El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría, confirmó ayer que el gobierno realizará un nuevo recorte al gasto público -el tercero en lo que va del año- a fin de compensar la persistente caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Adicionalmente, a decir del funcionario, para solventar la reducción de los recursos petroleros que ingresarán al país en lo que queda de este año, el gobierno echará mano de ingresos imprevistos provenientes de la venta de empresas públicas y de la recaudación fiscal.

Aunque José Angel Gurría descartó que este nuevo ajuste presupuestal vaya a provocar variaciones en los objetivos macro- económicos trazados por las autoridades hacendarias para 1998, resulta difícil imaginar que el ritmo previsto de crecimiento económico pueda mantenerse en un escenario en el que las arcas públicas percibirán, a consecuencia de la caída de los ingresos por exportaciones de crudo, 5 mil millones de dólares menos de lo proyectado originalmente.

Por otra parte, el responsable de las finanzas nacionales aseguró que el recorte anunciado no afectaría el gasto social, representado por el ramo 33 -transferencias de la Federación a los estados para servicios de educación básica y salud-, los presupuestos de las secretarías de Educación Pública y Salud y de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los programas de combate a la pobreza extrema, ni se tocarían los dineros destinados a mejorar la seguridad pública, la procuración de justicia, la defensa de la soberanía y la protección de los intereses nacionales en el exterior.

Aun suponiendo que pudieran preservarse los montos originalmente presupuestados para los rubros enumerados, es inevitable que este nuevo recorte al gasto público se traduzca en una reducción del nivel de vida y los ingresos de innumerables mexicanos. La afectación del gasto corriente del gobierno federal pasará necesariamente por reducir ingresos o eliminar fuentes de trabajo en el sector público, y ello no sólo lesionará a los directamente afectados sino que impactará negativamente en su entorno económico inmediato, conformado en gran medida por pequeñas y microempresas, dado que disminuirá o desaparecerá su capacidad de consumo.

En términos más generales, es paradójico el contraste entre la disciplina fiscal que pretende ejercer el gobierno cuando se trata de no apartarse de las metas de déficit previstas, y su obstinación en transferir a las cada vez más menguadas arcas nacionales el astronómico lastre de las deudas del Fobaproa. Si los efectos de los recortes presupuestales -que, en el presente año, suman más de 36 mil millones de pesos- tendrán consecuencias dolorosas y exasperantes para importantes sectores de la población, las implicaciones de responsabilizar a la Nación de adeudos 12 veces mayores serían, obligadamente, mucho más graves.