brutalmente violada en el centro de San Cristóbal por dos taxistas de la Central Oficial.

Estos hechos, y muchos otros que se han ido acumulando en los márgenes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, de la extinta Conai, y de las ONG locales, en apariencia aislados, tienen demasiadas similitudes y recurrencia de actores como para que se les pueda considerar fortuitos y sin conexión. De igual manera, reciben amenazas personas que participaron en el aspecto logístico de los diálogos de San Andrés, en los Cinturones de Paz, o que laboran en las instituciones amenazadas.

Los robos de equipo de computación y archivos lo mismo han afectado a Angélica Inda que al ingeniero Javier Espinoza (administrador del Hotel Casa Vieja). En otro asalto se frustró el robo del equipo de cómputo y los archivos de la Casa Na Bolam, dedicada desde hace décadas al estudio de las culturas mayas.

Sin duda, el caso de Angélica Inda y Andrés Aubry, directamente vinculado a las agresiones contra el Archivo Diocesano, ilustra cómo los ataques siguen un patrón, son ejecutados por la misma mano, y calcan los lineamientos de la ``guerra psicológica urbana'' de los manuales de la guerra de baja intensidad.

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de julio Ť La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó nuevamente la intervención de la Policía Judicial Federal (PJF) para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas contra los ex funcionarios involucrados en el caso Acteal, toda vez que aún no han sido detenidas las personas a quienes les fue negado el amparo.

El procurador estatal, Rodolfo Soto Monzón, precisó que se solicitó un oficio de colaboración a la Procuraduría General de la República (PGR) para que, conjuntamente con la policía estatal, trate de aprehender a David Gómez Hernández, quien el 22 de diciembre era subprocurador de Justicia Indígena; de Juana Isabel Gutiérrez, Sergio Saldaña Ruiz, Moisés Moreno Jiménez y Alfredo Alvarez Pérez, todos ex agentes del Ministerio Público.

Se giró también orden de aprehensión contra Manuel Valdés Villatoro, subcoordinador de Control y Procesos de la Subprocuraduría de Justicia Indígena, y otra en contra el ex secretario de Atención a los Pueblos Indígenas, Felipe Moreno Jiménez, quien era Ministerio Público y que esta semana renunció a su cargo. Sólo a este último se le concedió amparo, mientras que están en trámite los de Manuel Antonio Valadez y Alvarez Pérez.